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Los promotores de la Consulta Anticorrupción, creyendo en la palabra del presidente Iván Duque, contaban con que los siete puntos de la iniciativa fueran una realidad para finales de 2018. Ya habían sacado los históricos 11’600.000 votos en el referendo de agosto de ese año y, además, participaron en la Mesa Técnica interpartidista, que trabajó en la construcción del paquete anticorrupción que se radicó en conjunto con el Gobierno un mes después de la cita en las urnas.
Para la época, ninguna de las iniciativas se convirtió en ley de la República y, en cambio, una de las propuestas con más consentimiento de la ciudadanía, la de la reducción de salarios a congresistas, quedó sepultada. Igual, la limitación a tres períodos para los corporados (es decir, cargos como los de los congresistas) naufragó y tuvo que ser incluida en la reforma política, que seguía su tránsito en el segundo ciclo de debates en marzo de 2019.
La ilusión de los impulsores de las iniciativas anticorrupción era, entonces, que 2019 fuera un año con más luz para los proyectos en el Congreso, con el propósito de cumplirles a los millones de votantes que participaron de la consulta popular. No obstante, en voz de ellos, el corte de cuentas no fue el esperado. “El balance de este 2019 es francamente triste”, atinó a decir la representante de los verdes, Juanita Goebertus.
Además de la reducción de los salarios, iniciativa cuya discusión no pasó de los impedimentos, a los proyectos archivados se les suma el de la reforma política, que se hundió en su primer debate de la segunda fase de trámite con la iniciativa anticorrupción, y que incluyó la limitación de los períodos de los corporados, y la iniciativa “antimermelada” —que buscaba hacer obligatorios los presupuestos públicos con participación ciudadana— y que ni siquiera logró aprobarse en su primer debate en la Comisión Cuarta del Senado.
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Esta fue una de las propuestas que se quedó esperando el mensaje de urgencia del presidente. Aun así, “fue radicado nuevamente y en este período legislativo tampoco tuvo se discutió. Se espera que el próximo período empiece y se vote, pues este es un mandato clave para incentivar la transparencia y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan el presupuesto de los territorios”, explica Angélica Lozano, senadora y una de las promotoras de la consulta.
Y a este grupo de iniciativas archivadas, por un momento, se le sumó el de cárcel para corruptos, añadido al proyecto de la Fiscalía que pretende aumentar las penas de algunos delitos y otros puntos para la lucha contra la corrupción, que al final de la primera legislatura se vio truncado luego de que Senado y Cámara lo aprobaran, aunque en medio del trámite de conciliación se hundiera por una confusión que fue la estocada final para quitarle aire a la propuesta. Pese a esto, un proyecto con la misma intención —de eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios que atenten contra la administración pública— siguió con vida en el Capitolio. Hay quienes dicen que el clamor ciudadano consignado en las manifestaciones del paro nacional, que comenzó el pasado 21 de noviembre y que recoge, entre otros motivos, la insatisfacción por los hechos de corrupción, fue el detonante en estos días para presionar a los parlamentarios a que le metieran el acelerador y menos peros a los discursos para darle avance a las iniciativas estancadas.
Como prueba de ello, por ejemplo, esta iniciativa fue aprobada en su último debate en el Senado, aun cuando hubo intentos de dilatar su discusión hasta 2020. Todavía queda el proyecto de la Fiscalía, que, además del régimen de inhabilidades, recoge otros temas de aumento de penas, manejo de la información reserva y otros. Igual panorama tuvieron los proyectos de pliegos tipo, que eliminará las contrataciones a dedo, y el que obliga a publicar la declaración de rentas y bienes.
Una situación que fue cuestionada por la representante verde, Juanita Goebertus, es que, a su juicio, el trámite de estas iniciativas duró más de un año en el Capitolio hasta ser aprobadas con diligencia en medio de las protestas: “Es increíble que luego del paro nacional y las sucesivas expresiones ciudadanas, el Congreso pasa estas propuestas”, manifestó en su momento.
De estos tres últimos puntos mencionados, el de la declaración de rentas y bienes fue conciliado antes de entrar a las sesiones extras, mientras que el de pliegos tipo quedó para marzo de 2020 y el de cárcel a corruptos está en duda luego de que el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, continuara sesionando el pasado miércoles y dando trámite a este procedimiento del proyecto, aun cuando minutos antes la sesión fue levantada por su colega de la Mesa Directiva, María José Pizarro, al declarar que no había quorum suficiente. “Pedimos que se anunciara la conciliación para que hoy se vote y así garantizar que no esté manchada por vicios de procedimiento”, advirtió Goebertus.
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Y sin dejar de lado lo positivo, la representante destaca, por ejemplo, que el mandato de la declaración de renta, que exige también la publicación de otros documentos como el registro de conflicto de intereses, se amplió a todos los funcionarios de elección popular, así como a fiscales, jueces de la República, rectores de universidades públicas y todo aquel funcionario que administre o gestione bienes y recursos estatales. Sin embargo, para las promotoras dentro del Congreso tiene un pero: “Se eliminó la obligación de hacer pública la información relacionada con los familiares de los sujetos obligados”. Es decir, “ya no hay que declararse impedido en proyectos que pueden beneficiar a tíos, primos o financiadores”, precisó Goebertus. Añade ella: “Y recordemos que el proyecto que hace obligatoria la rendición de cuentas a congresistas no incorporó los elementos de hacer pública la agenda, el voto o las partidas presupuestales”. Así mismo, no son solo los parlamentarios quienes tendrán esta responsabilidad, sino también diputados, concejales y ediles. Este mandato se encuentra en revisión constitucional.
En la otra orilla, el Gobierno hace un balance positivo del paquete anticorrupción y se justifica en la nueva relación que tendieron con el Congreso, por lo que, en voz de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, los proyectos avanzaron conforme a la disposición de los parlamentarios. “Vale la pena decir que después de un año y medio de trabajar estas iniciativas, es un logro haber sacado adelante las propuestas. Con esto terminamos esta discusión”, espetó, sembrando dudas acerca de los proyectos hundidos. El optimismo sigue del lado de los verdes, que continuarán trabajando para que los siete mandatos sean leyes de la república. “Ojalá el 2020 nos traiga mayor voluntad política del Ejecutivo y Congreso para sacarlos adelante”, dijo Goebertus.