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Concluyó el juicio contra Santiago Uribe -hermano del expresidente Álvaro Uribe-, quien está procesado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado por el asesinato del campesino Camilo Barrientos, ocurrido en 1994, en Yarumal (Antioquia), a manos de la estructura paramilitar conocida como Los 12 Apóstoles. Según la Fiscalía esta organización delictiva fue auspiciada y liderada por el procesado Uribe Vélez.
Tras once días de alegatos en los que el defensor Jaime Granados expuso y explicó los argumentos por los cuales su defendido es inocente y víctima de un complot por parte de testigos que quieren involucrarlo en crímenes que no cometió. Este miércoles 10 de febrero el abogado cerró su intervención con las conclusiones generales con las que pidió la absolución de Santiago Uribe de los dos delitos de los que se le acusa.
Para empezar, indicó que hubo errores comunes en las acusaciones de la Fiscalía y el Ministerio Público en lo que respecta a la valoración de la prueba y en el análisis. Explicó que el concierto para delinquir no es considerado un delito de lesa humanidad y por tanto no es imprescriptible. Asimismo, refirió que el homicidio de Camilo Barrientos tampoco puede ser catalogado como de lesa humanidad. (Lea también: El juicio a Santiago Uribe Vélez entra en su recta final)
Jaime Granados agregó que la acusación de la Fiscalía fue variando y “estirándose como el caucho” en cuanto a su desarrollo, señalando que el ente investigador desdibujó dicha organización militar que funcionaba con el aval de la Policía del territorio, al tratar de hacer ver que esta agrupación criminal fue la génesis del todo el movimiento paramilitar de Antioquia. “Se mostró cómo la Fiscalía se alejó de la verdad sobre el tema de los mal llamados 12 Apóstoles para concentrar todo su esfuerzo en Santiago Uribe, llevándose a cabo un proceso que, en esta última etapa, nos toma más de una década”, manifestó.
Consideró el defensor, que el juicio no fue un escenario en el que se fortaleciera la acusación y se corroborara la hipótesis de la Fiscalía, sino que, por el contrario, fue un escenario en el que se desvirtuó y se refutó la prueba de cargo. Luego, haciendo referencia a los testigos, dijo Granados que Alexander Amaya “no es testigo de nada”, pues nunca pudo dar cuenta de la fuente de su conocimiento.
“Se mostró que el record de mentiras que tiene Alexander Amaya así como el particular interés que tenía en obtener beneficios cuando dio sus primeras declaraciones, se mostraron todas sus mentiras y que constantemente iba cambiando en función de cómo avanzaba su situación. También se estableció que este testigo no podía tenerse en cuenta como fuente de corroboración de los demás, por el contrario, vendría siendo fuente es de refutación”, dijo el penalista.
Con respecto al mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, manifestó Granados que quedó clara su sospechosa llegada al proceso, así como su clara intención de testificar falsamente contra Santiago Uribe Vélez. “Tan es así, que el origen de todo, la gran mentira, quedó desvirtuada cuando no pudo establecerse la posible presencia de Santiago en el encuentro hipotéticamente y falsamente construido en enero de 1994, cuando Santiago se encontraba en Manizales y no en la Hacienda La Carolina (…) se pudieron establecer 19 graves mentiras estructurales en su declaración que muestra esa profesión que tiene para mentir y el modus operandi con el que actúa para mezclar pocas verdades con sus mentiras”, insistió el defensor. (Le puede interesar: “En el testimonio de Meneses es imposible encontrar una verdad”: defensa de Santiago Uribe)
Por otro lado, indicó que el testigo Eunicio Pineda, ocupó atención importante de la defensa pues es “indudable” que sufre de una enfermedad mental. Granados le dijo al juez que será él quien tendrá que definir si se trata de una esquizofrenia paranoide, como dice la defensa, o de un estrés postraumático, como lo plantea la Fiscalía. No obstante, dejó claro, que el testigo no tiene una mente sana y que la misma Fiscalía reconoció que sufre de psicosis. (Noticia relacionada: Defensa de Santiago Uribe Vélez en juicio: ‘Sin Eunicio Pineda, la Fiscalía no tiene caso’)
“Se demostró la existencia de un patrón de conducta en Eunicio tendiente a denunciar falsamente en estas regiones dentro del mismo concepto que hay unos hombres armados que lo buscan, lo persiguen y que logra, de manera increíble, escapar. Al menos cuatro veces ha mentido antes de tratar estos episodios en el caso que nos ocupa. Eunicio cambiaba, modificaba los hechos en virtud de su situación particular”, señaló el abogado quien, a su vez pidió que se debe tener en cuenta su sospechosa llegada al proceso y la forma como terminó beneficiándose pues, tras su aparición en 2012, a la fecha se encuentra viviendo en el exterior, en un lugar desconocido, todo pagado por el Estado.
