:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/jjmpt-kXCOuw4zNBlJhbSLrnRRw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AXOVDW27MVDSBM3PBQPE5PXCVM.jpg)
La polvareda que levantó esta semana el proyecto de ley que permitiría el sometimiento colectivo de las bandas criminales a la justicia ordinaria parece haber concluido con las aclaraciones que, este viernes, hizo el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, acerca del contenido del mismo. Según explicó Naranjo, las disidencias de las Farc no podrán acogerse a los beneficios de dicha iniciativa, dado que quienes no se suscribieron el proceso de paz logrado con la desarmada guerrilla de las Farc, no sólo no han expresado su voluntad de dialogar en estos términos con el Estado sino que, además, están siendo tratados como grupos residuales.
(Lea: Las disidencias de las Farc no tendrán beneficio alguno: Santos)
“El gobierno no ha recibido ninguna manifestación de voluntad de desmontar esas estructuras criminales hoy al margen de la ley. Y si bien, la caracterización de esos grupos puede responder a algunos parámetros del proyecto, la orden es arreciar la campaña militar y judicial para someter a las disidencias de las Farc”, enfatizó Naranjo. Lo anterior, en respuesta a una interpretación que surgió de las declaraciones que, esta misma semana, dio el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, al momento de radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República, en el sentido de que las disidencias, en tanto que ya no son consideradas como un grupo rebelde, están siendo tratadas por las autoridades como bandas criminales comunes.
“El gobierno ha radicado un proyecto de ley sobre la base de que grupos al margen de la ley como el denominado ´Clan del Golfo’ están solicitando un procedimiento de entrega colectiva. No nace como iniciativa para ofrecer nada a los disidentes sobre los cuales, para el gobierno, lo único que tienen que recibir es la persecución implacable y militar”, añadió el vicepresidente. Según sus palabras, la iniciativa lo que hace es, de hecho, ofrecer herramientas a la Fiscalía General de la Nación para que pueda producir imputaciones colectivas de quienes, como Grupos Armados Organizados (GAO) o Grupos Delictivos Organizados (GDO), decidan someterse a la justicia ordinaria.
La iniciativa contempla, entre otras cosas, la posibilidad de que se dé un acercamiento en dos etapas: uno colectivo y otro de judicialización, que se iniciarán luego de que los GDO y las GAO manifiesten por escrito, al fiscal general, que tienen la voluntad de acogerse de forma colectiva a la justicia. Acto seguido, fiscales delegados del ente acusador procederán al acercamiento con los delincuentes y la negociación de sometimiento. La condición es ofrecer información que sirva para identificar la estructura, las víctimas, actividades delictivas y actividades económicas ilícitas, entre otros elementos.
Los beneficios que de allí se deriven son, por ejemplo, rebaja de penas o el recibir hasta un 5 % “del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes que sean objeto de extinción de dominio y se encuentren estrechamente ligados a grupos delictivos organizados”, según indica la Ley de Extinción de Dominio, actualizada recientemente en el Legislativo. El proyecto de sometimiento colectivo apenas fue llevado al Capitolio esta semana, pero con mensaje de urgencia, con lo cual se garantiza que se dé un trámite mucho más ágil y pueda ser aprobado antes de que termine este periodo constitucional, el próximo 20 de junio.