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Con más de cincuenta años en el ejercicio político, Marcelo Torres Benavides, uno de los fundadores del Moir y una de las figuras históricas de la izquierda colombiana, espera hoy en detención domiciliaria la resolución de su situación jurídica. En octubre de 2017, un juez de Magangué (Bolívar), municipio del cual fue alcalde entre 2012 y 2015, le dictó medida de aseguramiento por presunta contratación indebida.
La Fiscalía le imputa hoy los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. En diálogo con El Espectador, Torres se defiende, habla de irregularidades de su caso y reitera que todo se trata de una persecución política de sus opositores.
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¿En qué está su proceso ante la justicia?
En la antesala del juicio. Es un proceso que viene desde 2015 y que nace por un convenio de asociación entre el municipio de Magangué y la cooperativa Coomsalud, por $1.030 millones. Se me sindica de varios delitos y se procede a mi captura. Estuve un año y ocho meses en La Picota y, finalmente, un juez resolvió aceptar mi solicitud de sustituir la medida carcelaria por detención domiciliaria.
Hay varios elementos, como su firma en unos documentos, ¿en qué se ha basado su defensa?
Hay que tener en cuenta varios elementos que ayudan a comprender el fondo del proceso. El primer hecho es el riesgo que para mí y mi familia se deriva de haber ganado las elecciones en un municipio que había estado sometido durante un largo período al dominio de un clan con poder en toda la región Caribe. Hay hechos en donde se concreta ese riesgo, como en enero de 2014, cuando se produce un disparo frente a mi domicilio. Eso nunca se pudo esclarecer. Luego, en octubre de ese año, en Sincelejo y Magangué circuló un panfleto de Los Rastrojos, en donde se hacía una lista en la que aparecían personajes como Iván Cepeda o Claudia López, y algunos alcaldes como yo, y se les determina como objetivo militar.
Ese fue el mismo año del intento de asonada contra la Alcaldía y capturas de gente de Enilce López...
A mediados de este año, el Gobierno Nacional había dictado medida de extinción de dominio contra la cabeza del clan que antes dominaba a Magangué, y había procedido a la captura de varios de sus integrantes. En respuesta a eso se produjo una invasión de una veintena de predios que movilizó a unas 5.000 personas y se creó una situación de orden público muy delicada. Durante esa invasión se produjo un ataque a la Alcaldía y a mi domicilio, a mí me tocó trasladarme al Batallón de la Infantería de Marina, y a mi esposa y a mi hijo les tocó saltar la barda del patio y llegar adonde el vecino. Esta situación recibió la calificación de máximo riesgo por la Unidad Nacional de Protección.
¿Qué otros elementos ayudarían a entender su proceso?
Hay una voluntad retaliatoria de los poderes políticos que han dominado a Magangué, porque tiene la influencia del clan de la señora Enilce López, que apoyó a través de una coalición política la elección del actual alcalde, Pedro Alí.
¿Considera entonces que su proceso judicial es una retaliación?
Es un escarmiento para cualquier intento de fuerzas de izquierda o democráticas para cambiar el estado de las cosas en Magangué. Es una forma para desalentar y atemorizar cualquier intento en esa dirección. Y hay una voluntad persecutoria por parte de la Fiscalía, que se inició cuando Claudia López, en octubre de 2017 en el Senado, le pone de presente este hecho al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y le señala su posición en contra de los líderes de izquierda de Colombia.
¿Qué pasó en ese momento?
Martínez designó un fiscal adscrito a su despacho para vigilar el proceso al que se me vincula. Ningún ciudadano de oposición o de izquierda en Colombia, o que cuestionara su gestión, podía sentirse seguro y con garantías procesales mientras él permaneciera al frente de la Fiscalía. Era un hecho ostensible su condición de adversario de los Acuerdos de Paz, sus amenazas a periodistas críticos de su labor —como en el caso de María Jimena Duzán—, y tampoco ignoraba nadie que, como a mí, tenía entre ojos a los principales líderes de izquierda del país.
Anteriormente también ha denunciado irregularidades jurídicas, ¿cuáles son en detalle?
Hay una cadena de irregularidades que atentan contra el derecho a la defensa. La primera ocurrió en el momento de mi captura. La Fiscalía me cita porque soy denunciante de la falsificación de mi firma como alcalde, por el intento que hace una empresa de traspasar ilegalmente el contrato de las basuras en Magangué. Yo denuncio que mi firma no corresponde y cuando llego se me dice que tengo una anotación en otro proceso y me capturan. Es decir, se me tendió claramente una trampa. En ese momento estaba la huelga de Avianca y era difícil viajar. Me trasladaron ese mismo día a Magangué y al día siguiente se hicieron las audiencias preliminares y el fiscal 24, que fue el encargado inicialmente, demoró de manera deliberada la información de a dónde se me iba a trasladar, de manera que, cuando finalmente se revela que es a Magangué, mi abogado no encontró vuelo en los dos días siguientes y por eso no tuve a mi abogado de confianza en la audiencia.
