Definirán cómo compartir nuestra historia clínica y laboral. ¡A participar!
En 2014 vimos cómo en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos se incluyó el compromiso de que para 2018 toda persona en el país tendría un correo electrónico, una carpeta en la nube y una forma de autenticación única que facilitaría la recolección, almacenamiento y uso de los datos e información de nuestra relación con el Estado.
Un proyecto de este tipo tiene que generar todas las preocupaciones sobre privacidad de nuestros datos para el Estado. La información que surge de nuestras relaciones con el Estado no solo es muy diversa, sino que se deriva de obligaciones, de necesidades, del ejercicio de derechos y de un largo etcétera que anula nuestra capacidad de elegir estar o no en el sistema. Estos sistemas deben ser extremadamente garantistas y conscientes del contexto.
Para 2015 se hicieron públicos los términos de referencia del contrato para diseñar el proyecto. Era claro que la óptica era la de facilitar el flujo de información y crear un negocio para hacerlo sostenible. Las preocupaciones por la privacidad estaban minimizadas y se veían esencialmente como un problema a superar. El proceso de discusión del proyecto, aunque muy deficiente, fue interesante pues se consiguió superar la idea de que la participación era un sistema de red social (me gusta, no me gusta, comentario ligero) para sensibilizar al Gobierno sobre las preocupaciones de derechos humanos, conseguir un nivel de debate más sofisticado y convencerlos de la necesidad de entregar detalles tecnológicos para que las discusiones tuvieran un mejor nivel de comprensión para la participación ciudadana.
Parece que el cambio de funcionarios del MinTIC a finales del 2016 nos devolvió a la caja negra. El último borrador que conocimos en abril de 2017 del decreto que haría operativos los Servicios Ciudadanos Digitales un mes más tarde era un texto muy diferente de lo que se había venido discutiendo. No incluyó un anexo técnico y fue la antesala de la versión final que incluyó el mico de la creación de una cédula digital, algo que no había sido parte de la discusión en los años anteriores.
Cuando se diseña algo, desde una ciudad hasta un sistema de información, se le incorporan valores y deseos que la definirán a futuro. Aunque el decreto firmado por el presidente Santos en julio de 2017 ya incluye preocupaciones de privacidad, la realidad es que los valores y deseos siguen siendo facilitar el flujo de la información y que se soporte en un negocio.
Sé que parezco disco rayado con mis críticas a los procesos de participación ciudadana en la construcción de regulaciones en Colombia. Pero repetiré, mi experiencia ha sido que, en muy contadas excepciones, los procesos regulatorios que he seguido carecen de suficiente información y antecedentes sobre lo que proponen analizar, dan poco tiempo para reaccionar —como si quienes vamos a participar existiéramos tan solo para aprovechar esta “oportunidad”— y no se sabe qué hacen con eso. Su compromiso con la transparencia es muy pobre. No incluyen una metodología que informe sobre lo que ha sucedido y lo que va a pasar, no publican las intervenciones que se hacen ni las reflexiones que generan y el proceso no es documentado para facilitar el seguimiento a futuro. Aun así, no participar es resignarnos a no hacer oír nuestras preocupaciones, por lo que considero que cualquier espacio que abran, en la medida de lo posible, debe ser ocupado.
Dicho esto, quiero contarles que esta semana el MinisterioTIC abrió a comentarios, hasta el 11 de diciembre, el “borrador de decreto sobre lineamientos generales del sistema de información clínica y laboral”. Es decir, se regularán los datos de nuestra vida médica y laboral para definir cómo se integrarán a los Servicios Ciudadanos Digitales. Ambos sistemas de información son extremadamente sensibles. Por ejemplo, existe ya un importante mercado de datos en el sector salud que mercantiliza los datos de los hardwares y apps de dietas, control de menstruación y los que miden la actividad física. Imagínense agregarle la posibilidad de contar con todos los datos de las historias clínicas de un país. Imagínense, por ejemplo, que estos datos pasen a las aseguradoras para mejorar y granularizar su capacidad para predecir el costo de nuestros seguros a futuro, entre otras cosas.
Les propongo que dejemos claras nuestras preocupaciones por la privacidad de manera tal que no puedan ser ignoradas por el Gobierno otra vez. Quizá también quieran aprovechar para comentar el manual y el decreto de la política del Gobierno Digital, que también se encuentra para comentarios hasta el 8 de diciembre.
