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Basta con lo dicho por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para dimensionar la importancia del desmantelamiento de una gigantesca red de lavado de activos anunciado ayer en rueda de prensa por el ministro y por el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. De acuerdo con el ente investigador, esta red blanqueó $2,3 billones producto de la minería ilegal, recursos con los que, según el ministro, se hubieran podido construir “55 mil viviendas gratis en Colombia”.
“Desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, sostuvo Cárdenas.
Por su parte, Perdomo dijo que “para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente, que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, un golpe al que, no obstante, le falta una ficha: John Úber Hernández Santa, quien, según el ente investigador, era el jefe de esta red.
Para esta entidad, Hernández Santa, quien hasta octubre del año pasado se desempeñó como representante legal de la firma Goldex, no es otro que el zar del oro, una de las cabezas tras el lucrativo negocio de la minería ilegal. Por ello, la Fiscalía le solicitó a un juez que emitiera una orden de captura en su contra, que ya se encuentra vigente, y detuvo a 18 de sus colaboradores. Otros siete no han sido retenidos, pero ya se encuentran en la mira de las autoridades. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en sus investigaciones contra esta red y Goldex, la punta de la pirámide.
De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi de esta red era el siguiente: “Comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que Goldex exportara dicho metal”. De hecho, hasta octubre del año pasado, cuando cerró sus puertas —al parecer por unos artículos publicados por el diario El Tiempo que la vinculaban con un hermano del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán—, Goldex era una de las mayores exportadoras de oro de Colombia, con un 13% del mercado.
Alrededor de la compañía se configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, “que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros”.
Esta red de empresas de papel contaba, a su vez, con un entramado de subproveedores que también incurrieron en varias irregularidades “como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil”. El 90% de los proveedores y subproveedores no tenían relación alguna con la minería o la comercialización de oro, “incluso algunos eran habitantes de la calle y otros habían fallecido”.
En resumen: el oro extraído producto de la minería ilegal pasaba de mano en mano hasta caer en poder de Goldex, que lo “legalizaba” exportándolo al exterior; la Fiscalía no descarta que empresas en Estados Unidos y en otros países estén vinculadas con esta red.
Hernández Santa, quien se dio a conocer en 2011 por proponer el primer banco de oro de Colombia, no aparece. A los detenidos se espera que se les imputen los cargos de lavado de activos, falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir. Mientras tanto, las autoridades siguen tratando de acabar con el negocio de la minería ilegal, una actividad que se ha convertido, literalmente, en una mina de oro para las bandas criminales y las Farc, por ser más rentable que el mismo tráfico de cocaína.
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh