Ya no sorprende que los resultados de PISA muestren, año tras año, que los jóvenes colombianos no son capaces de leer textos simples ni hacer las operaciones matemáticas más elementales. Tampoco llama la atención que, desde hace algún tiempo, las cifras de PISA indiquen que las calificaciones de Colombia vienen cayendo en forma sostenida.
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Este predecible ritual estadístico nos confirma algo que la comunidad educativa sabe muy bien: la educación pública en Colombia es, en su gran mayoría, un engaño para millones de jóvenes y sus padres. Esto, a pesar de que los líderes de todos los partidos, de izquierda y derecha, repitan a voz en cuello, sobre todo antes de las elecciones, que una buena educación es un elemento esencial para la reducción de la pobreza y la construcción de un país más justo y equitativo.
Lo más dramático es que, aunque se conoce bien cuáles son las políticas necesarias para mejorar la educación, los gobiernos no las adoptan, bien porque no quieren o porque no son capaces de enfrentar los intereses creados en mantener tal como está la situación actual.
Una de las razones para que perdure el statu quo es el sindicato de maestros —poderosa organización política, capaz de imponer sus condiciones a los gobiernos— no está interesado en la reforma educativa que necesita el país. Por su parte, los jóvenes de escasos recursos, víctimas del sistema, no votan y sus padres no le exigen activamente al Estado que mejore la educación de sus hijos.
Con base en estudios realizados en el país y el exterior y en el análisis de las políticas de los países más exitosos, la comunidad académica, desde hace mucho tiempo, ha señalado las líneas de acción para mejorar la calidad de la educación colombiana: entre tantas otras cosas, recomiendan ampliar en forma decidida la educación preescolar, mejorar la formación de los maestros, transformar las facultades de educación, realizar evaluaciones profesionales de los docentes, involucrar a los padres de familia en la dirección de los colegios, darles autonomía a los rectores de las escuelas...
Infortunadamente, nada de esto está en la agenda de este gobierno. Como lo han señalado tantos expertos, se trata de un gobierno que habla vagamente de construir universidades, a veces en sitios remotos, y no de ampliar la educación preescolar; insiste en la construcción de infraestructura e ignora la calidad de la enseñanza en las aulas; enfatiza los principios abstractos de una defectuosa ley estatutaria, al tiempo que no presenta propuestas concretas para mejorar la formación de los maestros.
Algunos de estos puntos se encuentran en la muy comentada carta que el profesor Julián de Zubiría le envió al presidente Gustavo Petro la semana pasada.
La mejor prueba de que muchos líderes que se denominan progresistas son conscientes de la pobre calidad de la educación pública es que ellos mismos envían a sus hijos a colegios privados. No quieren que no sepan leer ni hacer las operaciones aritméticas más simples. Es de público conocimiento que muchos de estos jóvenes privilegiados asisten a instituciones privadas de élite o a los colegios internacionales del país, donde se codean con los hijos de los grupos de los estratos más altos de la sociedad, lejos de las víctimas de la mala educación que defienden sus padres en las plazas públicas.
