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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras avanza su proceso por presunto fraude procesal y sobornos ha movido en su defensa a la base uribista que se ha manifestado en redes sociales y en las calles a favor del también senador.
Los frentes de batalla que se han configurado son varios. En los espacios digitales, por un lado, se ha echado a correr la idea de que la decisión de la Corte Suprema tiene motivaciones políticas, mientras que en el Congreso de la República se ha propuesto una constituyente para una nueva constitución que contenga una profunda reforma al sistema de justicia en el país.
La nueva estrategia que se empieza a desarrollar desde las filas del uribismo, como mecanismo para buscar la libertad de Uribe, será una “tutelatón”, de manera que los ciudadanos instauren este recurso en diversos juzgados e intentar lograr que el expresidente pueda defenderse en libertad.
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La denominada “tutelatón”, incluso, empieza a ser impulsada por miembros del mismo Centro Democrático. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal publicó una imagen en su cuenta de Instragram en la que invita a la acción ciudadana que se ha propuesto. Esa misma publicación le valió las críticas porque seis años atrás, cuando se propuso una “tutelatón” a favor de Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, por las sanciones de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, consideró la iniciativa como “una falta de respeto”. De hecho, esa es una de las paradojas del asunto.
Desde algunas cuentas de Twitter, que parecen cercanas al uribismo y que han iniciado a promover la radicación de tutelas, se entregan indicaciones para los ciudadanos que se quieran unir a dicho movimiento, como descargar una minuta de tutela que deberá ser diligenciada, escaneada y enviada a un correo electrónico.
Los otros cuestionamientos que se han planteado son si esta vía jurídica tiene alguna posibilidad de lograr que Uribe se pueda defender en libertad, esto es, cambiar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, más allá de crear una congestión en el sistema. Este punto, teniendo en cuenta que el expresidente cuenta con garantías para presentarla de manera personal o por medio de su defensa en el proceso que se le adelanta.
También hay que tener en cuenta de que se trata de una tutela en contra de una decisión judicial, aunque no es una sentencia. En la misma Corte Suprema de Justicia hay jurisprudencia al respecto, que está apoyada en sentencias de la Corte Constitucional, en la que se habla de la procedencia de la tutela cuando se hayan agotado otros medios que sean ordinarios o extraordinarios de defensa judicial que estén al alcance de la persona afectada. También hay ciertas exigencias, como que se pueda identificar, por parte de quien radique la acción jurídica, los hechos que habrían generado la vulneración de los derechos y cuáles son esos.
De todos esos elementos podría depender el éxito o el fracaso de la propuesta que se ha empezado a mover en redes sociales o si quedará solamente en un intento desesperado de presión judicial a la Corte Suprema de Justicia que deberá avanzar en el proceso contra el expresidente.