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La andanada de denuncias de los últimos meses respecto a que Canadá está negándole sistemáticamente la visa de ingreso a su país a militares activos, retirados, a policías y a cualquier ciudadano que de una u otra forma haya estado vinculado con las Fuerzas Armadas y la inteligencia, llevó a la Cancillería a presentar una nota de protesta a la embajadora Carmen Sylvain.
El Espectador conoció la nota en la que la canciller María Ángela Holguín le solicita a la embajadora Sylvain una explicación sobre la negación de los permisos de ingreso a uniformados que jamás han tenido una investigación y mucho menos condena por supuestamente atentar contra los Derechos Humanos.
Este medio ha venido revelando varios casos en los que la Embajada de Canadá no sólo niega las visas, sino que envía extensas respuestas a los solicitantes en las que los señala de ser partícipes, cómplices y hasta responsables de crímenes de lesa humanidad por el sólo hecho de haber pertenecidos a las Fuerzas Armadas o cuerpos de inteligencia. (Lea: Sin visa para Canadá)
Es el caso de un colombiano que lleva seis años viviendo en Canadá y tres tratando de lograr la residencia. Su pecado para la Embajada fue haber prestado el servicio militar obligatorio en el Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, con sede en Valledupar (Cesar), que se hizo célebre por los supuestos vínculos de su comandante con grupos paramilitares.
La Embajada considera inaudito que este ciudadano no se haya enterado “del uso generalizado de la tortura contra los detenidos por parte de los miembros de ‘La Popa’ durante sus interrogatorios”. Por eso para el cuerpo diplomático “es razonable creer que usted pudo tener conocimiento de que los detenidos probablemente sufrieron daños durante sus sesiones de interrogatorio”, dice el consulado al citar fuentes “abiertas y creíbles”, para referirse a informes de institutos como el Cinep y otros centros de investigación. (Lea: A policías y soldados también les niegan visa para Canadá)
Esta misma situación se repite en al menos una docena de casos que fueron conocidos por El Espectador, pero que suman decenas, según fuentes oficiales.
Le sucedió a un coronel (r) de la Policía, con 23 años de servicio; la Embajada le negó la visa al oficial argumentando que en los años ochenta había una práctica de limpieza social adelantada por la institución y le endilga el hecho de no haber renunciado a la Policía, por lo que considera que aceptó tácitamente las irregularidades que allí se cometieron, inclusive la violación y posterior asesinato de una niña por parte de un agente, en una estación de Bogotá.
La canciller manifiesta en su misiva a la Embajada canadiense el malestar de los uniformados y aclara que en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de vinculación de los solicitantes con hechos criminales.
“Sobre el particular, me permito hacer referencia a casos de miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares, quienes nos han manifestado su malestar debido a la negación de las visas solicitadas por parte de las autoridades canadienses, debido a supuestas relaciones con casos en materia de derechos humanos y de los cuales, a la fecha, no existe ninguna condena.
En ese sentido, sería muy importante para el Gobierno colombiano, contar con una explicación sobre las decisiones tomadas hacia estas personas en materia migratoria, teniendo en cuenta que en algunos casos la justicia colombiana no ha proferido sentencia y en otros, la providencia judicial ha resuelto la desvinculación de los funcionarios implicados en dichos procesos”.
Los problemas no se limitan a los vinculados al sector oficial, sino que viene afectando a jóvenes estudiantes que resultan beneficiados con becas por parte de prestigiosas universidades canadienses y que han perdido el cupo por la demora en el trámite de los visados, sin justificación aparente.
“Las demoras en el trámite de visas a estudiantes becarios sigue siendo un tema de preocupación. Por ello, el Gobierno colombiano también desea obtener respuesta del Gobierno de Canadá frente a esta situación -que genera perjuicios principalmente a estudiantes aceptados por Ias universidades canadienses que debido a los retrasos en los trámites de sus visas, pierden el acceso a dichos programas”, señala la carta enviada a comienzos de esta semana.
Ésta no es la primera vez que el gobierno colombiano menciona el tema ante su similar canadiense. La propia misiva señala que ya ha sido comentado con preocupación en otras oportunidades; inclusive miembros de la Cancillería lo hicieron personalmente el pasado 11 de abril en la XI reunión del Mecanismo Viceministerial de Consultas Políticas y Económicas, que se realizó en Ottawa.
La Cancillería se declaró a la espera de una pronta respuesta a esta compleja situación que se registra en momento en que la Embajada de Canadá enfatiza en sus campañas de recepción de profesionales jóvenes colombianos que quieran vivir y trabajar en ese país.
smatiz@elespectador.com