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Mientras que Ernesto Macías, presidente del Senado, ya tiene claro que conformará una comisión accidental para estudiar las objeciones parciales que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, el presidente de la Cámara de Representante, el liberal Alejandro Carlos Chacón, todavía no da a conocer cuál será su procedimiento una vez empiecen las sesiones ordinarias en el Congreso, a partir del 16 de marzo.
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“Nos corresponde, en protección del Congreso, y según los planteamientos que hace el procurador general, las objeciones del presidente, y el mismo fallo de la Corte Constitucional, revisar detalladamente qué trámite debe surtirse: si se hace el requerimiento a la Corte o si se debe dar trámite a las objeciones”, dijo a la Revista Semana el presidente de la corporación.
En ese sentido, el representante rojo estudia la opción de elevar una consulta sobre las objeciones al tribunal constitucional para descartar que la decisión tomada por el Jefe de Estado al declarar su inconveniencia no estén disfrazadas alrededor de un reparo jurídico del que la Corte ya se manifestó diciendo que el proyecto de ley es exequible.
“La inconveniencia tiene que ser, basado en lo social, en lo político y en lo fiscal, no en lo jurídico y constitucional. Tenemos que estudiarlo muy bien, para no hacer que los congresistas caigan en alguna falta tal como lo ha advertido el procurador”, advirtió Chacón.
El jefe del Ministerio Público, un día después de la alocución presidencial, manifestó que la decisión del mandatario “va a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y a abrir un espacio de inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. Abre un debate inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien, en últimas, termine resolviendo este problema”.
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Son varias las interpretaciones que se han hecho respecto a las implicaciones del regreso de la ley estatutaria, para el estudio de las objeciones, al Congreso. La Ley Quinta de 1992 determina que el proyecto se hunde en su totalidad si alguna de las dos cámaras no aprueba los reparos. Sin embargo, Macías sostiene que hay una sentencia de la Corte Constitucional que permite la interpretación de archivar las objeciones presentadas y no la totalidad de la ley, en este caso eventual.
“Hay una sentencia de la Corte que define que cuando no hay una decisión en las dos cámaras se entiende que lo que se archiva es lo presentado. Yo le veo lógica, por ejemplo, en este caso de 159 artículos, hay seis objetados, por lo que no veo que sea justo que por seis puntos se hunda toda una ley estatutaria tan importante”, dijo a Blu Radio Macías.
Esa misma teoría la sostiene el Ministerio del Interior, que luego de un análisis de la jurisprudencia, de acuerdo con la jefa de esa cartera, Nancy Patricia Gutiérrez, los artículos objetados, de no llegar a un consenso entre las dos cámaras, desaparecerían. “La Ley Quinta se refiere al archivo del proyecto de las objeciones hechas en la totalidad de la ley y no parciales, como fue lo que se hizo”, dijo la funcionaria.
Frente al derecho a réplica de la oposición para controvetir la alocución presidencial del pasado domingo, la ministra manifestó que “el discurso de la oposición quiere desvirtuar una competencia que tiene el presidente y proviene de la separación de poderes, eje central de la democracia”, comentó, asegurando a la vez que aquí no hay un choque de poderes, como lo sostuvo la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde).