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Luego de que el Gobierno de Iván Duque adjudicó a Ecopetrol el contrato para hacer los primeros pilotos de fracturamiento hidráulico (”fracking”) en Colombia, este martes se conoció una carta firmada por medio centenar de congresistas de diferentes colectividades, en la que le piden al Ejecutivo suspender este tipo de técnica de extracción de hidrocarburos.
Si bien la práctica de fracturación hidráulica permanece suspendida en el país desde finales de 2018, a la espera de que el Consejo de Estado estudie de fondo una demanda en su contra, hay vía libre para que se hagan pilotos de investigación. En ese sentido, la semana pasada la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó el contrato para los primeros proyectos. Se trata de un contrato de US$76 millones que se realizará en el municipio de Puerto Wilches (Santander).
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Según el Ejecutivo, se trata de “Proyectos Piloto de Investigación Integral” que, bajo procesos experimentales y científicos, buscan recopilar información social, ambiental y de reservas de hidrocarburos, así como promover la participación ciudadana y el acceso a la información para evaluar los impactos del “fracking”. Ante ello, los congresistas expresaron dudas sobre la información que puedan brindar estos proyectos para reducir la incertidumbre “sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las comunidades y el ambiente”.
Para los parlamentarios, previamente se requiere brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir el “fracking” en Colombia. De acuerdo con los congresistas, el “ritmo acelerado” con el que el Gobierno promueve estos proyectos es “desconcertante”.
“Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, expresó el 6 de octubre que el objetivo del Gobierno es ‘evaluar los proyectos piloto antes de que finalice el mandato actual en agosto de 2022’. Ese tiempo es muy limitado desde todo punto de vista: estamos a solo 20 meses de un cambio de gobierno y sabemos que los impactos del “fracking” no se hacen visibles en el transcurso de los meses, sino con el paso de los años”, argumentan.
Los 50 congresistas advierten también que los proyectos no consideran los llamados que ha hecho el Consejo de Estado frente al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, por lo que insisten en las “profundas dudas” frente a la rigurosidad del desarrollo de los proyectos.
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“La información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación. Adicionalmente, las líneas base se publicarían después de la entrega de contratos y licencias ambientales. Todo lo anterior representa serios conflictos de interés que desde todo punto de vista vician la rigurosidad del proceso científico en el que actuarían las empresas que se pretenden contratar”, agregan.
Se alega además que las normas expedidas por el Gobierno no garantizan un blindaje suficiente frente a los potenciales riesgos de afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades. Por ello, sostienen que no es posible implementar de manera segura el “fracking” en la modalidad de pilotos.
Adicionalmente, reclaman que los decretos y reglamentaciones expedidos presentan, “a todas luces”, falencias metodológicas para hacer de los proyectos un ejercicio participativo y democrático: “No garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran comunidad a quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y global de los impactos”
Recordando que se están tramitando dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, los congresistas manifiestan que un tema de este calibre y complejidad amerita un análisis sosegado, y un proceso participativo. “El avance precipitado de los proyectos obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial”.
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A ello se suma, dicen, que la pandemia del COVID-19 le ha impuesto al Congreso nuevas dificultades para cumplir sus funciones constitucionales. “Nos preocupa que mientras estamos trabajando en la virtualidad y ocupados en gran medida en la búsqueda de soluciones a la crisis de salud pública y a la recesión económica, se avance en un proceso tan delicado sin que este sea sometido al necesario control político. No existe fundamento lo suficientemente sólido para avanzar sin ningún tipo de precaución en la implementación de los pilotos”.