Elección de un fiscal general que viene de ser subalterno del presidente, gobierno por decreto con base en facultades de emergencia, ataque frontal contra la Corte Suprema de Justicia, elección como procuradora general de otra subalterna... Un claro desbordamiento del poder presidencial.
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A pesar de ser un tema tan grande y tan evidente, poco se discute. Son voces aisladas las que vienen llamando la atención sobre el problema, como en una columna de junio, con este mismo nombre, donde planteaba que “en el corto período de esta pandemia, el aumento del poder presidencial es quizás el más acentuado de los últimos 70 años en Colombia”.
Tuvo que ser una entidad de la sociedad civil la que, la semana pasada, hiciera sonar las alarmas, llamando las cosas por su nombre. Transparencia Internacional, entidad de enorme credibilidad en el mundo, y Transparencia por Colombia emitieron un pronunciamiento en que “expresan su profunda preocupación por la creciente concentración del poder en el presidente de la República, en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas”. Indicó además la presidenta de Transparencia Internacional: “Durante la pandemia se ha identificado una tendencia de aumento de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en muchos países; sin embargo, nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”.
Semejante desequilibrio de poderes no es sano para ninguna democracia, menos para la colombiana, que tiene al frente grandes retos institucionales. Coincide con el momento en que el presidente les da entrada al Gobierno a otros partidos —rompiendo su promesa de “no mermelada”—, pero hasta ahora no ha sido una coalición programática para impulsar reformas importantes en el Congreso, sino para concentrar entidades de control —defensor del Pueblo y procurador general— en cabeza de un amigo y una subalterna del presidente, respectivamente.
Se da en un momento crítico para el Estado de derecho, en que los problemas jurídicos del expresidente Álvaro Uribe están poniendo a prueba la capacidad del Estado para juzgar al hombre más poderoso del país. Y en medio de una crisis económica y social de grandes proporciones, generada por la pandemia del coronavirus, en que seguramente vendrán movilizaciones sociales y demandas de gasto público que requieren altos niveles de legitimidad del Estado para manejarlas democráticamente.
Y en un momento delicado de la historia política, de transición luego de que el proceso de paz con las Farc terminara el duopolio de 70 años de la derecha y la centroderecha. En que el candidato que pasó a segunda vuelta junto con Iván Duque y obtuvo cerca del 80 % de los votos de este será candidato en 2022 con la bandera de que este es un Gobierno ilegítimo, representante de una “élite corrupta”. Millones de votos por Iván Duque fueron por cuenta del temor a Gustavo Petro y, por ende, su principal papel histórico es hacer todo lo que esté en sus manos para no “entregarle el país”. Eso no será fácil si Duque entrega en bandeja la bandera de la lucha contra el autoritarismo.
