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Colombia atraviesa por estos días la que es tal vez la peor crisis de salud pública en su historia. 25 de los 32 departamentos del país hacen frente a los diferentes niveles de destrucción e incomunicación que ha ocasionado la fuerte ola invernal; la seguridad física de las comunidades se ha visto comprometida como nunca antes, hasta el punto de que hoy tenemos el saldo aterrador de más de 70 masacres por todo el territorio nacional; el número de fallecidos por Sars-COV 2 sobrepasa el orden de los 35.000; y la economía ya entra en periodo de recesión.
Cada uno de estos escenarios que ya he descrito son muestra de los retos que afectan y urge atender en materia de salud pública. Entre tanto, mientras hay quienes presentan desconcertantes propuestas al país que desconocen la gravedad del actual panorama, encuentro en la ventana de crisis el mejor espacio para proponer soluciones integrales y de largo plazo, a los viejos problemas que hemos visto recrudecerse en los últimos ocho meses. Mi propuesta es entonces transformar la salud.
Como salubrista público entiendo que lograr haber previsto este escenario era difícil. No obstante, de estar mejor preparados para enfrentar los impases que ha traído 2020, las cifras a sol de hoy serían otras. La prevención es imprescindible de cara al futuro.
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Con ello en mente, quiero compartir una serie de puntos en los que veo desde mi experiencia como médico, psiquiatra, salubrista público y senador -y gracias al diálogo con diferentes actores del sector-, la oportunidad de ampliar la capacidad de acción de nuestro sistema de salud, apuntando a la mejora de la calidad de vida de todos y todas las colombianas.
La salud en Colombia tiene un enfoque curativo más que preventivo, por lo que el sistema asume por derecha que su funcionamiento depende de cuánto se enferme la gente. Este punto de partida es problemático per sé, ya que define la intervención del sistema de salud como una reacción a los posibles eventos. Es por ello que en Colombia es necesario reenfocar todo el sistema de seguridad social en salud hacia la prevención, más que a la curación, poniendo en marcha estrategias que eviten que las personas se enfermen y que construyan hábitos de vida saludable en las comunidades.
En este mismo sentido, la relación de la ciudadanía con el sistema no debe entenderse únicamente desde la curación. Esta interacción debe ser constante y el sistema debe llevar la salud más cerca al ciudadano, por ello desplegar planes de atención primaria será determinante en el trabajo de promoción y prevención. La salud también debe estar en casa.
Por otra parte, la salud pública debe tener un responsable claro en el país, que tenga la posibilidad de acabar con las barreras que presenta la intersectorialidad y establecer un diálogo fluido entre las entidades que afectan los determinantes de salud.
Por ello, propongo la conformación de una entidad de orden nacional que sea la que coordine la política pública de promoción de salud y prevención de enfermedades, la cual establezca los lineamientos nacionales que se verán reflejados en los planes de desarrollo y trabaje de la mano de los gobiernos departamentales y locales en el seguimiento de las condiciones específicas de sus comunidades.
El monitoreo y la acción oportuna pueden salvar miles de vidas, sin obviar que la gran tarea consiste en, por primera vez, lograr priorizar de manera efectiva los determinantes sociales que afectan la salud, como la falta de vías adecuadas, acueducto, alcantarillado, conectividad digital y educación.
A pesar del enfoque curativo del sistema, el modelo actual tiene grandes falencias que se ven reflejadas en los déficits de acceso y calidad en la atención de los pacientes. Esta precariedad está directamente relacionada con las inaceptables condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Es necesario eliminar la explotación laboral.
En este caso, la creación de un modelo que garantice seguridad contractual, económica y física al talento humano, que establezca la contratación con todas las prestaciones de ley, que fije un escalafón de salarios acorde a los grados de profesionalidad, especialización y su experiencia; y que garantice los mínimos requeridos para una atención suficiente en el terreno es la solución.
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Si a esto agregamos que la pérdida de los dineros de las EPS y la interrupción del flujo hacia las clínicas y los hospitales son un obstáculo más para acceder al sistema, salta a la vista lo desprotegidas que están las regiones apartadas del país. Tal es el caso de la atención de los pacientes de Chocó, La Guajira, la Amazonia y a Orinoquia, que cuando requieren atención de segundo nivel hacia arriba, son enviados a otras ciudades, congestionando las clínicas y hospitales a las que son remitidos.
En gran medida, la pérdida de los recursos es consecuencia de la corrupción en la intermediación para el pago de facturas, en donde aparecen las coimas, o a causa de que las EPS no cuentan con la capacidad para suplir las necesidades de los usuarios, usualmente por malos manejos que dejan carteras insalvables. De esta manera, el nuevo modelo desnudará aún más las falencias de las EPS que hagan mal su trabajo y hará más simple eliminarlas definitivamente del sistema.
Quien paga todos los platos rotos es el paciente. Sortear obstáculo tras obstáculo termina empujando a las personas a enfrascarse en peleas judiciales a través de tutelas para acceder a un derecho fundamental garantizado por la Constitución. La atención que recibe la ciudadanía debe ser de la mayor calidad y, por obvio que parezca, debe garantizar sus derechos en todo momento.
Propongo establecer unos tiempos máximos de atención por parte de las EPS, que, de ser incumplidos, resulten en la libertad de los pacientes para que acceder a los servicios de salud en cualquier parte de manera inmediata. De manera simultánea, la EPS que incumple debe ser castigada obligándole a pagar el servicio que no prestó. No más paseo de la muerte, la salud no es un negocio y debe dejar de verse como tal, es por ello que la transformación del sistema debe apuntar todo el tiempo a brindar atención digna a todas las personas. El sistema es de ellas, por ellas y para ellas.
El dinero que sea destinado a la salud y en general todo el dinero de origen público es sagrado, por lo que la vigilancia debe ser exhaustiva para eliminar los abusos de la intermediación en el flujo de los recursos. Los abusos de las EPS deben convertirse en una postal del pasado. De igual manera, la justicia debe encargarse de otorgar penas drásticas a todo aquel que robe los recursos de la salud, acto que más que ser un delito de corrupción es un atentado contra la vida de muchas personas.
Sin duda, medidas como las que propongo requieren de una estabilidad fiscal importante, por ello será necesario ampliar el presupuesto que se destina a la salud, para que así deje de ser la “cenicienta” en la discusión del Presupuesto General de la Nación. A fin de cuentas, el país ya es consciente de que si la salud se ve afectada, todo lo demás también.
Otro punto a tener en cuenta es el reconocimiento de la labor de las personas cuidadoras y su impacto en la efectividad de la atención, su rol se ha hecho imprescindible. La creación de un sistema nacional de cuidados que otorgue beneficios bien podrá facilitar la acción del sistema.
Sé que la idea de transformar el sistema de salud es ambiciosa, como también sé que este país está en mora de hacerlo. Algunos de los problemas que ha recrudecido la pandemia/sindemia del coronavirus han estado ahí por más de dos décadas. Si ni siquiera esta crisis nos impulsa a tomar cartas en el asunto, difícilmente algo más pueda hacerlo.
Finalmente invito a cada persona que me lee a que se sume a la transformación del sistema de salud, la defensa de la vida y la mejora de las condiciones en las que vivimos. La salud no responde a orientaciones políticas y mucho menos depende de uno u otro caudillo, hoy está en nuestras manos y sé que con la ciudadanía llevaremos a la mesa las soluciones que por años hemos necesitado. Sin más que agregar, ¡a transformar la salud!
* Senador de la República de la Alianza Verde