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El Congreso de la República no suma ni una semana sesionando y ya aterrizó -una vez más- un controversial proyecto con el que se ha insistido, sin éxito, en al menos seis oportunidades durante la última década. Se trata de la iniciativa que da vía libre al voto de los miembros de la Fuerza Pública, un derecho que, dada su naturaleza no deliberativa, les está prohibido desde 1932, y que ahora, en pleno año preelectoral, busca ser reanimado.
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Detrás del proyecto se encuentra un viejo conocido en la materia: el senador Édgar Palacio Mizrahi, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, quien radicó la misma propuesta dos veces en 2020 y que ahora espera que, aludiendo al adagio popular, “la tercera sea la vencida”. La simpleza del articulado (apenas dos puntos) contrasta con la complejidad del debate que se abre.
En efecto, la iniciativa propone una reforma constitucional -es decir, implica no cuatro, sino ocho debates en el Congreso- para que militares, policías, miembros de la Armada y la Fuerza Aérea puedan acudir a las urnas. Eso sí, se advierte que mientras estén en servicio activo no podrán intervenir en actividades o debates de partidos políticos. Según su autor, el proyecto se busca corregir un “adefesio constitucional” y restablecerles a los miembros de la Fuerza Pública “un derecho humano fundamental”.
“Estamos hablando de 500.000 personas que hoy no son considerados seres humanos. Es muy delicado. Ningún derecho humano puede restringirse, ni siquiera el mismo titular puede rechazarlo. Desde hace 80 años tenemos a los miembros de las Fuerzas en un nivel subhumano, ni siquiera con el carácter de ciudadanos. Hay una contradicción jurídica, porque la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos reivindican el derecho al voto y hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad”, dijo.
Si bien Palacio hace referencia a 500.000 uniformados, e incluso en su proyecto se habla de 700.000 integrantes de la Fuerza Pública -aduciendo que ese número de nuevos votantes “significaría una opción participativa relativamente mínima respecto de la sociedad civil”-, lo cierto es que se trata de cifras erróneas que no permiten dimensionar el asunto. Según información del Ministerio de Defensa conocida por El Espectador, con corte al 16 de marzo de 2021, los miembros de la Fuerza Pública ascendían a 399.528 personas (ver infografía al final).
Más allá de la diferencia numérica, lo cierto es que solo esos 399.000 uniformados -incluso 300.000 menos a los que hace referencia el senador en su proyecto- sí representan una cifra significativa a nivel electoral. Se trata de casi la mitad de los votos que sacó Álvaro Uribe en 2018, cuando se hizo el parlamentario más votado en la historia, con 875.554 apoyos, o casi una tercera parte de los votos (1,1 millones) que llevaron a Claudia López a la Alcaldía de Bogotá. Esos 399.000 uniformados corresponden también a más del potencial electoral de departamentos como Casanare (299.802), Arauca (210.224) o Chocó (326.618), según datos de la Registraduría.
En un texto publicado en el portal Razón Pública hace exactamente un año -cuando la controversia alrededor del voto militar volvió a estar en boga-, el exmagistrado José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, alertaba que permitir la “partidización” de la Fuerza Pública sería un grave error, pues su independencia partidista y distancia política garantizan que sea una institución civilista, respetable e imparcial.
“Autorizar que los militares en ejercicio sean deliberantes y tengan derecho al sufragio, acceso a los procesos electorales y pertenencia a las campañas partidistas los dividiría y los comprometería con intereses distintos de los institucionales, que son los que les corresponden. El objetivo básico de esas restricciones en tiempo de servicio activo reside en la seguridad jurídica, la libertad política y la plena igualdad de los electores, quienes no deben ser coaccionados por las armas, ni siquiera debe existir el riesgo o temor de que lo sean”, opinó.
Sin embargo, parece que la iniciativa sigue sumando adeptos. Quien fuera el primer civil que asumió como ministro de Defensa, Rafael Pardo, aseguró a este diario que la iniciativa es viable para oficiales, suboficiales y personal ejecutivo, mas no para los reclutas, que están por corto tiempo. “Se deben prohibir reuniones políticas en los cuarteles, como en cualquier entidad pública”, dijo, advirtiendo, no obstante, que la iniciativa no tiene muchos chances de escalar hasta una ley.
A su turno, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), insistió en que los uniformados no pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda. Para Ruiz, no permitir el voto de la Fuerza Pública es un exceso constitucional y está demostrado, por la experiencia internacional, que ser una fuerza deliberativa no representa un riesgo para la democracia. “Ya es tiempo de hacer las modificaciones al artículo constitucional y permitir este derecho, reglamentándolo como en otros países para que no se dé el proselitismo partidista al interior de los cuarteles”.
El Espectador también consultó al profesor universitario y analista político Mauricio Jaramillo, quien calificó como “necesaria” la apertura del debate, señalando que los uniformados han demostrado ser no deliberantes y estar apegados a la Constitución. “No es ningún retroceso, ni se les estaría entregando ningún poder desmedido, solo se estaría aceptando un principio de realismo, y es que los militares pueden tener diferentes ideologías, y pueden optar por una u otra”, explicó.
Con este intento, serán siete las veces que se tramitará la iniciativa en el Congreso. Pese al optimismo que parece congregar y al apoyo de nueve congresistas de diferentes bancadas, el senador Édgar Palacio Mizrahi admite que el propio presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y hasta el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del partido de gobierno, el Centro Democrático, ya le expresaron que no están de acuerdo con la iniciativa. Incluso, señala que le pidieron que no lo volviera a radicar.
¿Por qué insistir en ello pese a tan férrea oposición? “Creo en la fuerza de los argumentos. Uno no puede limitar derechos de las personas. Por mayoría no se puede prohibir un derecho, si no están de acuerdo que se lo digan a Colombia y me derroten con argumentos”, dice Palacio, quien precisa también que la iniciativa, en caso de ser aprobada, no comenzaría a aplicar en las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, sino hasta las regionales de 2023. ¿La tercera será la vencida? El debate apenas comienza y el tiempo apremia.
Jgonzalez@elespectador.com