Además de los incentivos que tendrá el próximo gobierno para ampliar las capacidades tecnológicas del Estado mediante cámaras, drones, sistemas de análisis automatizado e interoperabilidad de bases de datos, existe otra tendencia entre varios gobiernos de ultraderecha en la región: convertir los datos de su ciudadanía en un activo estratégico para el desarrollo de inteligencia artificial: avanzan con ensayos que despliegan modelos de extractivismo de datos.
El Salvador ya lanzó Nemotron-Personas, una base de datos con cerca de un millón de “ciudadanos virtuales” desarrollada por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), NVIDIA (empresa estadounidense) y WideLabs (empresa brasilera). Los perfiles fueron construidos a partir del censo de 2024 y no corresponden a personas reales; son datos sintéticos diseñados para reproducir las características demográficas, lingüísticas y culturales de la población salvadoreña con el fin de entrenar sistemas de inteligencia artificial.
Según el gobierno, el proyecto permitirá desarrollar modelos adaptados al contexto salvadoreño, reducir sesgos presentes en sistemas entrenados en otros países y facilitar investigación, innovación y simulaciones para políticas públicas. El conjunto de datos será de acceso abierto para entidades públicas, universidades, investigadores y empresas.
En Argentina, Javier Milei presentó recientemente el Gemelo Digital Social, una plataforma que utilizará inteligencia artificial para integrar información proveniente de distintas entidades estatales y analizar escenarios para el diseño de políticas públicas. Aunque el gobierno afirma que trabajará con datos estadísticos y anonimizados, todavía existen pocas explicaciones sobre su funcionamiento, las bases de datos involucradas y la arquitectura tecnológica que lo soportará.
Los dos proyectos responden a una misma lógica: construir infraestructura pública para la inteligencia artificial a partir de grandes volúmenes de datos. Ambos se presentan bajo la narrativa de una “IA soberana”, orientada a fortalecer las capacidades estatales mediante el análisis masivo de información. Ambos fueron desarrollados y están siendo implementados sin debate democrático y como iniciativas del ejecutivo.
En cuanto a las diferencias: el proyecto salvadoreño crea la materia prima para entrenar modelos de inteligencia artificial mediante datos sintéticos, el argentino, en cambio, busca construir una plataforma para integrar información pública y producir análisis predictivos para la gestión estatal. Son dos niveles distintos de una misma estrategia basada en datos.
La diferencia es importante. En Argentina, las reuniones entre el gobierno de Milei y directivos de Palantir —la empresa que se ha convertido en el referente mundial de la integración de datos para seguridad e inteligencia— han alimentado las dudas sobre su eventual participación en el proyecto. En El Salvador no existe evidencia de un vínculo con Palantir, aunque la iniciativa también descansa en alianzas con empresas tecnológicas extranjeras para desarrollar capacidades de inteligencia artificial.
En ambos casos, los gobiernos sostienen que la privacidad está protegida: El Salvador porque utiliza perfiles sintéticos y Argentina porque asegura que empleará datos estadísticos y anonimizados. Sin embargo, esas garantías no agotan la discusión. Plataformas de este tipo también pueden utilizarse para modelar comportamientos sociales, anticipar reacciones ciudadanas, perfilar poblaciones o influir en la formulación de políticas públicas. El riesgo no depende únicamente del tipo de dato que se utilice, sino de la concentración de capacidades analíticas en manos del Estado.
A todo esto se suman las recientes reuniones entre el presidente chileno José Antonio Kast, altos funcionarios de su gobierno y Peter Thiel, cofundador de Palantir, cuya agenda no se conoce públicamente. Es demasiado pronto para extraer conclusiones, pero la coincidencia resulta llamativa.
Lo que podemos ver en América Latina es una apuesta de los gobiernos de ultraderecha por convertir los datos de la ciudadanía en infraestructura estratégica del Estado que será gestionada por privados sin haber pasado debate público alguno. Esa apuesta puede fortalecer capacidades públicas interesantes, pero también ampliar el poder de vigilancia y de intervención sobre la sociedad. Por eso la discusión no debería limitarse a la innovación tecnológica, sino extenderse a las reglas democráticas que gobernarán esas capacidades. ¿Por qué estos proyectos se están implementando de esta manera en países que se llaman democráticos? ¿Cómo podemos llamar la atención sobre la tolerancia con estas iniciativas que cercenan libertades individuales? Al menos habría que preguntarse ¿Cómo se alínea esto con los postulados de la derecha libertaria?
Así como durante décadas América Latina fue un territorio de extracción de petróleo, minerales o biodiversidad, hoy los datos de su población empiezan a convertirse en otro recurso estratégico. Los gobiernos de ultraderecha de la región parecen estar institucionalizando ese nuevo extractivismo, sin que aún sepamos cuál será el papel ni el poder que acumularán las grandes empresas tecnológicas extranjeras.
De nuevo, aunque ningún candidato a la presidencia aborda temas gruesos de tecnopolítica, confío más en Iván Cepeda cuidando nuestros datos, Abelardo De la Espriella no solo es admirador de las acciones de Javier Milei y Nayib Bukele sino que ha afirmado que seguirá sus políticas. Este domingo cuide su voto.
