Propuestas del Centro Democrático: ¿realistas o para dilatar?

El uribismo plantea cuatro puntos que, considera, se deben modificar del acuerdo de paz de La Habana entre Gobierno y Farc. Análisis de qué significa cada propuesta y qué tan viable es.

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, tras la reunión del miércoles con los delegados del Gobierno. / Archivo particular
El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, tras la reunión del miércoles con los delegados del Gobierno. / Archivo particular

Conocido el documento del Centro Democrático, denominado “Bases de un acuerdo nacional de paz”, que contiene los lineamientos básicos de lo que, según ese partido, se debe renegociar, reorientar o precisar en el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, bien vale la pena analizar a fondo los alcances de esas propuestas y, lo que es más importante, su viabilidad a la luz de lo pactado. (Vea el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Son cuatro los ejes de la propuesta uribista: justicia, reforma rural, participación política y narcotráfico. “Este no es un tema de retoques cosméticos”, dijo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe al presentar el documento. Y aunque el escenario actual sea de diálogo y búsqueda de consensos con el Gobierno, de entrada queda la impresión de que hay inamovibles de parte y parte que hacen compleja la discusión. (Lea: Uribe entregó propuesta final para lograr Acuerdo Nacional de Paz)

El uribismo plantea, por ejemplo, el desmonte total del Sistema de Justicia Transicional establecido en los acuerdos de La Habana e incluso, dado el caso, una reforma a la Ley de Víctimas en su componente de restitución de tierras. Falta ver hasta dónde están dispuestos a ceder unos y otros, en un tire y afloje que también incluye a las Farc. O, como dijo el mismo presidente Santos, hasta qué punto esas propuestas del uribismo son realistas o de verdad realizables, y no se trata, como sugieren algunos, de dilatar la renegociación. Lo cierto es que el tiempo apremia y la presión ciudadana en las calles sigue expresándose a todo pulmón. (Lea: Los puntos que el uribismo pretende renegociar)

Desarrollo rural integral, una nueva institucionalidad

Respecto al capítulo de tierras, el Centro Democrático presentó una serie de observaciones que no pueden ser calificadas como propuestas, pues no hay una solución a las dudas que dice tener. El planteamiento general parte de que la reforma rural integral (RRI) de la cual habla dicho acuerdo debe cumplir con unos mínimos de respeto por la “institucionalidad y los principios democráticos”. Ante lo cual, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, contestó desde la perspectiva técnica: “En términos generales, muchas de las inquietudes ya están contenidas en la actualidad, bien en el acuerdo bien en la ANT. Hay mucha demagogia y pocas propuestas que alternen la realidad”.

El documento del uribismo afirma que la RRI debe reconocer la existencia de la producción empresarial de mayor escala. A lo que Samper contestó: “El acuerdo la reconoce y no atenta contra la producción a gran escala”. El documento de Uribe dice que la RRI se centra en la redistribución de la tierra y que eso no disminuye la pobreza. Samper responde que no es cierto que se centre en la redistribución, y explica que tiene dos enfoques: uno de distribución de la tierra y otro para llevar la reforma rural al campo. “El primer paso lógico es formalizar la propiedad y luego implementar medidas de desarrollo rural, como vías, escuelas, puestos de salud, subsidios, etc.”.

El Centro Democrático plantea que el Estado debe respetar el derecho a la propiedad privada y promover la asociatividad entre pequeños propietarios y grandes productores. Samper puntualiza que ambos temas están incluidos en el acuerdo: “El acuerdo es una reafirmación de la propiedad privada y la misión misma de la ANT es la de crear factores de asociatividad entre pequeños y grandes propietarios”.

El uribismo plantea que los beneficiarios de la RRI y sus programas, así como el concepto de baldíos, deben caracterizarse en una ley. Samper considera que en la actualidad la Ley 160 de 1994 define quiénes pueden ser beneficiarios de este tipo de programas y que las priorizaciones deben quedar en manos de la junta directiva de la ANT, porque si se hiciera por ley sería muy difícil ajustar la priorización de zonas. Frente a los baldíos, Samper contesta que la definición de baldíos debe ser una política pública y no un aparte del acuerdo de paz.

El documento del Centro Democrático también dice que los baldíos ocupados de buena fe deben ser formalizados y no hacer parte del fondo de tierras. Ante lo cual contesta Samper Strouss: “Hoy en día sólo se formalizan los baldíos ocupados de buena fe”, y explica que es necesario que entren al fondo de tierras porque es la única manera de construir el inventarios de los baldíos de la Nación.

