En una sociedad en transformación digital, la “Registraduría del siglo XXI” debía prever que la gente iba a consultar su puesto y mesa antes de salir a votar el domingo. Sin embargo, en medio de tanta narrativa de fraude y anticipación de ciberataques, para la Registraduría era más fácil llamar al lobo y no ir al bosque a reconocer que no había tal, que el problema venía de adentro. Ahora tiene el reto de los escrutinios y el lobo del fraude sigue al acecho.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Desde el 8 de marzo no se hacen registros civiles en Colombia. Ni siquiera se puede pedir una cita para este propósito porque ese servicio en la página web de la Registraduría está caído (¿será que el cambio del valor del servicio que informaron el 1 de marzo les afectó el sistema?). El 12 de marzo, sin ningún aviso, toda su página web se deshabilitó para dejar tan solo lo relacionado con información al votante, y durante varias horas ni eso funcionó. La página, sin lo correspondiente a los registros civiles, volvió a la normalidad el 14 de marzo.
Era obvio que la página web de la Registraduría tendría una alta demanda de consultas el 13 de marzo durante la jornada electoral. Era obvio porque al registrarnos y durante los días previos a la jornada de elecciones sabemos y podemos confirmar nuestro sitio de votación, pero la mesa exacta solo se establece hacia el final del proceso.
Ahora, esta vez había más razones para consultar, la Registraduría decidió este año hacer un piloto masivo y, en tiempo real, con tecnología, habilitó la inscripción de cédulas por Internet, incluyendo reconocimiento facial para la verificación de la identidad, y no salió muy bien.
Esa improvisación ya le había generado problemas de sobredemanda y fallas técnicas que le tumbaron el sistema durante varios días, generaron falsas expectativas y terminaron en que el proceso para cambiar el puesto a través de la paǵina debió ser suspendido. Este proceso biométrico adicional fue inesperado e improvisado, y retrasó el censo electoral haciendo que la información se demorara.
300 mil personas -cifra oficial- que no cambiaron su sitio de votación debido a los fallos del piloto en tiempo real de la Registraduría, debieron estar entre las que congestionaron la página. Seguramente, muchas de estas personas se enteraron el propio 13 de marzo de que su cambio de lugar no había sucedido y encontraron que estaban en el lugar equivocado.
Si a eso le sumamos que no había ningún aviso para explicar que el sitio solo tenía una parte habilitada -pudo ser una inútil medida para disminuir la exposición a posibles ataques-, imagínense la cantidad de personas que el 13 de marzo buscaban algo que sabían que estaba allí -como los manuales para jurados, comunicados oficiales o la página de citas para pedir un registro civil- y ya no lo encontraban.
A pesar de la evidencia, el Registrador afirmó el domingo que había un “ciberataque contra páginas web de la Registraduría y el CNE”, pero se quedó solo. No hubo información oficial de las autoridades encargadas de la seguridad digital de las elecciones y en la opinión pública crecía el convencimiento de que se trataba de un “ataque coordinado” de millones de colombianos y colombianas que el día de elecciones consultaban su mesa de votación. Nos dijeron que nombraron cuatro fiscales para investigar y, rápidamente, el 14 de marzo, el fiscal Barbosa indicó que “no hubo ataque a la página de la Registraduría”.
Como lo mostró Paola Herrera, el contrato con Disproel anticipa y compromete al contratista a preparar la página para la sobredemanda y, sin embargo, no lo lograron. Frente a una situación de alto riesgo de ciberataques, como lo son las elecciones, la mejor estrategia es ser transparente y dar información lo más veraz posible, construir confianza.
Ahora es el turno de los escrutinios. La decisión del Consejo de Estado en el caso del MIRA marcó un antes y un después en las elecciones colombianas. En 2018, este fallo nos recordó que es el escrutinio el que define las elecciones y que es un proceso largo que da efectos jurídicos -dura días, semanas, incluso meses-. El preconteo es rápido, pero tiene una función puramente informativa, para dormir ese día con una idea de lo que pasó. Y, sin embargo, llegó a tener un presupuesto descomunalmente superior al del escrutinio.
Desde entonces crece la atención de los partidos al escrutinio. Hoy, el proceso enfrenta las narrativas de fraude con denuncias que pueden deberse al preconteo, que muestran muchos errores en el diseño de los E-14 y errores humanos, torpeza y sospechas de manipulación, incluso a nivel del software.
A diferencia de años anteriores se ve más atención y veeduría sobre este proceso, devolviéndonos al viejo y confiable lápiz y papel. Cuando se multiplican las peticiones de reconteo y verificación, resulta irónico que nuestra mejor garantía siga siendo abrir las bolsas y contar otra vez los votos, uno a uno, dejando a un lado el software electoral. La tecnología ayuda, pero más tecnología no implica más transparencia.
Parece que estamos recuperando el valor de la veeduría ciudadana a las elecciones y, si lo combinamos con paciencia, ganará la democracia. Quizá también sirva para pensar sobre para qué sirve la ayuda de la tecnología.
Por eso hay algo más que me preocupa. Desde todos los espectros de la política colombiana se lamentan que todavía no tenemos voto electrónico, poniendo toda la confianza de nuevo en la tecnología. Si la improvisación con la tecnología ha sido tan clara en esta jornada, no entiendo cómo piden más tecnología y menos entiendo que pidan una tan poco controlable como el voto electrónico.
No olvidemos que, precisamente, el voto electrónico ha sido rechazado en países como Alemania o Países Bajos por problemas de transparencia, ¿se imaginan la improvisación y el ensayo masivo a la que nos habría sometido este registrador? Afortunadamente la versión de voto electrónico que quedó en el nuevo Código es una que no elimina la constancia en papel, pero seguirá acercando la tecnología al momento del voto. De no haber sido por los legisladores que frenaron el afán, el Registrador habría querido ensayar esto también en 2022.
No debatir el diseño y modelo de la tecnología que habilita el ejercicio de derechos, no contratarla con tiempo suficiente para dar garantías que faciliten el escrutinio público y evitar las pruebas y evaluaciones -como auditorías completas e independientes que permitan ajustes- ha sembrado dudas: dejó abierta una rendija para que se cuelen las narrativas de fraude, y todo eso le está pasando la cuenta de cobro al Registrador.
