Duque firma reforma que elimina conexidad del narcotráfico y secuestro con el delito político

A mediados de 2017, 3.252 guerrilleros de las Farc recibieron amnistía por delitos políticos. / Archivo

El presidente de la República, Iván Duque, promulgó este martes el Acto Legislativo que elimina la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. Un asunto que se había convertido en punto de honor para el gobierno actual, dado que siempre se mostró en contra de que el Acuerdo de Paz con la hoy desarmada guerrilla de las Farc incluyera dicha conexidad y, por ende, la posibilidad de que los exguerrilleros fueran amnistiados.

En tal sentido, el jefe de Estado y su partido, Centro Democrático, comenzaron a mover un reforma constitucional en el Congreso para modificar la Ley de Amnistía e Indulto que lideró el gobierno de Juan Manuel Santos, para evitar que en futuros procesos de paz la mencionada conexidad se siguiera aplicando. El proyecto tuvo acogida en el Legislativo y salió adelante. No obstante, para muchos sectores políticos, dicha iniciativa no fue más que un saludo a la bandera ya que no se puede aplicar.  

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Efectivamente, la reforma promulgada por el presidente Duque no tiene efectos retroactivos. Es decir, no se verán afectados los exmiembros de las Farc que fueron amnistiados por estos delitos, tal y como se señala en el artículo. “En ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones”. Solo podrá aplicar a futuros acuerdos de paz, lo que quiere decir que tampoco tiene efectos prácticos ya que no hay diálogos de paz activos con ningún grupo armado. Concretamente, con el Eln.

Miles de exguerrilleros de las Farc, en todo caso, salieron de las cárceles del país cuando la Ley de Amnistía fue aprobada. Entre otras cosas, porque el argumento incluido en la norma para otorgar el “perdón” a los desmovilizados involucrados con el narcotráfico y el secuestro era que los recursos obtenidos de la comisión de dichos delitos habían estado dirigidos a financiar la rebelión. Y, por ende, tenían conexidad con los delitos políticos, tales como la rebelión, la sedición, la asonada, la conspiración y seducción, la usurpación y retención ilegal de mando.

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Los delitos que quedaron excluidos de la conexidad con el delito político son: de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Roma. 

Lo cierto es que, cuando se estaba dando el debate en el Congreso, no eran pocas las voces que consideraban que, de aprobarse esta reforma constitucional, la búsqueda de un Acuerdo de Paz con el Eln –el único grupo armado sobre quien recaería el Acto Legislativo- se iba a complicar. La razón es que los guerrilleros ‘elenos’ no iban a renunciar a los beneficios que sí tuvieron los excombatientes de la hoy desarmada guerrilla de las Farc.