Otra de las preocupaciones de Uribe es la falta de delimitación de los alcances de la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función ecológica y la expropiación administrativa por motivos de interés social o interés público. Al respecto, el director de la ANT expresó que estos mecanismos no han sido modificados en sus alcances o naturaleza. También dice el documento que las propiedades conseguidas por las Farc sirvan para reparar a las víctimas, a lo que responde Samper que el capítulo de víctimas incluye el compromiso de que los bienes obtenidos por la guerrilla servirán para este fin.

Uribe también pide revisar el concepto de compradores de buena fe exentos de culpa que establece la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras. Así como exige que el análisis del contexto no sirva como prueba del despojo. Y responde Samper que actualmente se está revisando el concepto de los propietarios de buena fe, pero advierte que los análisis de contexto deben ser utilizados para esclarecer el fenómeno del despojo o se violarían los derechos de las víctimas. Al final, el documento del uribismo cuestiona figuras como las zonas de reserva campesina o el proceso de levantamiento de un nuevo catastro rural. Samper defiende estas dos figuras como instrumentos que permitirán un mejor desarrollo del campo colombiano.

Narcotráfico y aspersión

Sobre el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, el planteamiento del uribismo pone sobre la mesa dos grandes debates. En primer lugar está el del narcotráfico como delito conexo. En La Habana se acordó que la guerrilla utilizó el tráfico de droga como un medio para financiar una lucha política y, por tanto, este se considera un delito conexo al de rebelión. Sin embargo, la oposición insiste en que hacer esta concesión abre la puerta a la impunidad, por lo cual el narcotráfico debe considerarse como delito autónomo no amnistiable.

Para el analista Camilo González Posso, director de Indepaz, las propuesta en este sentido son bastante radicales, sobre todo en materia de las condiciones que les ponen a las Farc, y son desacertadas. “Están completamente equivocados, porque ya está establecido en el Código Penal, la jurisprudencia de la Corte Suprema y el acuerdo, que el narcotráfico es un delito común que no puede ser considerado delito político y que hay que ver en qué condiciones se puede establecer conexidad con la rebelión”. asegura el experto al señalar que en el caso de los paramilitares, por ejemplo, se estableció que si existían pruebas de que la organización no se había formado con propósitos de lucro individual, entonces la justicia transicional podía aplicarles beneficios en justicia y paz. “Eso no es diferente frente a lo pactado en el Acuerdo Final”, agregó.

El otro aspecto es el del enfoque de la lucha contra las drogas, que el presidente Juan Manuel Santos ha insistido en reorientar hacia una política que tenga como eje central las personas, su salud y bienestar, sin aspersiones aéreas. Sin embargo, para el Centro Democrático el error en este punto está en que no se puede solo privilegiar la erradicación manual voluntaria, sino que se debe reanudar de manera inmediata la aspersión aérea con glifosato. Además, sostienen, es preocupante que se abra la posibilidad de renunciar a la acción penal contra los cultivadores.

Sobre este tema, González Posso señala que si algo ha dejado claro la lucha contra las drogas en Colombia, es que la aspersión no ha servido para acabar con el problema. “La guerra química ha mostrado en los últimos años que es completamente ineficiente y que va en contra del derecho humanitario. Lo que se pactó en el acuerdo es simplemente una reiteración de lo que han sido las recomendaciones de distintos organismos internacionales”, explica al manifestar que el gran error del planteamiento del Centro Democrático es seguir criminalizando al campesino: “Las políticas que se han implementado en Colombia han demostrado que son benévolas con los lavadores. Los grandes narcotraficantes viven felices, mientras que al que se persigue es al campesino”, concluye, insistiendo en que las propuestas no solo son inviables sino también arcaicas.

Participación en política y curules de paz

Las modificaciones propuestas por el Centro Democrático sobre participación en política tienen que ver, en primer lugar, con quiénes podrán ocupar las 16 curules de las circunscripciones especiales de paz asignadas a los territorios históricamente afectados por el conflicto. Las víctimas, señala el uribismo, deben ser sus mayores beneficiarias por encima de otros candidatos. Y aunque eso establece el acuerdo pactado con las Farc, el partido del expresidente Álvaro Uribe rechaza que se excluya la participación de partidos políticos en el proceso electoral y se limite a candidatos inscritos por organizaciones de víctimas o de campesinos, o por grupos de ciudadanos.

Pero para Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, esa opción haría inviable la convivencia entre partidos. “Es claro que, como partidos, podrán ir a esas regiones a apoyarlos y hacer campaña a favor de ellos, pero no inscribir candidatos, porque, entonces, si resultan electos quedarán atentos a las instrucciones que les indique su partido”, explicó Londoño.

