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Veedores y medios de comunicación prendieron las alarmas ante el proceso de contratación llevado a cabo por la Registraduría por más de $120.000 millones para realizar las elecciones de los Consejos de Juventud en el país. Los reparos partían del elevado monto del contrato y la situación del país frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
El proceso electoral, que debía llevarse a cabo en noviembre de este año, fue aplazado para marzo de 2021. Sin embargo, el proceso licitatorio seguía en pie para esta época, según señaló el registrador Alexander Vega: “Aunque se haga esta modificación del calendario electoral, la entidad seguirá adelantando las actividades de apoyo, promoción, difusión y capacitación propias del referido proceso democrático en coordinación con las autoridades del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, con el propósito de adelantar con éxito este ejercicio eleccionario”.
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La determinación de Vega fue criticada, pues el monto era alto y, como se dijo anteriormente, los recursos debían ser destinados para otros asuntos relacionados con la contingencia. Después de un mes de tire y afloje, desde la Registraduría se determinó que el proceso de contratación y electoral quedan suspendidas y se retomarán “una vez se normalice el panorama de salud pública del país”.
A través de un comunicado, la Registraduría anunció el aplazamiento de las elecciones de Consejos de Juventud como un resultado de una reunión en la que participó el presidente Iván Duque, el registrador Vega y las cabezas del ente acusador y de los órganos de control. “La determinación fue producto de un amplio análisis legal y también de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 en el país, que podría afectar el desarrollo del calendario electoral”, declaró la Registraduría.
Por otro lado, la Contraloría, la Fiscalía y el Procuraduría celebraron la decisión que tomó el registrador frente a los comicios: “Las tres entidades reconocen que el registrador general haya acogido las recomendaciones de suspender el proceso para las elecciones de Consejos Municipales, Distritales y Locales de Juventud, desde su etapa preelectoral, para que se realice integralmente en el 2021, cuando las circunstancias del país lo permitan”.
De acuerdo al ente acusador y los órganos de control, la contingencia por el coronavirus afectan el desarrollo normal de los derechos de participación en justas electorales. Asimismo, señalaron que el país necesitaba en estos momentos los recursos para invertirlos directamente en la atención de la pandemia.
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La Corporación Excelencia en la Justicia también celebró la suspensión de la licitación que “pretendía realizar en plena época de pandemia el registrador Alexander Vega Rocha por una suma que asciende a los $120.000 millones”. Según la CEJ, estos recursos “serían fundamentales para atender las dificultades derivadas del covid-19, como las necesidades de poblaciones con mayores dificultades económicas y los grupos marginales que necesitan una atención del Estado colombiano”.
Sin embargo, la Corporación anunció que presentó una tutela en contra del registrador para que suministre información que se le ha pedido y no ha entregado. Entre los datos exigidos están “la bitácora de las visitas que había recibido en su despacho el registrador y si entre ellas se encontraban eventuales proveedores de la citada licitación o de cualquier otra; las razones por las cuales se había declarado la suspensión o el despido de más de 300 funcionarios y si hay razones para vincular esas vacantes a un reparto político; y si ha presentado denuncias penales en el pasado frente a personas que lo han señalado de presuntos actos de corrupción”.