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Por cuenta de los cambios que ha supuesto la atención de la crisis sanitaria causada la COVID-19, sumado a beneficios en materia de movilidad, economía y medio ambiente, el Partido Conservador prepara un proyecto de ley para hacer obligatorio el teletrabajo en Colombia.
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Si bien la colectividad indica que en el país hay 122.000 trabajadores y 12.000 empresas que le apuestan a esta modalidad, advierten que esa cifra es apenas el 2 % de total de la población con un empleo formal. Por ello, a través un documento enviado al presidente Iván Duque, la dirección nacional del partido pide que sea implementada tanto en entidades públicas y privadas, “en los cargos que así lo permitan”.
Entre otras, con base en un estudio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, podría aplicar a las áreas gerencial (28 %), administrativa (27 %), comercial (14 %) recursos humanos y operativa (ambos con 11 %). “El beneficio de esta propuesta se traduce en un alivio en costos fijos para las empresas, permitiendo invertir recursos en desarrollo tecnológico y herramientas de trabajo”, señalaron.
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Los conservadores aseguran también que Los trabajadores también obtendrían beneficios de ahorro frente a los costos que genera el trabajo presencial, dado que el promedio de gastos diarios de un empleado o estudiante es de $20.000. A ello se suma integración familiar y, dice el partido, vigilancia a adolescentes para evitar el consumo de alcohol o drogas, así como prevención del embarazo no deseado.
En materia de movilidad, teniendo en cuenta que los trabajadores en promedio tardan entre tres y cuatro horas diarias de desplazamiento ida y regreso desde sus residencias a los lugares de trabajo, se presentarían beneficios en ahorro de tiempo, así como una reducción en los índices de accidentalidad y las emisiones de dióxido de carbono o contaminación auditiva.
A un descenso en materia de criminalidad, pues no habría tanta gente en las calles, los conservadores indican que, dada la experiencia que está generando esta nueva realidad, se podrían destinar recursos orientados hoy a la infraestructura física de la educación a infraestructura tecnológica para que los estudiantes tengan acceso a conectividad virtual a distancia.
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“Esto permitiría repensar una nueva política de educación superior, principal motivo de las marchas sociales promovida por los estudiantes a finales del año 2019 y principios del año 2020, quienes reclaman mayor inversión en calidad y cobertura”, señalan.
Según la colectividad, con esta propuesta se busca abrir paso al cambio positivo con medidas que conviertan las experiencias de esta crisis en oportunidades, “para adaptarnos con políticas que mejoren la vida de la sociedad hacia el futuro”.