Al felicitar a Abelardo de la Espriella, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, confirmó la cercanía del nuevo gobierno colombiano con Donald Trump. También dejó claras las prioridades de Washington: seguridad regional, control de la migración y fortalecimiento de los vínculos económicos. Hablemos sobre cómo los acuerdos comerciales ya no son solo para abrir mercados; sirven también para construir el marco jurídico que necesita la industria estadounidense de inteligencia artificial (IA).
Como otros gobiernos latinoamericanos de ultraderecha, Colombia probablemente se alineará -sin esfuerzo ni reflexión sobre los costos asociados-,con la estrategia digital de la administración Trump. En la estrategia gringa hay dos objetivos complementarios: limitar la capacidad de los Estados para regular las plataformas y los servicios digitales estadounidenses y asegurar el acceso a los datos que alimentarán la próxima generación de sistemas de IA. Ambos encuentran en los acuerdos comerciales un instrumento central de consolidación jurídica.
Tras debilitar los espacios multilaterales, Estados Unidos trasladó esa agenda a acuerdos bilaterales y plurilaterales. Los Agreement on Reciprocal Trade (ART), aunque se presentan como instrumentos para reducir aranceles, también funcionan como una hoja de ruta para la política tecnológica estadounidense. El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina ya los suscribieron, y es probable que Colombia los tenga listos para firmar el próximo 8 de agosto.
Más allá de las controversias jurídicas que rodean la política arancelaria de Trump, los ART reflejan una agenda regulatoria construida por Washington en sintonía con sus grandes empresas tecnológicas. Buscan impedir impuestos a los servicios digitales, limitar regulaciones que afecten a estas compañías, garantizar la libre circulación transfronteriza de datos, evitar que la protección de datos se convierta en un obstáculo y restringir obligaciones de transparencia sobre algoritmos y código fuente.
En la práctica, un Estado que quisiera fortalecer infraestructura nacional de nube, exigir el almacenamiento local de ciertos datos estratégicos o imponer auditorías a sistemas de IA utilizados en servicios públicos, al suscribir el ART tendría poco margen de acción, puede enfrentar controversias internacionales o represalias directas por parte de Estados Unidos. Es decir, los acuerdos limitan significativamente el espacio regulatorio local, incluso para desarrollar políticas tecnológicas propias.
Sin embargo, el comercio digital ya no es el centro de la discusión. La IA desplazó el eje hacia los datos. Después de entrenar sus modelos con la información disponible en internet y en los servicios digitales que usamos cotidianamente, la industria tecnológica mira para otro lado, quiere acceso al nuevo activo más valioso: las bases de datos públicas.
Hacia allá apuntan iniciativas que impulsan sobre todo gobiernos de ultraderecha latinoamericana. El Gemelo Digital Social en Argentina, Nemotron-Personas en El Salvador buscan construir infraestructura pública para integrar y analizar grandes volúmenes de información de la ciudadanía mediante IA. También está el “Doctor SV”, el sistema de salud digital financiado por el gobierno de Estados Unidos y desarrollado por el gobierno salvadoreño junto con Google, que podría servir de modelo para la digitalización del sector público de salud. También habría que mencionar los proyectos de vigilancia derivados, por ejemplo, de la creciente influencia de Palantir en la región, porque además de procesar grandes cantidades de datos de la ciudadanía, articulan la estrategia económica con la de seguridad -y a veces la migratoria-, pero dejémoslo para otra columna.
Todavía no sabemos cuál será el alcance de esa colaboración público-privada ni el papel que desempeñarán las empresas tecnológicas en el procesamiento de esos datos, por no hablar de las dudas sobre si estas cuantiosas inversiones públicas producirán los resultados prometidos. Lo que sí parece claro es que las bases de datos estatales se están convirtiendo en la materia prima estratégica de la IA. América Latina ocupa un lugar relevante en esa nueva geopolítica y es razonable pensar que las próximas negociaciones comerciales -incluidas las que hoy adelanta Estados Unidos con México y Canadá- servirán para consolidar las condiciones regulatorias que la industria tecnológica estadounidense considera necesarias para mantener su liderazgo.
Este escenario plantea uno de los grandes desafíos actuales. La disputa ya no se limita a quién lidera el desarrollo de la IA, sino a quién escribe las reglas que la gobernarán. Esa discusión no ocurre en debates públicos abiertos, sino en tratados comerciales, procesos de contratación pública de tecnología y decisiones regulatorias que suelen pasar inadvertidas. Lo que está en juego es el margen de autonomía de nuestros países para decidir cómo regular la IA, quién puede acceder a los datos públicos y bajo qué condiciones.
En Colombia, como en otros países de la región que viran a la ultraderecha, junto con la menor intervención estatal, el mayor protagonismo del sector privado y una agenda de seguridad reforzada, tendremos que conseguir que el debate sobre datos, IA y dependencias digitales no quede confinado al ámbito técnico sino que se reconozca como una de las principales disputas democráticas de los próximos años.