Granados también le pidió al juzgado no ovlidar al testimonio “dramático” de la esposa de Eunicio Pineda, que da cuenta de mientras estuvieron en la finca El Buen Suceso no hubo hombres paramilitares, ni presencia de agentes extraño y que la salida de Eunicio del lugar obedeció a que iba a visitar a su familia un 31 de diciembre sin que nunca más regresara, ni le informara el motivo de su partida. Por último, el defensor de Santiago Uribe se refirió al testigo Olwan de Jesús Agudelo.
“Aparece en el proceso quedando claro que no fue integrante de este grupo conocido, mal llamado Los 12 Apóstoles. Nadie en este proceso lo conoce, lo menciona, lo relaciona. Llega también de sorpresa buscando beneficios de alguien que tiene ya un pasado disociador, que está condenado por extorsión, que buscó extorsionar al expresidente Álvaro Uribe. Su declaración dista diametralmente de todo lo que se ha relatado y visto en este caso (…) ciertamente narra temas que no le constan, que él reconoce que son de oídas y que simplemente son de alguien que está resentido porque no recibió la ayuda que pidió y que ya ha demostrado un perfil de extorsión”, expresó.
Por lo anterior, el penalista le pidió al juez que desestime los testimonios de los anteriores testigos en cuyos relatos de fundamentó la acusación de la Fiscalía. “Se demostró que esas declaraciones tienen la particularidad de aparecer todas después de la declaración de Santiago Uribe y su detención, especialmente después de todo el show mediático al que se ha llevado, y por personas encarceladas y extraditadas, la mayoría de ellos por su hermano Álvaro Uribe Vélez”, recalcó Jaime Granados.
Sobre el homicidio de Camilo Barrientos, manifestó que Santiago Uribe Vélez no tiene nada que ver en estos hechos, que se trata de un caso que ya fue resuelto y cuyas razones, autores y circunstancias ya fueron esclarecidas por la justicia sin que estos tengan nada que ver con Santiago Uribe Vélez. Recalcó el defensor que hay una “absoluta orfandad probatoria” por parte de la Fiscalía en la corroboración del testimonio de Juan Carlos Meneses que vincula a su defendido con este crimen. (Noticia relacionada: Antioquia y el origen de los 12 Apóstoles)
“Conscientes de esa precariedad extrema, la Fiscalía en sus alegatos conclusivos se ve obligada a variar la acusación y pasar de una atribución por autoría impropia con división de trabajo a una autoría mediata por estructura organizada de poder, sin que exista ninguna estructura probatorio o jurídica que sustente tamaña conclusión. Ni hay elementos que permitan acreditar que Santiago construyó, fue líder o tuvo un control de un aparato pensado en poder, ni de que haya tenido dolo directo sobre la ejecución de sus perpetradores”, agregó el penalista.
Concluyó que aceptar esa actuación de la Fiscalía rompería el principio de legalidad e irrespetaría el principio del debido proceso y a la defensa respecto a que una persona debe defenderse de lo que se le acusa y no de lo que vaya encontrando la Fiscalía a fin de lograr su propósito. Para Granados, la única decisión en derecho en este caso es la absolución de Santiago Uribe en los dos delitos de los que se le acusa en este proceso y así se lo manifestó al juez.
Finalizado el juicio, el fiscal del caso Carlos Iban Mejía, le pidió al juez que, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta que se trata de un caso de semejante complejidad, tome una decisión con la mayor celeridad y dentro de plazos razonables. A esa petición se unió la representante del Ministerio Público y el vocero de la parte civil, Daniel Prado, quien hizo énfasis en que las víctimas han visto pasar más de 30 años sin que haya una respuesta, lo cual no deja de ser una “vergüenza nacional”.
Jaime Granados se acogió también a la solicitud manifestando que “no hay nadie más interesado en poner punto final que quien lo ha sufrido en carne propia (…) Santiago Uribe Vélez lleva casi la mitad de su vida defendiéndose de hechos que no cometió”, insistió. La última palabra la tuvo el juez que lleva el proceso quien indicó que, si bien no tiene respuesta de cuánto tardará en tomar una decisión de fondo, pondrá lo mejor de su parte para que se haga dentro de los próximos cuatro meses entendiendo la importancia que tiene este proceso.