Cumple 25 años la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), se trata de una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en la región dada la conexión que tiene con la democracia. Felicidades a Catalina Botero y Pedro Vaca quienes desde Colombia han ocupado la posición de Relatores.
A pesar de los múltiples desafíos que persisten, el papel de la RELE en mejorar la salud democrática de la región, que cerraba el siglo veintiuno muy aporreada, ha sido clave. Cómo olvidar que la RELE nació en la década lúgubre para Colombia de los noventa, cuando los y las periodistas además de luchar por contar las noticias, se convertían por decenas en noticia, se les asesinaba.
Por tanto, empiezo indicando que es apenas justo que ese sea el tema de la conmemoración de los 25 años, que las cifras, nombres, historias, realidades, retos y mecanismos para enfrentar esta situación aterradora ocupen la agenda y pongan allí el foco. Este sigue siendo un tema urgente -se documentaron más asesinatos en 2022 en la región, que en el año de su creación- y muestra una herida abierta.
Persisten amenazas contra los y las periodistas que sufren acoso y violencia física, digital y también judicial, la vigilancia, el desplazamiento, el asesinato y las que se derivan de usar tecnología en todo esto, están muy presentes. El tema de la tecnología es quizá lo que hizo falta dentro de los temas de la conmemoración.
Por ejemplo, la tecnología que comunica y hace más sencillo el trabajo de los y las periodistas, es también fuente de amenazas y riesgos. Los dispositivos celulares sirven además para que rastreen, vigilen, monitoreen y sigan a estas personas. La forma como esto sucede en los conflictos armados, donde con frecuencia están en la mira, merece más atención e investigación. Anticipó que cuando sepamos las muchas formas en que se usan estas capacidades, el tema será prioritario para organismos como la RELE.
Dicho esto, quiero aprovechar también la conmemoración para repasar la importancia que otros temas han tenido en la agenda de la RELE en estos 25 años y quetendrán en su futuro.
Desde la sociedad civil participé en 2014 en la primera audiencia de la CIDH, liderada por el CELE, sobre internet. Allí hablamos de lo que en ese momento sucedía en la región. En 2014 la RELE ya era pionera en el desarrollo de estándares y recomendaciones para pensar internet como una herramienta clave de libertad de expresión -por su capacidad democratizadora- y nos referíamos a su trabajo como guía con mucha frecuencia para la defensa de internet. Hoy los estándares incluso han entrado a ser parte de varios marcos jurídicos en la región.
El debate público digital en América Latina tiene un marco que la RELE ha ayudado a crear con su trabajo en temas como (i) la despenalización de las expresiones ofensivas o irrespetuosas contra funcionarios públicos, (ii) la protección de la protesta social incluído en el ámbito digital, (iii) abogando por la no criminalización de la expresión, (iv) defendiendo el anonimato y el cifrado, así como la prohibición de la censura previa, (v) abordando temas como la responsabilidad de intermediarios y (vi) la importancia que se da a internet como un facilitador de otros derechos que obliga a los Estado a proteger la conectividad incluso en contextos de conflictos sociales y armados.
El trabajo de la RELE ha ayudado a enfrentar propuestas legislativas en donde la tecnología se aborda por los extremos: bien como una respuesta mágica o como el peor de los demonios, y que a veces termina justificando medidas restrictivas de la expresión. Las leyes de acceso a la información que impulsó la relatoría han sido herramienta indispensable de defensores de derechos humanos, si bien están quedando cortas con la tecnología frente a justificaciones de seguridad nacional y propiedad intelectual.
Las visitas a los países son un buen instrumento para avanzar en los derechos. Sin ir muy lejos la de la protesta social de 2021 en Colombia, incluye recomendaciones en temas de internet como la de que el Estado debe proteger la conectividad, dar información y permitir que se investiguen los cortes de internet en esos momentos, una expresión que resultó premonitoria y fue apoyo del fallo que la Corte publicó recientemente.
Hay otros temas de interés para esa agenda. El primero es que aunque ya la relatoría habla de alfabetización digital -consciente de la asimetría que el acceso, uso y capacidad de aprovechamiento de internet supone para las personas-, pronto deberá reflexionar también sobre los impactos que esto supone. Por ejemplo, habrá que pensar cómo la creciente transformación digital de los estados supone el riesgo de exclusión que afecta más a algunas poblaciones como las mujeres.
Cada vez serán más evidentes los obstáculos para investigar las tecnologías que marcan procesos como las elecciones, lo que se puede o no decir en las redes sociales o la asignación de ayudas sociales por un estado, son sistemas oscuros para el ojo de las personas. La RELE tendrá que pensar en nuevas dimensiones del derecho a la investigación, porque esa caja negra debe poder abrirse, entenderla y contarla.
Tiene también el desafío de mantener su mandato por la protección de la libertad de expresión en medio de las presiones por la lucha contra el terrorismo, el odio, la violencia, la polarización o el autoritarismo, y en contextos de una tecnología en constante evolución cuyas herramientas cambian en poco tiempo dificultando su abordaje. No menos desafiante resulta ser el traslado de los estándares y garantías al entorno digital, que está diseñado para las lógicas de una economía digital globalizada, con jugadores privados poderosos, dinámicas de atención aceleradas y otras características en evolución. Aunque los estándares de libertad de expresión se aplican sin perjuicio del medio en que se ejerzan, la Relatoría deberá acompañar a los Estados y a las sociedades en los matices que se van evidenciando.
Está el reto de dar respuesta a llamados de organizaciones para abordar la violencia de género digital. Reiterar soluciones regionales distintas a las penales o de eliminación de discursos en internet será una tarea difícil, pero seguramente la única que realmente reivindique los derechos de las víctimas en nuestros países en los que la amenaza de una denuncia penal se usa especialmente para perseguir expresiones del oponente, más que para hacer verdadera justicia.
¡Feliz aniversario y que sean muchos años más!
