Uribe y los del No estudian a profundidad el nuevo acuerdo de paz

Voceros de los sectores del No en el plebiscito analizan a esta hora el texto del nuevo acuerdo de paz entre Gobierno y Farc. Aunque se escuchan algunas voces que insisten en que no hubo cambios sustanciales, se espera lograr un consenso más amplio que le dé viabilidad política a una refrendación vía Congreso.

Archivo El Espectador

Conocido en su totalidad el texto del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la expectativa se centra ahora en dos cosas: el análisis y, a partir de éste, la posición que asumirán quienes lideraron el No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, y la decisión que se adopte para su refrendación. Es claro que el ambiente hoy es menos hostil y que la polarización política que imperó durante las anteriores seis semanas, que en las redes sociales bautizaron “plebitusa”, ha cedido, aunque todavía se sienten voces radicales que insisten en que todavía se le está concediendo mucho a la guerrilla y que la renegociación no fue más que un “engaño”. (Lean también: Este es el texto del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc)

“Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado, debe unirnos, no dividirnos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el sábado pasado, enfatizando que el resultado adverso en el plebiscito lo que hizo fue dar una nueva oportunidad para buscar un acuerdo más robusto, que suscitara un respaldo ciudadano más amplio y que sentara de manera definitiva las bases de una paz estable y duradera. Por cierto, una vez más, el primer mandatario advirtió que “el cese al fuego es frágil” y “la incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de echar este inmenso esfuerzo al traste”.

Mientras los del No estudian las 310 páginas del nuevo acuerdo, las expresiones que se han escuchado hasta ahora, en su mayoría, son de mesura y de dar un compás de espera mientras se analiza el  documento, aunque parece haber coincidencia en pedir que no se presente aún como acuerdo definitivo y se deje la puerta abierta a ajustes adicionales. El expresidente Álvaro Uribe, tras su reunión con Santos el fin de semana, reveló que le había pedido directamente que “los textos no tengan alcance definitivo” y que el acuerdo “sea puesto en conocimiento de los voceros del No y de las víctimas”, con el fin de exponer cualquier observación o solicitud de modificación. (Lea también: Las claves del nuevo acuerdo de paz con las Farc)

Eso sí, en el uribismo hay algunos que prefieren seguir siendo escépticos. “Anuncios no dejan tranquila a la oposición. ¿Quién está tranquilo con Santos-Farc si nos han engañado todo el tiempo?”, escribió en Twitter la representante a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo. A su vez, el senador Carlos Felipe Mejía se refirió a un trino de Álvaro Leyva, uno de los asesores jurídicos de la mesa de negociación de La Habana, en el que hace referencia a la versión de que lo acordado no entrará a hacer parte del bloque de constitucionalidad del país, una de las peticiones de la oposición.

Según Leyva, eso no es cierto, pues “el artículo 93 sigue vivito y coleando”, haciendo referencia a la norma de la Carta Política de 1991 que dice que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Para el senador Mejía, se trata entonces de “un engaño”.

Como dijo el mismo presidente Santos, en el nuevo acuerdo sólo quedan los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la idea es incorporar, vía acto legislativo, un artículo transitorio que señalará que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final” y que “las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado”. Su vigencia irá desde su incorporación a la Constitución hasta la finalización de tres períodos presidenciales posteriores, como una clara forma de blindar lo pactado ante futuros gobiernos que quisieran modificarlo.

Además, el nuevo texto renegociado en La Habana mantiene la postura de que el acuerdo final para la terminación del conflicto sea firmado como “acuerdo especial” en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y que se depositará, “inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra, reemplazando en su totalidad el anterior depósito”, todo ello con los alcances definidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En otras palabras, todavía queda mucha tela de donde cortar. Y más sabiendo que el punto de la elegibilidad política se dejó intacto, es decir, que los guerrilleros condenados por crímenes de lesa humanidad podrían llegar al Congreso, algo que se había convertido en un inamovible para los voceros del No, quienes consideran que ese sería un mensaje de impunidad. Se esperan entonces los pronunciamientos de esos sectores para saber si el nuevo acuerdo tiene el suficiente consenso político para ser llevado directamente al Congreso para su refrendación, o si, por el contrario, siguen las diferencias y toca, como ya piden algunos, pensar otra vez en refrendación popular, bien sea con un plebiscito o con cabildos abiertos.

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