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Para nadie es un secreto que la política internacional del gobierno de Canadá está soportada en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hay un grupo de colombianos que dice sentirse agredido por esta concepción de los canadienses en su relación con el mundo.
No se trata —dicen ellos— de unos pocos militares retirados a quienes la Embajada de Canadá en Colombia no solamente les ha negado la visa para ingresar a ese país, sino que en ciertos casos la negativa ha estado acompañada de extensas cartas en las que se les señala de ser partícipes, cómplices y hasta responsables de crímenes de lesa humanidad.
Los señalamientos no necesariamente están soportados por procesos seguidos en el país o decisiones judiciales que afecten a los peticionarios de las visas. Inclusive, la Embajada se ampara en “fuentes abiertas y creíbles” para soportar sus argumentos de rechazo.
“Reportes de una fuente abierta y creíble implican a unidades del Ejército colombiano en las cuales usted sirvió, con crímenes escandalosos en contra de la humanidad...”. Ese es el tono de una carta enviada al coronel (r) Jesús María Vivas Mosquera a comienzos de mayo de este año.
Pero el comunicado va más allá al señalar que “dada la naturaleza de las posiciones que usted ostentó, los rangos obtenidos y el grado de los crímenes en contra de la humanidad cometidos por las unidades en las que usted sirvió es improbable que usted no haya sido consciente de los crímenes cometidos, haya tomado o no parte en ellos”.
La realidad es que, según los antecedentes consultados en la Fiscalía y la Procuraduría, el coronel Vivas Mosquera no tiene ninguna investigación. El único hecho que se conoce en su trayectoria es su mención en el escándalo por la fuga del mayor (r) César Alonso Maldonado Vidales, señalado de ser el autor intelectual del atentado contra el congresista Wilson Borja.
Vivas Mosquera siempre aseguró desconocer las circunstancias de la fuga. Sin embargo, la carta de la Embajada no hace referencia a esa situación, sino a su participación en la Fuerza de Tarea Omega, como supervisor de varias brigadas móviles. “La Fuerza de Tarea Omega fue un elemento operacional importante del Plan Patriota en el momento en que un incremento de las ejecuciones extrajudiciales fue documentado, incluyendo los llamados falsos positivos”, señala la misiva de la Embajada canadiense.
Su caso no es el único. El Espectador conoció otros testimonios de militares, que prefirieron mantenerse en el anonimato pero que recibieron comunicaciones similares. Uno de ellos resultó mencionado en la fuga de otro preso, nada más y nada menos que Pablo Escobar, cuando estuvo en la cárcel La Catedral. La Fiscalía nunca encontró responsabilidad.
Hay otro oficial que ocupaba un alto cargo en la división de inteligencia del Ejército. Y se conoció que a un candidato para la agregaduría militar le “embolataron” la aceptación de credenciales por un buen tiempo.
El general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, quien ha conocido varios de los casos, advierte que se trata de “una práctica sistemática, porque analizando caso por caso uno encuentra que todas las respuestas son similares, sin sustentación y señalando como cómplice, partícipe o responsable sin evidencia alguna. La coincidencia entre estos militares es haber ocupado zonas donde se ha actuado por investigaciones de violaciones de derechos humanos; todos son señalados de pertenecer a una organización criminal”.
El comandante general del Ejército, general Jaime Lasprilla, ya está al tanto del tema, incluso hace unos días le envió una carta al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en la que le solicita su intermediación ante la Cancillería para que conozca de los casos y asuma una posición como Gobierno, toda vez que los militares se sienten agredidos, pero sobre todo sin mecanismos legales, pues no existe la posibilidad de interponer una demanda contra un embajador.
El Espectador intentó conocer la posición de la Cancillería respecto a la situación, pero no fue posible obtener respuesta. Quien sí respondió a los interrogantes sobre el rechazo de las visas fue Ian McKinley, consejero político de la Embajada de Canadá.
El diplomático señala que el nivel de concesión de visas a colombianos está en un máximo histórico, que su embajada aprueba el 90% de solicitudes de visas de negocios y que el personal militar que viaja en comisión de servicio es tratado como cualquier otro solicitante.
“No existe una política de rechazos a priori para ningún grupo de colombianos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas”, aseguró McKinley a este medio.
Sin embargo aclara que cualquier cliente de la sección de inmigración de la Embajada “debe satisfacer al oficial de inmigración que estudia la solicitud de visa de que es un visitante de buena fe para que sea o no admitido en Canadá”.
Los militares tienen su propia explicación, con algo de solidaridad de causa. El general (r) Ruiz Barrera dice que el gobierno canadiense prefiere proteger “pitirris, que recibir a gente de bien en su país”. Se refiere al asilo que recibió hace 13 años Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri, ex miembro de las autodefensas que se convirtió en uno de los testigos estelares de la parapolítica y que señaló a varios militares, además de a Álvaro García Romero y Mario Uribe, primo del senador electo Álvaro Uribe Vélez.
Los exmilitares aseguran que aceptan como ciudadanos que un país les niegue la visa, pero rechazan el lenguaje en el que les son negadas esas peticiones. Reclaman una posición de la Cancillería al respecto, pues dicen que no elevar una protesta “es aceptar un silencio cómplice”.
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