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En segunda instancia, el juzgado 30 penal del circuito de Medellín ordenó detención domiciliaria al excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, por los presuntos hechos de corrupción que se presentaron al interior de este ente de control fiscal.
La investigación conocida como “Contraloría de Bolsillo”, fue presentada por la Fiscalía en agosto de 2019. Presuntamente existía una red de corrupción en la Contraloría General de Antioquia.
Como explicó en su momento la Fiscalía, de acuerdo con la investigación adelantada conjuntamente por las direcciones de Medellín y Antioquia, entre 2017 y 2018 “algunos servidores de la Contraloría General de Antioquia que detectaron hallazgos fiscales durante las auditorias de rutina se habrían abstenido de denunciar las irregularidades a cambio cuantiosas sumas de dinero o la adjudicación de millonarios contratos”.
En agosto del año pasado la Fiscalía dijo que imputaría cargos por delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Ahora, la juez 30 penal del circuito con función de conocimiento de Medellín revocó la decisión del juzgado 42 penal municipal con función de control de garantías. Ordenó como medida de aseguramiento la detención domiciliaria del excontralor Zuluaga, César Zapata, exalcalde de la Pintada, y Héctor Darío Cano, exgerente del hospital de Copacabana. Además, se ordenó prisión para José Hernando Duque, exjefe de auditorías, Dioner Ortiz Ossa y Gabriel Castaño exauditores auxiliares.
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“Esta decisión revoca la que se había tomado el año pasado cuando no se le impuso medida de aseguramiento a los nueve implicados en el caso llamado ‘Contraloría de Bolsillo'. Este es un caso investigado por la Fiscalía frente a unas posibles irregularidades detectadas en la Contraloría General de Antioquia, por unos procesos de auditoria en algunos municipios en los que presuntamente se cambiaban los hallazgos penales y se degradaban a hallazgos administrativos”, afirma Ivan Dario Durango, abogado que trabaja en la defensa de cuatro de los implicados.
La Fiscalía también había anunciado un proceso de extinción del derecho de dominio a 28 bienes inmuebles, 9 vehículos, 2 sociedades, 3 hoteles; valorados en 13.000 millones de pesos. Durango dice que tiene entendido que sobre estos recae una medida cautelar y que se encuentran embargados.
“Frente a la decisión no tenemos recurso. Podríamos observar la posibilidad de una tutela por vía de hecho, como defensa entraremos a analizar si es factible”, dijo Durango.
Zuluaga fue suspendido por la Procuraduría en enero de 2018 por haber entregado información inexacta para acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia con el que buscaba aspirar al cargo. Mintió sobre tener un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España.
En diciembre de 2019 la entidad le impuso una millonaria multa por no ejercer la debida vigilancia en la ESE Hospital La María de Medellín, en el que se cobraron tarifas por debajo de los estándares establecidos para procedimientos estéticos a particulares a quienes consideraban “especiales”, incluida una liposucción que se realizó Zuluaga en abril de 2016.
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