La inclusión digital como política social

El principal reto es profundizar el uso de productos digitales para entregar subsidios en dinero y ampliar la red de aceptación de pagos digitales para que los beneficiarios puedan utilizar el dinero sin retirarlo.

Foto: cromaconceptovisual en Pixabay

El 27 de abril de este año, en medio de los confinamientos estrictos decretados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19, la señora Maritza Valencia, oriunda del municipio de Miranda (Cauca), recibió en su aplicación de Movii del celular una transferencia de $160.000 de parte del programa Ingreso Solidario del Gobierno Nacional. Con un par de días de diferencia, a 550 kilómetros de ahí, en Córdoba, la señora Lenis María Cueto recibió un mensaje en su celular notificándole que había recibido una transferencia de Ingreso Solidario en su cuenta de Daviplata. Esa misma semana, Edith Mazabel, madre cabeza de familia, vendedora ambulante y residente de la localidad de Engativá, recibió a su monedero electrónico una transferencia de Ingreso Solidario y otra del programa Bogotá Solidaria en Casa. Las tres mujeres tienen en común que fueron identificadas como pobres extremas por la base maestra del DNP, unas semanas antes no estaban inscritas en ningún programa de subsidios y no estaban bancarizadas. Hoy son beneficiarias de las transferencias monetarias de emergencia del Estado.

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Con los hogares de Maritza, Lenis y Edith, en tan solo tres meses, se sumaron cerca de 3,5 millones de personas a los programas de emergencia, duplicando así la base total de transferencias monetarias en Colombia, que hoy asciende a casi 7 millones de hogares. La última vez que en el país se implementó un programa de esta escala, en 2012, con la tecnología y capacidad operativa de ese entonces, el Departamento para la Prosperidad Social realizó más de 2.200 operativos masivos en estadios, colegios y plazas de zonas rurales y urbanas con una duración de entre uno y diez días, dependiendo del tamaño de cada municipio, para lograr inscribir a 2,5 millones de hogares en Familias en Acción. El operativo de las transferencias de emergencia por el COVID-19 demoró la mitad del de hace 8 años y no requirió un solo evento masivo.

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Los avances en la penetración de teléfonos móviles de la última década, la innovación por parte de varios operadores en productos financieros digitales de bajo costo y los aprendizajes de dos décadas por parte de estos y de entidades públicas en programas de transferencias monetarias permitieron derribar obstáculos y desarrollar capacidades que seguramente van a partir en dos la historia de la política social en Colombia: estas innovaciones se pueden aplicar en otras áreas de la política social. De todas estas destacamos aquí tres de ellas: la digitalización de los procesos presenciales masivos de inscripción y enrolamiento a productos financieros, la profundización en la inclusión financiera a través del concurso de varios operadores con productos diferenciados y, en el caso de Bogotá, la creación de una transferencia cercana a un ingreso mínimo garantizado que combina fuentes de distintos niveles de gobierno y entrega montos diferenciados, según la intensidad de la pobreza.

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Lo primero que se hizo, por parte del DNP, fue conformar la llamada base maestra, que identifica a la población pobre y vulnerable que no recibía transferencias monetarias, y luego ubicar su número y tipo de celular. Para este tipo de programas no existían mecanismos masivos para verificar digitalmente la identidad de las personas y, además, en esta población hay una rotación frecuente de la línea de celular, porque gran parte utiliza planes de celular prepago y la trazabilidad de la compra de una tarjeta SIM a quien efectivamente la usa es difícil de hacer. Para superar esta dificultad en la virtualidad, y al tiempo minimizar el riesgo de suplantaciones, se hicieron cruces diarios con distintas fuentes que tenían el contacto de los beneficiarios, incluyendo datos de empresas de telecomunicaciones, y se diseñaron mecanismos para verificar la identidad de las personas para poder enrolarlos sin hacer un solo trámite presencial.

La segunda se logró con la estrategia diseñada por el Ministerio de Hacienda y con los operadores de productos digitales Movii, Daviplata y Bancolombia (Nequi y Ahorro a la Mano), y de otros como Bancamía y Banco Caja Social. Al respecto, Hernando Rubio, cofundador de Movii, dijo: “No solo se puede lograr entregar subsidios masivamente por medios digitales, sino con esto hacer una verdadera inclusión financiera. Los beneficiarios de Movii pueden usar el dinero a través de una tarjeta. Esto permitió que solo el 25 % de los beneficiarios retiraran el dinero y el resto lo usaran sin retirarlo”.

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En Bogotá, la señora Edith Mazabel recibió, además de su transferencia de Ingreso Solidario, un giro complementario del Distrito, que en total le dejaron en la misma semana $233.000 en su cuenta de Daviplata. Esto fue posible porque el programa Renta Básica del Distrito, haciendo uso de la base maestra del DNP, pudo diseñar una renta básica a partir de la estimación del saldo a cada hogar, de tal forma que en la transferencia total concurren recursos de la nación y del Distrito alrededor de montos diferenciados, según la intensidad de la pobreza. Todos los hogares pobres que son beneficiarios de la Renta Básica reciben en total, sumando todos los programas de la nación y del Distrito, la suma de $233.000, y todos los que son clasificados como vulnerables reciben $160.000. Esta innovación permite mejoras en eficiencias y en equidad, y es la punta de lanza si se quiere dar paso al diseño de un ingreso mínimo garantizado en el futuro cercano.

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Estas tres innovaciones hoy nos suenan sorprendentes a los que hemos trabajado en instrumentos para la política social y en la implementación de este tipo de programas. Hace pocos meses no las habríamos creído posibles. Sin embargo, están muy lejos de ser suficientes, la carrera que estamos corriendo es en una montaña muy empinada y no hay un panorama claro sobre cuánto falta para llegar a la meta. Las estimaciones del choque COVID-19 en la pobreza de Colombia oscilan entre 5 y 13 puntos porcentuales, lo que nos llevaría a casi la mitad de la población en situación de pobreza en 2021. La velocidad con la que está aumentando la pobreza puede estar siendo mayor a la expansión de estos programas que deben seguir adaptándose sin descanso a la nueva y cambiante foto social, al tiempo que ser complementados con programas de inclusión productiva y de recuperación del empleo. Para lograr esta adaptación, el principal desafío operativo es lograr una ventana de actualización rápida para incluir hogares que se hayan empobrecido con la crisis y la integración de las frecuencias y los montos de pago que hoy tienen los programas de transferencias monetarias para disminuir costos.

Para que además estos programas se traduzcan en una mayor inclusión financiera, el principal reto es profundizar el uso de productos digitales para entregar subsidios en dinero y ampliar la red de aceptación de pagos digitales para que los beneficiarios puedan utilizar el dinero sin retirarlo. En esto último, tanto el DNP como la Unidad de Regulación Financiera del Minhacienda vienen trabajando.

Los nombres están cambiados para guardar la confidencialidad de los beneficiarios.* Socio fundador de la firma Inclusión SAS. Participó en el diseño e implementación de Bogotá Solidaria en Casa.** Consultora de la firma Inclusión SAS. Participó en la creación de la base maestra en el DNP y en el diseño e implementación de Ingreso Solidario.