Y es que la finalidad de este punto es la ampliación de unas curules en la Cámara de Representantes, limitadas en el tiempo por dos períodos legislativos, como una medida de reparación, así que “lo que no queremos son nuevas peleas entre partidos en territorios ya de por sí afectados por la guerra”, explica Londoño.

En el Acuerdo de Paz de La Habana se busca, además, desligar el umbral del 3 % como requisito para mantener la personería jurídica con la superación del mismo para acceder al Congreso. Según el Gobierno, la finalidad de este punto es la de garantizar una mayor participación de los grupos minoritarios. Para el uribismo, no obstante, debe ser otro lineamiento básico que debe replantearse porque, según dicen, puede resultar pernicioso para la democracia.

En el documento entregado el miércoles al jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, se advierte que “la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos políticos abrirá el espacio para el fortalecimiento de las microempresas electorales que tanto daño hicieron al país”. Londoño explica que se trata de una mala interpretación por parte del Centro Democrático, porque no se está eliminando el umbral, cuyo debate se dará en la comisión que discuta la reforma política integral, una vez salga adelante el Acuerdo de Paz.

El Centro Democrático cuestiona que no esté en manos del Congreso la reforma al sistema electoral. El Acuerdo de Paz propone la conformación de una comisión electoral con siete expertos de diferentes entidades para que ejerza esta función. El uribismo dice, por su parte, que cualquier comisión de expertos que se cree con ese fin debe ser constituida por el Congreso, asesorado, eso sí, por expertos. Afirma el uribismo, finalmente, que se está condicionando el estatuto de la oposición a la firma del Acuerdo de Paz. “Tras la firma del Acuerdo de Paz, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías (...)”, dice el acuerdo pactado en La Habana. Esa redacción es la que preocupa al Centro Democrático por la presunta condición implícita que impuso el Gobierno para las minorías.

Analistas expertos respondieron que lo que hace el acuerdo de paz es fortalecer el mandato sobre este estatuto, que está en mora desde hace 25 años, con la Constitución Política del 91, que no se ha tramitado. “Nadie le impide a ningún gobierno crear un estatuto de la oposición. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, estuvo 8 años en el gobierno y no fue capaz de hacerlo”, explicó Londoño sobre la crítica en este punto. En conclusión, para Londoño muchas de las preocupaciones del Centro Democrático se derivan de malas interpretaciones del acuerdo final y serían fácilmente subsanables. 

La justicia

El acuerdo de justicia y víctimas fue el más difícil de conciliar en la mesa de negociaciones en La Habana y la propuesta del Centro Democrático lo desbarata por completo. Así de claro se deja en el documento: “Eliminar la denominada jurisdicción especial para la paz”. La iniciativa, de hecho, guarda gran similitud con la manera como fue concebido Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional con el que fueron investigados y juzgados los paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe.

La propuesta, por ejemplo, sostiene que deberían crearse unas “cortes para la paz”, las cuales estarían adscritas al Tribunal Superior de Bogotá. Algo así como las Salas de Justicia y Paz que se crearon dentro de los tribunales superiores. Dice también que la segunda y última instancia sería la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, en Justicia y Paz, la segunda y última instancia es la Sala Penal de esa misma corporación.

Se incluyó, asimismo, la creación de unas “fiscalías para la paz”, una unidad élite de la Fiscalía General de la Nación del más “alto rango”. Para Justicia y Paz, en la Fiscalía se creó una unidad especial sólo para abordar ese proceso con los paramilitares postulados. Esa unidad realizaba (aún realiza) las investigaciones y llevaba a juicio a los exparamilitares ante las Salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores. Lo mismo harían estas fiscalías que sugiere crear el Centro Democrático.

Las sentencias, al igual que se contempló en el programa de Justicia y Paz para quienes admitan responsabilidades y así como se determinó en el Acuerdo Final con las Farc, irían de 5 a 8 años. Si no hay reconocimiento, dice el Centro Democrático, la pena podría ser de hasta 20 años. Lo mismo que indicaba el Acuerdo Final con las Farc. La iniciativa del Centro Democrático dice que la Corte Suprema podrá hacer también revisiones extraordinarias si hay pruebas nuevas. Es decir, no es una segunda instancia como inicialmente decía el mismo documento.

El escrito, en resumidas cuentas, le apuesta a una estructura similar de un esquema de justicia transicional que lleva 11 años en funcionamiento, en el que se han postulado más de 4.400 desmovilizados y, según datos de la propia Fiscalía, apenas 35 sentencias. En cuanto a verdad ha funcionado medianamente, pues si bien se han confesado más de 62.000 hechos, la justicia no ha seguido el mismo ritmo para comprobar esas versiones. ¿Por qué funcionaría entonces un esquema igual para la guerrilla? La respuesta en la propuesta no es clara.