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Obispos de Popayán rechazan masacres en Nariño y Cauca

Las autoridades religiosas exigen respeto por el derecho internacional humanitario y solicitan una mayor presencia estatal en las zonas alejadas.

19 de agosto de 2020 - 10:49 p. m.
Gloria Riascos sostiene hoy fotografías de su hija Laura Michel Melo Riascos, una de las víctimas de la masacre de nueve jóvenes, en Samaniego (Colombia).
Gloria Riascos sostiene hoy fotografías de su hija Laura Michel Melo Riascos, una de las víctimas de la masacre de nueve jóvenes, en Samaniego (Colombia).
Foto: Agencia EFE

La seguridad regional atraviesa uno de los momentos más delicados desde el inicio del Gobierno Duque, especialmente al occidente y suroccidente del país. Tan solo en las últimas dos semanas han sido asesinados 16 jóvenes (entre ellos menores de edad) en Leiva (Nariño), Samaniego (Nariño) y Cali (Valle).

A estos homicidios recientes se les suman los tres perpetrados en una comunidad awá en Ricaurte (Nariño), confirmados en la mañana de hoy, y las denuncias emitidas este miércoles, por parte de la comunidad, por el presunto asesinato a dos menores de edad en El Patía (Cauca).

Ante este panorama, los Obispos Católicos de la Provincia Eclesiástica de Popayán se pronunciaron.

Esta organización religiosa, que comprende a las diócesis y vicariatos en los municipios de Popayán, Guapi y Tierradentro, en Cauca; y Tumaco, en Nariño, rechazaron “la grave situación de violencia y atropello a los derechos humanos que atraviesan los dos departamentos. Ofrecemos oraciones y manifestamos nuestra cercanía y solidaridad a las familias de los jóvenes vilmente asesinados en el municipio de Samaniego y otras regiones del sur occidente colombiano”, según reza en un comunicado emitido este miércoles.

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Los obispos le sugirieron al Gobierno Nacional prestar mayor cuidado a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con el fin de tener mayores iniciativas preventivas en materia de seguridad y así evitar muertes masivas como las que ahora está lamentando Colombia.

A su vez, le atribuyeron estos hechos a la presencia de cultivos ilícitos, narcotráfico, minería ilegal, control del territorio y grupos armados al margen de la ley, que no están teniendo control en estas zonas del territorio.

En un listado de seis peticiones, los religiosos manifestaron la necesidad, entre otras cosas, de que en sus regiones haya mayor “inversión social que genere oportunidades de vida, en las comunidades afectadas por la violencia, especialmente generando mejores alternativas para los jóvenes”.

Y a su turno ofrecieron sus servicios pastorales para fortalecer comunidades de paz, trabajar en iniciativas locales de tejido social y tener un mayor acercamiento con la comunidad.

Este pronunciamiento llega un día después de que la Iglesia Católica y los obispos en Colombia manifestaran su rechazo a las masacres de Llano Verde (Cali) y de Samaniego.

“Oramos a Dios por las victimas y expresamos nuestra cercanía y solidaridad a sus familias, a los habitantes de las ciudades donde sucedieron estos crímenes y a las comunidades eclesiales de la Arquidiócesis de Cali y de la Diócesis de Ipiales”, expone un documento emitido por las autoridades católicas del país.

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