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Justo cuando se cumplen tres meses de la histórica movilización del 21 de noviembre, hoy otra vez el país está convocado a una nueva jornada de protestas. Aunque la de este viernes pinta como la antesala de lo que serán las manifestaciones del próximo 25 de marzo, se configura también como un examen tanto para el Gobierno como para el denominado Comité Nacional del Paro en su propósito, por supuesto compartido, de llegar a acuerdos y pactos que permitan superar el ambiente de crispación social.
Si bien las partes están sentadas desde diciembre, los diálogos no han dejado ningún resultado tangible y, por el contrario, se han acentuado las diferencias y desencuentros. Muestra de ello no solo es que apenas la semana pasada sostuvieron la primera reunión en lo que va del año, sino que aún hoy —tras siete sesiones— están definiendo la metodología, el cronograma y la agenda de trabajo, con el agravante de que siguen enfrascados en una discusión semántica: si lo que hay es una mesa de diálogo o de negociación.
Al margen de los reclamos de parte y parte, lo cierto es que la parálisis que tiene coja a la mesa juega en contra para ambos. Por un lado, perjudicaría al Gobierno en tanto tendría que extender la fecha que se propuso para concluir la conversación (el del 15 marzo), lo que daría pie para que se exacerben los ánimos y la percepción de que no tiene una vocación conciliadora.
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Por el otro lado, para los del paro implica que baje la efervescencia y se abra camino para grupos como el Comité Contraparo (antagónico al paro y afín al Ejecutivo), así como para figuras como el senador Gustavo Petro, que —ante la negativa de adelantar el paro del 25 de marzo— montó rancho aparte y convocó por su cuenta a las protestas, acaparando a un sector de los manifestantes.
Un escenario de protestas mutuas
Para los voceros del Comité —movimiento que recogió el descontento, tomó la vocería y asumió la representación de los marchantes—, a pesar de haber presentado un pliego de 104 peticiones, el Ejecutivo ya sentó su posición y declaró inviables el 19 % de ellas, alegando que no son de su competencia, a lo que se suma la incertidumbre sobre el carácter de la mesa. Su temor es que todo quede en una mera manifestación de ideas sin oportunidad de concertación, lo que implicaría que no se adopten políticas ni reformas.
“De las reuniones no ha surgido nada positivo, porque el Gobierno está obsesionado en negar la palabra ‘negociación’. ¿Por qué el Estado sí se ha sentado a negociar con las Farc, el Eln, los paramilitares o los gremios, y no con nosotros, que congregamos a centrales obreras, estudiantes y campesinos? Es momento de sincerarnos y encontrar salidas. Tenemos la esperanza de llegar a acuerdos”, manifiesta Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), una de las organizaciones que integra el Comité.
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Por su parte, Diego Molano, a quien el presidente Iván Duque encomendó coordinar las conversaciones, defiende que han mantenido la disposición a avanzar y muestra de ello son propuestas como una metodología de trabajo para dividir la mesa en nueve frentes, de tal manera que se puedan discutir uno a uno los 104 puntos y se llegue a acuerdos sociales. Frente al carácter de la conversación, asegura que se invitó al Comité a conformar una subcomisión para definir esa vocación y agilizar el diálogo.
“Les planteamos que esa subcomisión revise también qué va a pasar con las otras instancias de negociación y participación. Hay 18 de ellas que tienen que ver con los puntos del pliego; por ejemplo, la mesa de concertación laboral y salarial. Nos preocupa que si se crea este espacio como quieren —una mesa única—, se deslegitimen otras instancias. Han manifestado que hasta que no se denomine mesa de negociación no quieren oír ni siquiera la explicación de los 104 puntos. Quedaron en evaluar ese proceso”, dice el funcionario, quien saca pecho por la Conversación Nacional que se adelanta con otros sectores y que ha permitido acelerar programas del Gobierno.
Para Sergio Guzmán, director de la firma Colombia Risk —dedicada a la consultoría de riesgos políticos— si bien con la mesa el Ejecutivo logró bajarle la temperatura a la protesta, aún no hay acuerdos alrededor de sus motivaciones.
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“El Gobierno continúa impulsando la agenda que causó tanto rechazo. En noviembre, dijo que el paro se impulsó bajo falsas premisas, como el trámite de las reformas laboral o pensional, y tres meses después está promoviéndolas. A ello se suman las declaraciones alrededor de la contratación por horas o que ya hay demasiadas psicólogas y sociólogas”, opina Guzmán, quien llama la atención también por el fraccionamiento de liderazgos dentro del Comité, “lo que ocasiona que otros busquen réditos políticos y se adueñen del descontento”.
El analista considera además que la respuesta que den las autoridades a las movilizaciones será decisiva para evitar una escalada de violencia. “Otro hecho como el que ocurrió con Dilan Cruz ocasionaría paros más fuertes o agresivos. De allí la necesidad de acuerdos”.
Así las cosas, la jornada de este viernes no solo les medirá el aceite a las partes frente a su capacidad y disposición de alcanzar soluciones negociadas, sino que permitirá tomar la temperatura del ambiente político y social del país a menos de un mes de que el Congreso reanude sesiones. Lo que pase hoy y el ritmo que tomen las conversaciones serán el derrotero del 25 de marzo.
jgonzalez@elespectador.com