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A escasos 15 días de que empiecen las audiencias preparatorias para el juicio en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez, su defensa acaba de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que lo deje en libertad. La petición, encabezada por su abogado, Jaime Granados Peña, la hizo a través de una tutela que presentaron el pasado 27 de agosto en el alto tribunal. (Los detalles del caso Santiago Uribe)
En el recurso judicial, Granados asegura que Uribe Vélez ya cumplió con el tiempo permitido por la ley para estar privado de la libertad. “Se pretende que, en virtud del principio de igualdad, se le aplique a Santiago una nueva providencia que permite limitar el término máximo de duración de la detención preventiva a los procesos que se adelantan por la ley 600 de 2000 (que es por la que se procesa a mi representado)”, explicó el abogado a través de un comunicado de prensa. (En firme llamado a juicio contra Santiago Uribe por nexos con "Los 12 Apóstoles")
La idea de esta petición, agregó Granados, es que su cliente “pueda retornar a su libertad y defenderse en igualdad de condiciones con la Fiscalía y así el resultado del proceso corresponda a un juicio justo”. Santiago Uribe Vélez fue capturado el 29 de febrero de 2016 en Medellín por agentes del CTI de la Fiscalía en cumplimiento de una orden de captura en su contra y está recluido en una guarnición militar en Antioquia. (El expediente de Santiago Uribe Vélez y la confirmación de su llamado a juicio)
El hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez es investigado por sus supuestos nexos con el grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles. De acuerdo con los argumentos que maneja la Fiscalía en este caso, que ya le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, Santiago Uribe Vélez participó de las acciones de este grupo paramilitar. (Fiscalía habla de sobornos en el caso de Santiago Uribe)
El ente investigador sostiene que la banda de Los 12 Apóstoles ejecutó un “plan de exterminio” en contra de sectores marginales de la población civil, como delincuentes, drogadictos o supuestos auxiliadores de la guerrilla. La Fiscalía tiene registros de casi 400 campesinos y pobladores asesinator, ocurridos entre 1990 y 1998 ,que habrían sido perpetrados por paramilitares.
Los 12 Apóstoles, ha dicho la Fiscalía, actuó en el norte de Antioquia en los años 90, zona en la que la familia Uribe Vélez tenía una finca llamada La Carolina. Elkin Vásquez, un trabajador que le dijo a la Fiscalía que era vecino del terreno de los Uribe Vélez, explicó que comerciantes de la región y miembros de la Fuerza Pública, habían orquestado la creación de los 12 Apóstoles. El mayor (r) Juan Carlos Meneses, es otro de los testigos en contra de Santiago Uribe. (Testigos están mintiendo para favorecer a Santiago Uribe: Fiscalía)
Meneses le dijo a la Fiscalía que Uribe Vélez había patrocinado grupos paramilitares y que, cuando llegó a comandar la Policía de Yarumal en 1993, su antecesor, el entonces capitán Pedro Benavides, le dijo que debía “colaborar” con un grupo de limpieza social de la región. Con el testimonio de Meneses, la Fiscalía ordenó la captura de Santiago Uribe.
Otra de las piezas claves que tiene la Fiscalía en contra del hermano del expresidente Uribe es el testimonio del agente de la Policía, Alexánder Amaya Vargas. “Cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio, los resultados de los operativos. Santiago a todo momento andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro. Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba”.
Para el próximo 13 de octubre está programada la audiencia preparatoria del juicio en contra de Santiago Uribe en donde un juez de Medellín determinará qué pruebas podrán utilizarse en el juicio. El abogado Granados ha insistido en que el proceso en contra de su cliente es una estrategia para desprestigiar al expresidente Uribe y que la Fiscalía solo ha utilizado testigos falsos para capturarlo y acusarlo. En la próxima audiencia, agregó Granados, “los falsos testigos deberán ir a declarar de manera pública y se les podrá contrainterrogar para que el país entero sepa la verdad de lo que ha ocurrido en este caso”.