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Eduardo De Abren, piloto brasilero acusado de participar en el rapto de una aeronave con $2.000 millones de pesos (pertenecientes a una empresa de valores) en el aeropuerto de Aguachica, Cesar, es investigado por presuntamente trabajar con el Eln en el departamento. Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación manifestó que César Tibamoso, fiscal a cargo del caso, recibió amenazas de muerte a través de su correo institucional.
Los mensajes enviados al funcionario están firmados con la insignia de la organización guerrillera con la que estaría vinculado. “Hoy queremos decirle que se le acabó el montaje que tienen contra nuestro compañero y amigo Eduardo De Abreu, ya que no puede continuar reteniéndolo sin pruebas”, dice un correo.
Además, el emisor señaló que sí la institución se sigue oponiendo a la libertad del extranjero, “habrá consecuencias” por parte del grupo.
El hombre fue capturado en enero de 2018, pero el juicio en su contra no se ha podido ejecutar por falta de un traductor. El lunes le fue negada la libertad condicional por vencimientos de términos, pues el Juzgado Segundo Penal Ambulante de control de garantías manifestó que José Luis Castro Machuca, defensa del piloto, dilató el proceso argumentando que el imputado no entiende el idioma español. Una afirmación que perdió validez cuando se expuso un video en el que está dialogando con colombianos sin ningún problema.
“Solo hasta el 6 de agosto del pasado año, cuando la defensa la asumió el abogado Machuca, dijo que no hablaba castellano (…) en las audiencias preliminares fue asistido por un defensor público y en el momento de la captura el Ministerio Público estuvo presente e indicó que, si entendía la lengua”, agregó el organismo.
Tibamoso asegura que el abogado se ha escudado en maniobras para buscar la libertad de su cliente, quien está recluido hace un año en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, pero los hallazgos en la avioneta de Aguachica asociaron el robo y a Eduardo De Abren con el ELN.
Para entonces, el fiscal anunció que el brasilero vestía de camuflado, portaba prendas y banderas con el logo del grupo. También se hallaron fusiles que fueron robados en una estación de Policía de Villanueva, Guajira. Estos elementos son el material probatorio que el ente acusador tiene a su favor para vincularlo con la organización.
De Abren es el único procesado por el secuestro de la avioneta y se le imputaron cargos por los delitos de retención de aeronaves, hurto agravado, tentativa de hurto, porte ilegal de prendas privativas de las fuerzas militares y armas de fuego. El hombre no aceptó los cargos y además negó tener vinculos con el grupo guerrillero.