En 2014 vimos cómo en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos se incluyó el compromiso de que para 2018 toda persona en el país tendría un correo electrónico, una carpeta en la nube y una forma de autenticación única que facilitaría la recolección, almacenamiento y uso de los datos e información de nuestra relación con el Estado.
Un proyecto de este tipo tiene que generar todas las preocupaciones sobre privacidad de nuestros datos para el Estado. La información que surge de nuestras relaciones con el Estado no solo es muy diversa, sino que se deriva de obligaciones, de necesidades, del ejercicio de derechos y de un largo etcétera que anula nuestra capacidad de elegir estar o no en el sistema. Estos sistemas deben ser extremadamente garantistas y conscientes del contexto.
Para 2015 se hicieron públicos los términos de referencia del contrato para diseñar el proyecto. Era claro que la óptica era la de facilitar el flujo de información y crear un negocio para hacerlo sostenible. Las preocupaciones por la privacidad estaban minimizadas y se veían esencialmente como un problema a superar. El proceso de discusión del proyecto, aunque muy deficiente, fue interesante pues se consiguió superar la idea de que la participación era un sistema de red social (me gusta, no me gusta, comentario ligero) para sensibilizar al Gobierno sobre las preocupaciones de derechos humanos, conseguir un nivel de debate más sofisticado y convencerlos de la necesidad de entregar detalles tecnológicos para que las discusiones tuvieran un mejor nivel de comprensión para la participación ciudadana.
Parece que el cambio de funcionarios del MinTIC a finales del 2016 nos devolvió a la caja negra. El último borrador que conocimos en abril de 2017 del decreto que haría operativos los Servicios Ciudadanos Digitales un mes más tarde era un texto muy diferente de lo que se había venido discutiendo. No incluyó un anexo técnico y fue la antesala de la versión final que incluyó el mico de la creación de una cédula digital, algo que no había sido parte de la discusión en los años anteriores.
Cuando se diseña algo, desde una ciudad hasta un sistema de información, se le incorporan valores y deseos que la definirán a futuro. Aunque el decreto firmado por el presidente Santos en julio de 2017 ya incluye preocupaciones de privacidad, la realidad es que los valores y deseos siguen siendo facilitar el flujo de la información y que se soporte en un negocio.
Sé que parezco disco rayado con mis críticas a los procesos de participación ciudadana en la construcción de regulaciones en Colombia. Pero repetiré, mi experiencia ha sido que, en muy contadas excepciones, los procesos regulatorios que he seguido carecen de suficiente información y antecedentes sobre lo que proponen analizar, dan poco tiempo para reaccionar —como si quienes vamos a participar existiéramos tan solo para aprovechar esta “oportunidad”— y no se sabe qué hacen con eso. Su compromiso con la transparencia es muy pobre. No incluyen una metodología que informe sobre lo que ha sucedido y lo que va a pasar, no publican las intervenciones que se hacen ni las reflexiones que generan y el proceso no es documentado para facilitar el seguimiento a futuro. Aun así, no participar es resignarnos a no hacer oír nuestras preocupaciones, por lo que considero que cualquier espacio que abran, en la medida de lo posible, debe ser ocupado.
Dicho esto, quiero contarles que esta semana el MinisterioTIC abrió a comentarios, hasta el 11 de diciembre, el “borrador de decreto sobre lineamientos generales del sistema de información clínica y laboral”. Es decir, se regularán los datos de nuestra vida médica y laboral para definir cómo se integrarán a los Servicios Ciudadanos Digitales. Ambos sistemas de información son extremadamente sensibles. Por ejemplo, existe ya un importante mercado de datos en el sector salud que mercantiliza los datos de los hardwares y apps de dietas, control de menstruación y los que miden la actividad física. Imagínense agregarle la posibilidad de contar con todos los datos de las historias clínicas de un país. Imagínense, por ejemplo, que estos datos pasen a las aseguradoras para mejorar y granularizar su capacidad para predecir el costo de nuestros seguros a futuro, entre otras cosas.
Les propongo que dejemos claras nuestras preocupaciones por la privacidad de manera tal que no puedan ser ignoradas por el Gobierno otra vez. Quizá también quieran aprovechar para comentar el manual y el decreto de la política del Gobierno Digital, que también se encuentra para comentarios hasta el 8 de diciembre.