¿Qué otra irregularidad ha habido en su proceso?
En Colombia, de acuerdo con la legislación penal, cualquier persona que está detenida después de un año y no le han iniciado el juicio, como a mí, que ya llevo prácticamente dos años, tiene derecho a que se le otorgue la libertad. Yo la solicité por vencimiento de términos y se me responde que no se cuentan porque ha habido una serie de maniobras dilatorias por parte de mi defensa. Según el juez, esas maniobras fueron que pedimos que, con base en el riesgo que había en Magangué, se me trasladara a otro lado, que es el cambio de radicación del proceso. Yo pedí que se me trasladara a La Picota. Aunque los jueces de Magangué y Cartagena reconocen ese hecho, se negaban a trasladar el proceso.
Entonces, ¿usted considera que hay intereses aparte que lo afectan?
Por supuesto, luego de la década en que Magangué fue todo menos un apacible oasis de moralidad pública, muy poca actividad contra la corrupción se conoce allí de la Fiscalía. Pero contra Marcelo Torres ha batido el récord de diligencia: ha abierto veintitantas investigaciones penales, por varias de las cuales debo comparecer cada vez que una autoridad judicial me convoca. En cambio, radiqué denuncia penal ante la Fiscalía de Magangué por el intento de traspasar ilegalmente de una empresa a otra el contrato del servicio de aseo y recolección de basuras del municipio, mediante la falsificación de mi firma, la del alcalde, y la Fiscalía nunca investigó el delito y archivó el caso.
Su hijo menor también ha sufrido gran parte del proceso en su contra...
Es otra de las irregularidades. Cuando mi hijo cumplió ocho años, mi mujer, con su patria potestad, solicita, sobre la base de unos exámenes psiquiátricos acreditados, que se tenga en cuenta esa situación para la medida de aseguramiento domiciliaria. El juez de Bogotá la rechazó con un argumento absurdo: que la petición no estaba fundamentada porque no podía ser un médico particular sino un médico de una entidad como el ICBF. Eso no es cierto y en segunda instancia quedó claro que esa razón no tiene validez legal. Ante otro juez se interpuso una tutela y respondió un exabrupto legal al decir que la madre de mi hijo no tiene capacidad legal para representarlo. Es un manifiesto digno de la Roma esclavista.
Ha habido cambios en la Fiscalía, ya no está Néstor Humberto Martínez. ¿Confía en la Fiscalía hoy y en la gestión del encargado Fabio Espitia?
El fiscal adscrito está en la misma actitud. La juez que tiene el caso en Magangué muestra una actitud abiertamente discriminatoria contra mi defensa y preferencia frente a la Fiscalía. No ha habido ningún cambio. Se trata de una condena anunciada en mi contra.
¿Siente miedo?
Por supuesto, hay una parcialidad manifiesta que se plasma en estos hechos irregulares. Mi temor es ser víctima de manipulación, de presión sobre presuntos testigos o de otras irregularidades. Se están anunciando pruebas por fuera de la etapa en que se podían presentar. Esto es un tecnicismo jurídico, esas pruebas se podían presentar durante la radicación del escrito de acusación y entiendo que la Fiscalía pretende hacer valer nuevas pruebas, a pesar de que ese tiempo ya pasó. Y, dada la actitud de la juez que está al frente del proceso y la parcialidad mostrada, me temo que puedan ser aceptadas.
¿Cómo ve las movidas del poder en Magangué? ¿Qué influencia tiene Enilce López hoy?
He sabido que a Enilce López se le aceptó su participación en la JEP. Celebro eso porque se pueden obtener de allí importantes revelaciones para que se conozca la verdad de los hechos que han asolado a Magangué y la región Caribe. Ella tiene participación en el gabinete municipal y está participando en las elecciones a favor del candidato de la actual administración.
¿Cuál cree que es el panorama para los movimientos de izquierda en el Caribe ante las presuntas irregularidades que, según menciona, hay en la justicia?
Al frente del principal ente acusatorio del país estuvo una persona que estaba impedida, una situación que ha sido objeto de múltiples denuncias. Como consecuencia de eso se ha visto una laxitud en los casos principales, como Odebrecht, pero una abierta persecución frente a los líderes de izquierda y con figuras del campo democrático, como periodistas. Eso nos dice a las claras que aquí hubo una mayúscula irregularidad, que la justicia estuvo bajo la influencia de una presión intimidatoria. La Fiscalía intimida a los jueces.
¿Ha pensado acudir a alguna instancia internacional?
Mis abogados están estudiando ese asunto y una de las condiciones es que se hayan surtido todas las acciones legales que prevé la ley colombiana, antes de acudir a una instancia hemisférica.
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