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4 Aug 2021 - 5:15 a. m.

El debate en torno a la vacunación

Ante la expansión de la variante delta y el endurecimiento de medidas que buscan contenerla, el mundo comienza a presenciar manifestaciones contra las tentativas gubernamentales de volver obligatorias las vacunas contra el COVID-19, como ha ocurrido en Australia, Francia, Grecia e Italia. Aunque la vacunación constituye una de las estrategias más efectivas del siglo XX, comparable solamente con el agua potable en términos de su capacidad de salvar vidas y reducir las enfermedades graves, ha sufrido reveses considerables durante la última década, que incluso se han agravado durante la pandemia. Estos se evidencian en el crecimiento del número de muertos por sarampión y el rebrote de otras enfermedades que se consideraban controladas, como paperas, meningitis, hepatitis B, tuberculosis y tétano, tanto en los países del sur como del norte. Tan es así que la Organización Mundial de la Salud ha identificado la “reticencia a la vacunación” como una de las principales amenazas a la salud pública global.

Dado lo anterior, el asunto de la obligatoriedad de la vacunación se ha puesto en el centro de la agenda nacional e internacional. El principal argumento a favor de ella reza que cuando una decisión individual o familiar, como la de no vacunarse, pone en riesgo la vida de otros miembros de la sociedad debe tomar primacía el bien común, consistente en este caso en buscar la inmunidad de rebaño. No obstante, también tiene sus límites. Además de las razones filosóficas, religiosas o médicas y la autonomía de decidir sobre el cuerpo propio, quienes la critican argumentan, no sin razón, que la efectividad de la coerción no está comprobada y puede incluso volverse contraproducente.

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¿Cuáles serían entonces medidas tanto aceptables —al balancear los derechos individuales y la salud colectiva— como efectivas para incentivar la vacunación masiva? La experiencia mundial sugiere una amplia gama de modelos que oscilan entre lo completamente voluntario y lo obligatorio-coercitivo. Mientras que en unos pocos países hay multas asociadas a la negativa a vacunarse, con algunas excepciones, una sanción más común es la prohibición de ingreso de los niños no vacunados a las escuelas públicas y guarderías. Las discusiones vigentes sobre el COVID-19 han llegado a considerar también la prohibición de acceso a espacios públicos e incluso el despido laboral. Un punto intermedio entre dichas medidas compulsivas y la libertad absoluta de decidir si se vacuna (o no) incluye mayor educación pública sobre las vacunas, campañas publicitarias e incentivos materiales, todos los cuales buscan proveer estímulos positivos.

Se trata de un debate cuya complejidad ha crecido aun más en un contexto caracterizado por la desinformación en redes sociales, el movimiento global antivacunas y la desconfianza creciente frente a los Estados, la ciencia y los profesionales médicos, por no hablar de las empresas farmacéuticas. Aunque puede no haber consenso sobre el derecho estatal de obligar a las personas a vacunarse, sin duda alguna la evidencia empírica confirma que tanto los gobiernos como un sinnúmero de otros actores no estatales e internacionales deben hacer lo imposible por garantizar la protección masiva contra el COVID-19 y múltiples otras enfermedades prevenibles. El descontento que el anuncio de medidas más draconianas comienza a generar sugiere que la vacunación “a palo” tampoco es el camino.

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