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Ayer en la noche, después del arduo debate vivido en la plenaria del Senado, con duros choques entre las bancadas afines al Gobierno y la oposición, fue radicada por fin la ponencia a favor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), respaldada por cinco de los siete congresistas integrantes de la comisión accidental conformada para elaborar dicho documento. Para estos, los reparos del Gobierno son de "inconveniencia política".
Paloma Valencia, del Centro Democrático; John Milton Rodríguez, de Colombia Justa-Libres; Julián Bedoya, del Partido Liberal; David Barguil, del Conservador; y Jónatan Tamayo, de ASI, piden no perseguir ni estigmatizar a quienes defiendan las objeciones que, en su concepto, tienen todo el sustento legal por parte del primer mandatario.
Días atrás, los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Alberto Castilla, del Polo Democrático, habían radicado un texto aparte en sentido negativo, al considerar que las objeciones no son de inconveniencia sino por razones de constitucionalidad.
Para los autores de la ponencia positiva, de llegar a aprobarse la ley estatutaria tal y como está, “se desataría una serie de circunstancias políticas de extrema gravedad para el futuro de la nación”, y en ese sentido, explican en la ponencia, las objeciones “buscan fortalecer el proceso de justicia transicional y proteger los derechos de las víctimas”.
Las modificaciones a los seis puntos objetados son mínimas, pero sustanciosas. La primera de ellas es al artículo sobre reparación a las víctimas, en el que agregan a su contenido que: “Los bienes entregados en virtud del punto 5.1.3.7 del Acuerdo serán destinados en su totalidad a la reparación de las víctimas”.
En segundo lugar, piden que los responsables de crímenes de lesa humanidad, graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra no sean excluidos de la acción penal, a menos de que demuestren que no son los perpetradores y/o autores de estos delitos.
El tercer punto, uno de los cuales el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe pide un consenso entre todos los partidos para ser aprobado, junto al tema de la extradición, dicta que el Comisionado para la Paz debe ser consultado por la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP para la incorporación a las listas de personas que pueden comparecer ante el tribunal transicional. Igualmente, quien ocupe ese cargo será el único responsable en autorizar quién entra al sistema.
Este cambio, llamado por el uribismo como "el punto de los colados", le quita poder a la Sala de Amnistía que en el documento original tenía la potestad de “considerar personas sobre las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no acreditación”.
En cuarto lugar, el artículo concerniente a la sala de reconocimiento de los hechos y conductas realizadas en el marco del conflicto, la ponencia adiciona a uno de los apartes que los delitos cometidos “con posterioridad a esa fecha (1° de diciembre de 2016), los órganos y servidores públicos realizarán las investigaciones y seguirán el trámite ordinario de todas sus decisiones aun sobre personas vinculadas a la JEP”. Esta aclaración fue una de las peticiones del fiscal Néstor Humberto Martínez desde la redacción del proyecto.
El quinto punto, el de la extradición, ha tenido 'lobby', además del uribismo y el Gobierno a través del Comisionado de Paz, por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. A través de una invitación a un desayuno a los congresistas que estudiaron las objeciones, el diplomático recordó el acuerdo de extradición al que se comprometió Colombia y advirtió de los riesgos económicos de la relación bilateral si se hunden los reparos presidenciales, especialmente el concerniente a este tema.
Así pues, la ponencia dispone que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz deberá de pedir pruebas para determinar la fecha de la conducta a la que le atribuyen una solicitud de extradición. “Las pruebas sobre la fecha no podrán vulnerar la reserva sumarial del país solicitante y acatará el principio de buena fe de las instituciones del país solicitante”.
Por último, el documento avala que si una persona se encuentra ofreciendo verdad ante la JEP, puede ser extraditada si se le encuentran conductas posteriores al 1° de diciembre de 2016 por las que se les pueda aplicar este principio, siempre y cuando “desde el exterior se provean todos los mecanismos para que cumplan con la verdad y todos los bienes sean entregados a Colombia para la reparación de las víctimas”.
“Buscamos darle solución a las seis objeciones presentadas por el presidente, la cuales siempre han tenido el fundamento del fiscal. Y es que lo verdaderamente trascendental que hemos presentado no ha sido acoger los reparos, sino incluir la solución a cada caso. No estamos aceptando por aceptar, como algunos otros sectores del Congreso que las niegan por presionar políticamente al Gobierno, sin ofrecer soluciones consensuadas”, manifestó el senador Jónatan Tamayo, conocido en el Capitolio como 'Manguito'.
Tanto él como los demás firmantes aseguran que el documento demuestra que no quieren hundir la JEP, pues solo “ajustamos la redacción para que la repetición de delitos cometidos después de la firma de los acuerdos no perjudique al país en cuanto al cumplimiento de los tratados de extradición, además de brindarle el respaldo de esta justicia a las víctimas en su reparación por parte de los Victimarios”, sostuvo Manguito.
Con ambas ponencias radicadas (negativa y positiva), el próximo lunes 29 de abril, el Senado sesionará para, por fin, darle trámite y decidir respecto a estas. Una vez esa corporación se manifieste, la Corte Constitucional, gracias al procedimiento de fast track, ejercerá la revisión automática de las determinaciones a las que llegaron ambas cámaras.