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La licitación de los servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Tayrona y de la Vía Parque Isla de Salamanca tiene en incertidumbre a sectores campesinos e indígenas y a privados que tienen terrenos en la zona. Se trata de un billonario negocio que a la vez es la hoja de ruta para el mantenimiento y aprovechamiento sostenible de dichos recursos y que será adjudicado en enero por un lapso de 23 años.
Para los representantes indígenas, la estructuración del modelo de concesión es un acuerdo que favorece de forma injustificada al operador y puede constituir un detrimento para los bienes del Estado. Explican que el operador solo tiene que invertir $6.000 millones en infraestructura durante los 23 años de la concesión, mientras que, se estima, la empresa que gane la licitación puede llegar a tener utilidades desde $400.000 millones a un billón solo por cobrar la taquilla de ingreso en este período, según los indígenas.
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Julia Miranda, directora de Parques Nacionales de Colombia, ha señalado que sí se tuvo en cuenta a la comunidad para la estructuración de la licitación y que no se limitaron a consultar y construir junto con los pueblos indígenas, sino que “también hicimos la consulta previa y la protocolización”.
Sin embargo, Danilo Villafañe, gobernador encargado del cabildo arhuaco Magdalena-La Guajira, le dijo a El Espectador que no les están dando participación, por lo que tienen dos solicitudes puntuales: la suspensión de la concesión y la formulación de una política de ecoturismo que tenga en cuenta la participación de la comunidad para recuperar la gobernabilidad del parque.
¿Por qué hay inconformidad entre las comunidades indígenas respecto a la concesión?
En el Parque Tayrona se avecina una nueva concesión de la operación ecoturística por 23 años, donde el concesionario se va a llevar más del 80 % de estos recursos. Estamos hablando de que el operador se va a ganar casi medio billón de pesos solo por cobrar la taquilla. ¿Qué sentido tiene que la Sierra Nevada tenga un parque que genera ingresos pero que a la misma Sierra no le queda nada? Esta concesión no tiene en cuenta la participación de los indígenas, ni de los campesinos, ni de los pescadores, ni de los propietarios legales que están allí. Los pueblos indígenas se llevarían solo el 6,3 % de lo que produce el parque y nosotros siempre hemos estado ahí. Nuestros hijos seguirán ahí, cuidando la Sierra.
¿Qué pasó con la estructuración del nuevo plan de manejo?
El ministro de Medio Ambiente se abstuvo de firmarlo porque los sectores campesinos empezaron a pronunciarse y dijeron que no los tuvieron en cuenta. Dentro del parque y el resguardo, en el sector La Lengüeta, hay más de 3.000 campesinos que están en una incertidumbre jurídica. Es responsabilidad del Estado sanear esas áreas y comprarles las tierras o reubicarlos. Es injusto tenerlos así; hay que resolver ese tema.
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¿Qué papel juegan los propietarios privados del Parque Tayrona dentro de la concesión?
Dentro del Parque Tayrona hay otra realidad. De las 12.000 hectáreas, aproximadamente 7.000 son privadas. El Estado no ha sido capaz de solucionar el tema de la propiedad y no ha saneado su parque. Entonces, claro, los propietarios del parque dicen: “Es que los indígenas se pusieron de acuerdo con Parques Nacionales en un plan de manejo y no nos tienen en cuenta”. Hay un caos y el problema no lo resuelve la concesión.
¿Qué pasó con la consulta previa con la comunidad indígena?
Hubo un proceso de consulta a los pueblos indígenas en el marco de un espacio que se llama Consejo Territorial de Cabildo (CTC). Este se creó como un mecanismo de coordinación entre los pueblos (wiwa, kankuamo, kogui y arhuaco), pero no es un órgano de gobierno que sustituye a los mamos ni a las autoridades internas. Parte del CTC lo compone gente que vive en el Cesar. Eso sería como si el gobernador de Cundinamarca se fuera al Magdalena a tomar decisiones. Este mecanismo no representa a todos los pueblos, lo que pasa es que se conforma un grupo de especialistas en consulta previa y hacen acuerdos, pero no socializan con los que realmente nos vamos a ver afectados.
¿Cómo manejan el conflicto armado dentro del proceso de concesión?
El Estado no resuelve nada. Cambian presidente, gobernador y alcalde, y el problema de la presencia de grupos armados persiste. Ellos tienen poder con incidencia y cooptan cualquier actividad. Lo que es Palomino, Guachaca y Buritaca, todo eso está cooptado por estos grupos; incluso Ciudad Perdida también. La Sierra es para estos grupos (Pachencas y Clan del Golfo) una zona de tráfico de drogas. Este problema tampoco lo resuelve la concesión.
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¿Proponen suspender la concesión?
Sí. Queremos que las autoridades realmente ejerzan esa autoridad y que el Gobierno haga presencia. Proponemos que estos recursos, en vez de concesionarlos a un privado, nos permitan desarrollar una estrategia en donde nosotros administremos y podamos reinvertir el dinero. Todos estos recursos que genera el parque deberían invertirse en la prevención de deterioro ambiental, la protección de cuencas hidrográficas y poder garantizar agua a Santa Marta. Eso sería una buena combinación.