"Son excusas del Gobierno para evadir su responsabilidad": indígenas sobre ingreso de militares al Cauca

El coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Mauricio Capaz, aseguró que la solución a la violencia del departamento no es la militarización, sino el apoyo a los proyectos económicos de las comunidades.

Las autoridades indígenas califican de "ineficiente" la labor del Gobierno y de la Fuerza Pública.EFE

Cauca es un departamento que por años ha sido azotado por la violencia. Su ubicación geográfica y sus senderos montañosos facilitan el desplazamiento hacia la costa Pacífica y el crecimiento de cultivos de uso ilícito. Además de su riqueza natural, la permanente presencia de  actores armados que se disputan las rutas del narcotráfico y la aparición de nuevos grupos son factores que han provocado un incremento en los asesinatos y las acciones que vulneran los derechos humanos de las comunidades indígenas.  

Según la oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, en lo que va de 2019 han recibido información sobre el asesinato de 36 miembros del pueblo Nasa (que representan el 95 % del norte del Cauca), además de 53 amenazas de muerte y ocho atentados. En comparación con agosto de 2018, este año se registraron nueve homicidios más. 

Varias organizaciones indígenas, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), han denunciado que durante el periodo de gobierno del presidente Iván Duque, las situaciones violentas contra líderes y lideresas ha crecido. Durante las dos primeras semanas de su mandato, por ejemplo,  se efectuaron ocho atentados en los que fallecieron al menos tres personas y cuatro más resultaron heridas.

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El hecho más reciente ocurrió el sábado 10 de agosto cuando dos miembros de la Guardia Indígena, identificados como Eugenio Tenorio y Kedvin Mestizo Coicué, perdieron la vida tras ser interceptados mientras se dirigían al municipio de Toribío para asistir a una feria de café. Desde entonces, las autoridades territoriales han recibido panfletos amenazantes firmados por el frente sexto "Dagoberto Ramos" de las disidencias de las Farc (a quienes se les adjudica la responsabilidad de las muertes) en los que varios de sus integrantes son declarados como "objetivo militar". 

Los atentados han sido rechazados por la comunidad, pero también por organizaciones y funcionarios como el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien dijo: "A la Guardia Indígena hay que respetarla. Las disidencias de las Farc no van a manejar el departamento del Cauca. Las disidencias tienen que salir del territorio caucano y tienen que salir porque lo que hay aquí es una tragedia humanitaria derivada del narcotráfico".

La Guardia Indígena nació como una necesidad de proteger a los pueblos sin hacer uso de armas. Si bien es cierto que se basa en las costumbres, identidad y jurisdicción propia que caracterizan a las comunidades, no interfieren en la labor que desempeña la Fuerza Pública, como lo han asegurado varios líderes en diálogo con este diario. La Guardia está integrada por cerca de 1.800 hombres, mujeres y niños que se unieron de forma voluntaria y vocacional, pues no reciben remuneración por su trabajo.

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El pasado lunes se llevó a cabo una reunión entre la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y las autoridades indígenas, que se declararon en asamblea permanente como forma de rechazo a la violencia del departamento.

Durante el encuentro, Gutiérrez habló de los obstáculos que considera que tienen las fuerzas militares a la hora de perseguir a los grupos armados. Según la funcionaria, una de sus grandes dificultades es que no pueden ingresar a los territorios porque los indígenas ejercen una autonomía judicial, es decir, la Guardia Indígena.

"Por Constitución Política, no pueden ingresar la fuerza pública, ahí tenemos una dificultad y es lo que hemos venido pidiéndoles, que se pueda actuar de manera coordinada con la Fuerza Pública y los organismos de investigación", dijo la funcionaria. 

En respuesta a la ministra, Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), dijo en diálogo con El Espectador que “ese tipo de declaraciones las vemos más como una salida facilista a la situación de contexto”.

“No es cierto que no le permitamos al Ejército entrar en los territorios indígenas. Ellos tienen bases de alta montaña y unidades móviles en los territorios del norte del Cauca. Hay al menos siete bases militares en el sector en los municipios de Caloto, Corinto y Toribío”, aseguró Capaz.

El líder tildó el actuar del Gobierno como una manera -nada nueva- de eludir sus responsabilidades y de excusar la falta de efectividad en sus acciones. Por otra parte, señaló que las omisiones del Ejército podrían catalogarse como una complicidad con los grupos armados ilegales, pues "han sido muchas las ocasiones en las que ocurre un atentado o asesinan a alguien y ellos, estando cerca, no hacen nada". 

Al respecto, el senador Roy Barreras dijo que propondrá al Senado hacer un debate de control político para resolver ciertas dudas que se tienen en relación con la efectividad de la Fuerza Pública. "Responderse preguntas aun no resueltas como, por ejemplo, ¿de qué manera ingresan y salen de esta zona sin mayor control los insumos indispensables para la fabricación de la cocaína?, ¿por qué razón toda la atención de las autoridades y del Gobierno se centra en la hoja de coca y no en los insumos?, ¿por qué se fugó de manera inexplicable 'alias Barbas', el jefe de la más importante organización de narcotráfico de esta zona?". 

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¿Cuál es la solución?

Este miércoles, un artefacto explosivo fue activado en la vía Panamericana, en una zona ubicada entre Santander de Quilichao y Popayán. El hecho nuevamente fue atribuido por las autoridades al frente "Dagoberto Ramos". Ante la situación, el general William Chawez, comandante de la Tercera División del Ejército, aseguró que en los próximos días recibirá el apoyo de 500 soldados más que llegarán a los municipios más afectados del norte del Cauca para reforzar el control territorial. Asimismo, indicó que en la región hay 8.000 hombres dedicados a erradicar el narcotráfico. 

“Es bueno precisar que en este departamento, además del comando operativo Apolo y la Brigada 29, se tiene el apoyo de la Tercera Bridada, de la Sexta División en Pitalito (Mocoa) y tropas de la Fuerza Naval del Pacífico en Guapi y Timbiquí”, dijo.

Pese a esto, el coordinador de la Acin considera que el aumento de fuerza militar en las zonas afectadas no es suficiente para llenar los vacíos estructurales que tiene la región, como el abandono estatal.

“La historia nos da la razón. Toda acción militar, si no es acompañada de una acción integral social, va a resultar en lo mismo que ha resultado por años: en algo ineficiente para las comunidades. Seguramente estamos portas de ver otra salida en falso por parte del Gobierno”, dijo.

Para el líder indígena, la mejor alternativa es impulsar las propuestas sociales que giran en torno a economías alternativas y resaltar el papel de las organizaciones campesinas y afro en la protección.

Las comunidades del norte del Cauca tienen iniciativas de transformación de cultivos como la gulupa (fruto exótico), el café o la caña de azúcar. Por otra parte, actividades como la pesca, el turismo, las artesanías y el uso de medicina natural tradicional son pequeños motores que con el adecuado manejo impulsarían al departamento y cambiaría su contexto social.

“Los cultivos de café superan por mucho a los de marihuana. Lo que pasa es que hablando de economía, el poder de los cultivos ilícitos ponen en desventaja a los demás. Estamos ahogados por el narcotráfico, pero también por los actores a los que no les conviene la transformación”, agregó Capaz.

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- Redacción Nacional

Cauca

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