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Pasados cuatro meses desde que el Congreso aprobó la cadena perpetua para violadores de menores de edad, en la semana que arranca se tiene previsto que el Parlamento dé inicio a una discusión del mismo calibre: la cadena perpetua, pero esta vez contra feminicidas.
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El proyecto, de autoría de la senadora conservadora Esperanza Andrade, figura en la agenda del próximo martes 27 de octubre en la Comisión Primera del Senado, encargada, entre otras, de temas de reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial o reglamentos de los organismos de control.
Sin embargo, por cuenta de la cantidad de proyectos en cola (alrededor de 40), es incierto si la Comisión alcance a dar la primera discusión del proyecto de acto legislativo que, al proponer reformar la Constitución Política, demanda de ocho debates en el Congreso para su aprobación.
La aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores en junio pasado abrió un boquete constitucional que no tardó en ser capitalizado. Expertos y constitucionalistas advertían que, una vez aprobada la cadena perpetua, se iban a presentar proyectos para ampliar su alcance a otros delitos. Y este proyecto es una muestra de ello.
La iniciativa de cadena perpetua para feminicidas cuenta, además de Andrade, con el apoyo de otros 22 congresistas conservadores y el de María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien apoyó con fervor la reforma que abrió el camino para habilitar la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico colombiano.
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El proyecto en cuestión apenas cuenta con dos páginas y el mismo número de artículos y, al igual que la iniciativa relacionada con los violadores y asesinos de menores de edad, plantea la modificación del artículo 34 de la Constitución, que prohíbe las penas de destierro y la cadena perpetua, con excepción, para esta última, en los casos en los que “un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir”. La propuesta conservadora pide que la misma medida sea aplicada en la “conducta punible de feminicidio contemplada en los artículos 104A y 104B de la Ley 599 de 2000”.
La reforma aprobada al artículo 34 de la Constitución establece que la pena de prisión perpetua tenga un control automático y una revisión a los 25 años, donde se pueda evaluar la resocialización del condenado. En el caso del proyecto de la senadora Andrade, se pide que esta revisión se lleve a cabo a los 20 años.
Dentro de las razones expuestas para justificar el proyecto, en ningún momento se establece el porqué de la diferencia de períodos entre ambos casos, que es de cinco años en total. Sin embargo, su autora hace énfasis en que debe tenerse en cuenta la resocialización y que, si las personas condenadas presentan un verdadero cambio, “se tendrá que evaluar su pena”.
Al hablar de su proyecto, la senadora reconoce que este tipo de iniciativas tienen “tanto amigos como enemigos”, y que estos últimos son los que normalmente señalan que la cadena perpetua no es una verdadera solución para la criminalidad y que solo se estaría aumentando el problema carcelario en el país.
“Es cierto que es un sistema en crisis y tenerlos en prisión por siempre es una carga, pero hay que enviar un mensaje para contener ese avance de muerte de mujeres”, concluyó Andrade. En esta línea, aseguró que el proyecto es más que necesario, pues “si se entra a comparar el Código Penal y las penas impuestas, los feminicidas pagan mucho menos cárcel que los homicidas comunes”.