Un buen y reciente ejemplo de control de contenidos en internet lo constituye la ley aprobada el miércoles “contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica” en Venezuela. Sin embargo, el problema más grave es que no es la única regulación que busca meter en cintura la expresión de las personas en las redes sociales e internet en las Américas.
No tengo claro qué fue lo que se aprobó en Venezuela esta semana, pero una versión filtrada hace un mes del proyecto hablaba de sanciones de 12 a 15 años de prisión para quien publique mensajes de intolerancia y odio, que se complementa con sanciones para radios, televisión y medios electrónicos que los difundan. La norma no cumple con estándares internacionales para el respeto de la libertad de expresión e ignora la inmunidad que el Estado debe garantizar a los intermediarios. Pero, desafortunadamente, no es una excepción.
Una iniciativa que tenía el propósito de controlar las redes sociales fue enviada al Congreso de Ecuador por el expresidente Correa justo antes de dejar su posición en mayo pasado, aunque ésta parece haber sido archivada. Mientras tanto, Paraguay aprobaba una ley que tiene como fin filtrar contenidos para proteger a los menores de contenidos “nocivos” (que aparentemente no ha implementado) y está dando trámite a un proyecto que busca también que los responsables de las redes sociales suspendan y retiren publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio. El proyecto paraguayo copia las disposiciones de una ley aprobada en el Congreso brasileño recientemente y que no vio la luz porque el presidente Temer la vetó.
Pero, atención, el control de discursos que se consideran problemáticos para el poder no se hace solamente por vía legislativa, también se hace a través de los jueces y con regulaciones del sector Ejecutivo.
En Colombia, el efecto se está dando a través de fallos como el de la Corte Constitucional que comenté la semana pasada o este otro aún más reciente que desindexa información que compromete a alguien quien mientras tenía funciones públicas fue acusado de corrupción. La forma como estamos discutiendo lo que entendemos por "honra y buen nombre" y cómo estamos desarrollando lo que debería ser la inmunidad de los intermediarios es preocupante. Fallos similares están surgiendo a lo largo y ancho del continente y sus efectos los veremos en los próximos meses.
Otra forma de controlar contenidos es regular la infraestructura. Aunque merece una reflexión más amplia. La apuesta del Gobierno colombiano de ampliar el acceso a internet en el país a través de conexiones Wi-Fi que, por otra parte, serán altamente reguladas exigiendo registro a quienes usen esta conexión y obligando a las entidades públicas, que serán las proveedoras del acceso, a limitar contenidos que el Gobierno considera problemáticos. Expresamente hablan de contenidos de pornografía y terrorismo, sin que se explique cómo se definirán, ni por qué, ni quién lo hará. Estas decisiones diseñan la forma de acceso a la red y terminan definiéndolo.
Pero, quizá este aspecto del control sobre la infraestructura se evidencia mejor en la discusión que despertó la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La semana pasada ejecutivos de Facebook, Google y Twitter se presentaron ante el Congreso para discutir el efecto de las noticias falsas presuntamente implantadas por Rusia con el objetivo de interferir en las elecciones de 2016. Este debate demuestra que no solo las leyes que castigan cierto tipo de expresiones son un problema para el ejercicio de la libertad de expresión, sino que también el diseño de las plataformas que usamos para informarnos en internet pueden tener un efecto negativo. Parte de la presunta estrategia detrás de las noticias falsas es justamente saturar discurso y aturdir a las personas con tal diversidad informativa, que llegue a un punto en el que no sepan qué pensar.
El reto de conservar una internet libre, abierta e inclusiva es cada vez mayor y obliga a cuestionar muchos niveles de discusión, porque la internet del futuro está en construcción.
Un buen y reciente ejemplo de control de contenidos en internet lo constituye la ley aprobada el miércoles “contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica” en Venezuela. Sin embargo, el problema más grave es que no es la única regulación que busca meter en cintura la expresión de las personas en las redes sociales e internet en las Américas.
No tengo claro qué fue lo que se aprobó en Venezuela esta semana, pero una versión filtrada hace un mes del proyecto hablaba de sanciones de 12 a 15 años de prisión para quien publique mensajes de intolerancia y odio, que se complementa con sanciones para radios, televisión y medios electrónicos que los difundan. La norma no cumple con estándares internacionales para el respeto de la libertad de expresión e ignora la inmunidad que el Estado debe garantizar a los intermediarios. Pero, desafortunadamente, no es una excepción.
Una iniciativa que tenía el propósito de controlar las redes sociales fue enviada al Congreso de Ecuador por el expresidente Correa justo antes de dejar su posición en mayo pasado, aunque ésta parece haber sido archivada. Mientras tanto, Paraguay aprobaba una ley que tiene como fin filtrar contenidos para proteger a los menores de contenidos “nocivos” (que aparentemente no ha implementado) y está dando trámite a un proyecto que busca también que los responsables de las redes sociales suspendan y retiren publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio. El proyecto paraguayo copia las disposiciones de una ley aprobada en el Congreso brasileño recientemente y que no vio la luz porque el presidente Temer la vetó.
Pero, atención, el control de discursos que se consideran problemáticos para el poder no se hace solamente por vía legislativa, también se hace a través de los jueces y con regulaciones del sector Ejecutivo.
En Colombia, el efecto se está dando a través de fallos como el de la Corte Constitucional que comenté la semana pasada o este otro aún más reciente que desindexa información que compromete a alguien quien mientras tenía funciones públicas fue acusado de corrupción. La forma como estamos discutiendo lo que entendemos por "honra y buen nombre" y cómo estamos desarrollando lo que debería ser la inmunidad de los intermediarios es preocupante. Fallos similares están surgiendo a lo largo y ancho del continente y sus efectos los veremos en los próximos meses.
Otra forma de controlar contenidos es regular la infraestructura. Aunque merece una reflexión más amplia. La apuesta del Gobierno colombiano de ampliar el acceso a internet en el país a través de conexiones Wi-Fi que, por otra parte, serán altamente reguladas exigiendo registro a quienes usen esta conexión y obligando a las entidades públicas, que serán las proveedoras del acceso, a limitar contenidos que el Gobierno considera problemáticos. Expresamente hablan de contenidos de pornografía y terrorismo, sin que se explique cómo se definirán, ni por qué, ni quién lo hará. Estas decisiones diseñan la forma de acceso a la red y terminan definiéndolo.
Pero, quizá este aspecto del control sobre la infraestructura se evidencia mejor en la discusión que despertó la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La semana pasada ejecutivos de Facebook, Google y Twitter se presentaron ante el Congreso para discutir el efecto de las noticias falsas presuntamente implantadas por Rusia con el objetivo de interferir en las elecciones de 2016. Este debate demuestra que no solo las leyes que castigan cierto tipo de expresiones son un problema para el ejercicio de la libertad de expresión, sino que también el diseño de las plataformas que usamos para informarnos en internet pueden tener un efecto negativo. Parte de la presunta estrategia detrás de las noticias falsas es justamente saturar discurso y aturdir a las personas con tal diversidad informativa, que llegue a un punto en el que no sepan qué pensar.
El reto de conservar una internet libre, abierta e inclusiva es cada vez mayor y obliga a cuestionar muchos niveles de discusión, porque la internet del futuro está en construcción.