Revelan nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y persecución a militares

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, han refutado la versión de The New York Times. / Mindefensa

El pasado 22 de mayo en la sede de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga fueron citados 15 militares con el supuesto fin de indagar quiénes habían servido como fuentes para el informe de The New York Times que reveló la existencia de directivas que exigían doblar resultados operacionales, que podrían llegar a facilitar la reaparición de los falsos positivos en el país. Ese día, ante la publicidad de lo que estaba sucediendo en la unidad militar, el Ejército negó el hecho. Una investigación de la revista Semana publicada este domingo apunta que esos uniformados sí fueron cuestionados con ese fin, en lo que sería una estrategia para acallar a quienes están denunciado las supuestas irregularidades dentro de la institución.

Uno de los testimonios citados por la revista, afirma que “En el lugar había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia quienes realizaron algunas entrevistas a los que estaban. Todo eso había sido coordinado el día anterior por mi general Quirós que fue el que los llevó”. Se trata del general Eduardo Quirós, quien está a cargo del Comando de Apoyo de Contrainteligencia. En respuesta a Semana, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, negó haber dado instrucciones en ese sentido al oficial, apegándose a la respuesta que dio la Segunda División el día 22 de mayo.

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Dos días antes el Ejército retiró las directivas que les pedían a los comandantes de divisiones y unidades a señalar los resultados operacionales de 2018 y duplicarlos en 2019, incluyendo las muertes en combate. Uno de los cuestionamientos al Ejército fue si, con esa directriz, se podía acaso generar tal presión sobre las tropas al punto de poner en riesgo a la población civil. El general Martínez, dijo que no, pero que la directriz se modificaría para evitar malinterpretaciones. Todo el episodio generó una polémica nacional y un debate de moción de censura contra el ministro de la Defensa.

Un testimonio citado por Semana, de uno de los militares que estuvieron en esa unidad militar el 22 de mayo, señala que: “Se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas”. El hecho haría parte de una estrategia, según la publicación, que incluiría seguimientos y amenazas a 11 exintegrantes de las Fuerzas Armadas que han rendido versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el capítulo nefasto de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que se realizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

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Oficiales que hablaron con la revista denunciaron amenazas como, por ejemplo, que les hicieron llegar fotos de seguimientos de sus seres queridos, sufragios en sus casas “por sapo” y supuestas intervenciones de sus comunicaciones. Semana señaló que varios de sus periodistas, y sus familias, “también recibieron sufragios, mensajes intimidadores y fueron víctimas de seguimientos”. Incluso, según narra la publicación, mientras un militar estaba siendo entrevistado en un lugar público por Semana, se percataron de un seguimiento, por lo que el uniformado decidió enfrentar -arma en mano- a la persona.

“Tras un breve cruce de palabras de grueso calibre, se logró establecer su identidad. El hombre que hacía el seguimiento (con un compañero en moto) terminó confesando que era parte de “grupos especiales de contrainteligencia”, que tienen la misión de identificar y presionar a los que están contando lo que pasa”, afirma la publicación. Este tipo de seguimientos al parecer estarían ocurriendo para con los exmilitares que en declaraciones ante la JEP han denunciado a sus superiores. El pasado 21 de junio, este diario explicó que esa justicia especial ordenó medidas urgentes para varios de ellos.

En concreto, en favor de los coroneles Jesús Rincón Amado, Santiago Herrera Fajardo, Yeris Gómez Coronel, Héctor Alejandro Cabuya y Heber Hernán Gómez Naranjo, así como también para el exparamilitar Luis Árlex Arango, quienes han contado detalles de las ejecuciones extrajudiciales. Algunas de esas declaraciones, que fueron publicadas por medios de comunicación, como la del coronel Rincón, quien narró cómo fueron las órdenes superiores que recibió y que lo llevaron a provocar el asesinato de civiles para satisfacer a su comandante, el general Mario Montoya.

El pasado 13 de junio El Espectador reveló la declaración del mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar Casanare, quien contó que no se negó a asesinar a civiles porque, sí lo hacía, seguramente lo sacaban de las Fuerzas Militares. “Son situaciones que se presentan y uno se involucra en esa situación ilegal también para que no le vaya a pasar a uno nada. Y más con el señor general (Mario) Montoya. El general Montoya era una persona muy arbitraria. Siempre lo he dicho con las personas privadas de la libertad, eso (Montoya) fue lo peor que le pasó al Ejército, porque era un militar que no pensaba, él siempre daba las órdenes arbitrariamente, sin pensar”, dijo.

Semana publicó este domingo apartes de ese testimonio, así como el del coronel  Róbinson González del Río, quien está condenado por varios casos de falsos positivos. Allí, el exjefe del Gaula del Ejército, contó cómo eran esas presiones y afirmó que el general Montoya le negó un permiso para estudiar. Este le habría dicho: “No, hermano, estamos en guerra y usted es un comandante de resultados, no lo voy a poner detrás de un escritorio. Si quiere, espérese, por qué no recibe el Gaula-Antioquia”. El exuniformado también señala al general Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien fue luego comandante de las FF.MM de exigirle bajas.

Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que no tiene conocimiento de denuncias o quejas "puntuales" de amenazas a miembros del Ejército o sus familias, lo que, según él, hace más difícil "garantizar una protección a esas personas y sus familias". Añadió que "tenemos que buscar canales de comunicación y poder ayudar a la Fiscalía General de la Nación a que reciba información con absoluta reserva, con el fin de investigar y adoptar las medidas de protección que se requieran".

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De otro lado, la revista publicó dos casos de presuntos falsos positivos en Arauca y Nariño. El primero, en Tame, cuestiona la versión que entregó el Ejército Nacional de la muerte de José Albeiro Chaparro Alfaro y Eliécer González Chaparro el 2 de mayo de 2019 en la orilla de la carretera principal, a 20 minutos del pueblo. Según la Institución, eran miembros de disidencias de las Farc, tenían armamento y atacaron a las tropas cuando fueron sorprendidos en el pago de una supuesta extorsión. Las familias cuestionan esa versión e indicaron a Semana que los jóvenes no eran disidentes.

El otro caso habría ocurrido en Tumaco y tiene que ver con la muerte de hombres que fueron señalados por las autoridades de ser supuestos disidentes de la Farc, en marzo pasado. Según la comunidad, el hecho ocurrió mientras dormían en una casa y no en un combate como apunta el Ejército Nacional. Se trata de Tomás Solís y Winston Preciado. Los testimonios recogidos por Semana aseguran que hombres armados ingresaron a la casa y les dispararon. Ni el Ejército Nacional o el Ministerio de Defensa se han pronunciado sobre esta nueva denuncia.