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Odio, rabia, ira, enojo, rencor. En El Carmen de Bolívar, ante un auditorio lleno de víctimas de detenciones arbitrarias y sus familiares, Felipe Caballero usa todos los sinónimos posibles para describir lo que sintió cuando fue detenido por la fuerza pública acusado de guerrillero.
Era sábado, 21 de junio de 2003, y estaba trabajando en el casco urbano de El Carmen de Bolívar cuando unos hombres vestidos de civil se bajaron de una camioneta blanca, lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel de Ternera en Cartagena. En el carro iban seis de sus vecinos -también acusados de rebelión- y un hombre con un pasamontañas negro, “el informante”. (Le puede interesar: ¿Y qué está pasando tras la violencia en El Salado?).
La camioneta, los hombres, el pasamontañas y la acusación. Todos estos elementos se repiten en las historias de hombres y mujeres que cayeron en detenciones masivas entre 2002 y 2006, los años en que despegó con fuerza la política de Seguridad Democrática del Gobierno Uribe. Diecinueve de estos relatos componen el libro Que nos llamen inocentes: testimonios de detenciones arbitrarias desde El Carmen de Bolívar, escrito por investigadores de Dejusticia y los protagonistas de las historias. (Más: Colombia2020: Una mesa por la vida en los Montes de María).
Felipe permaneció seis meses en la cárcel hasta que salió por vencimiento de términos. A él, como a dos de sus hermanos, tampoco le encontraron ningún vínculo con la guerrilla. Pero el daño ya estaba hecho y los Caballero quedaron estigmatizados como una familia subversiva. Tanto así que unos años después asesinaron a su papá y a su hermana; “el cuento que se cuenta”, dice Felipe, es que fueron los paramilitares.
Todo esto lo llevó a una profunda depresión, hasta el punto que llegó a vivir con medio cuerpo paralizado durante varios meses. Por eso decidió contar su historia para este libro, con la esperanza de encontrar algo de alivio. “Y lo encontramos. Me acostaba a las 11 de la noche escribiendo y así me desahogaba. Ya no tengo resentimiento, solo quiero que se sepa la verdad”, confesó ante la comunidad carmera durante el lanzamiento de esta publicación en el municipio el pasado 8 de mayo.
Los perfiles publicados en el libro Que nos llamen inocentes son resultado de meses de talleres y ejercicios de memoria en la zona. Además de las víctimas, en él trabajaron los investigadores de Dejusticia Irina Junieles Acosta, Cheryl Morris, Angélica María Cuevas Guarnizo, Carolina Mila Torres y Hobeth Martínez. Dolores Torres, quien convenció a su esposo Erasmo de participar con su testimonio, recuerda el día que recibió en su casa a los investigadores y contó su historia por primera vez en años: “Les dije que les iba a abrir mi corazón porque yo sentía que estaba viviendo una novela: a mi hijo lo mata la guerrilla y siete años después acusan a mi esposo de guerrillero. Me desahogué en medio de las lágrimas, ya no podía más con eso”.
Decir “presunto” no es suficiente
Otro elemento común de estas detenciones fue su difusión casi inmediata en medios de comunicación. Bajo titulares como “Caen presuntos guerrilleros”, “Capturan presuntos subversivos”, “Condenan terroristas”, los principales periódicos y noticieros de la región registraron la versión oficial de estas capturas, sin contrastar con otras voces y en ocasiones incluyendo los nombres y las fotos de los detenidos.Así recuerda Manuel Fernández, capturado cuando tenía 18 años, el estigma que le dejaron esas noticias y que descubrió al recuperar su libertad: “Intenté trabajar en la tienda de un amigo, pero la gente llegaba a comprar y, como yo salí en todos los noticieros, se quedaban viéndome y me preguntaban si yo era el guerrillero de la televisión”.
Por eso, aunque este libro es una herramienta de reparación para las víctimas, muchos aún sienten que falta un último paso para lograr sanar: que los medios también los llamen inocentes. Con una pila de libros aferrada a su pecho, Dolores Torres le hace un llamado a los periodistas: “Son ellos los que se tienen que encargar de solucionarnos esto y limpiar los nombres de estas personas porque mi esposo salió en la televisión y en los periódicos”.
Así como el adjetivo “presunto” no fue suficiente en aquel momento, una simple rectificación tampoco logrará reparar el daño al buen nombre de estas personas. Así lo cree la periodista Claudia Ayola, quien durante el lanzamiento planteó una reflexión para el gremio: “Deberíamos preguntarnos sobre la responsabilidad que el periodismo tiene en legitimar estos actos del gobierno que le dañan la vida la gente y cómo impedir que vuelva a ocurrir”.
Un capítulo para la verdad
Los 19 casos que se encuentran en el libro son solo una pequeña muestra de cómo una política estatal, que buscaba mostrar resultados a cualquier precio, terminó por destruir familias y comunidades. Así lo explicó Rodrigo Uprimny, investigador y miembro fundador de Dejusticia, y reveló que entre 2002 y 2006 hubo al menos 6.000 detenciones masivas en Colombia: “Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo una política de capturas masivas, con una Fiscalía indolente que las legitimó como una supuesta estrategia de seguridad”.Desde El Carmen, donde ya se presentó el libro, Uprimny también hizo un llamado a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) incluyan en su trabajo un capítulo dedicado a las detenciones arbitrarias de aquellos años. El pedido se basa en que estos hechos “ocurrieron con ocasión del conflicto y constituyeron un ataque sistemático contra la población civil”. Todo bajo el discurso oficial de la Seguridad Democrática, justificados como supuestas pruebas de que el Estado le ganaba la guerra a la guerrilla.
A este llamado se sumaron los 19 protagonistas de las historias y sus familiares, quienes en un acto simbólico le entregaron el libro a un representante de la Comisión de la Verdad y juntaron sus manos para gritar a una sola voz “¡Que nos llamen inocentes!”.