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Meta restringió el alcance de la campaña de Lula en la recta final hacia la presidencia en Brasil. Así lo reconocieron empleados de Meta en mensajes internos. La empresa atribuye lo ocurrido a errores técnicos y niega cualquier intención de favorecer a un candidato. Pero, haya sido intencional o no, el impacto sobre la competencia electoral dejó de ser una posibilidad y se concretó. En su primer discurso como presidente reelecto, Lula fue claro: va a regular las redes sociales.
En los últimos años hemos visto un creciente apetito regulatorio en América Latina que lo sucedido en Brasil acelerará. Dado el tamaño de su mercado, las decisiones que tome ese país pueden tener consecuencias para toda la región.
Estas elecciones en Brasil demostraron que las redes sociales no son intermediarios neutrales. Toman decisiones sobre la circulación de información, la visibilidad de los contenidos y las condiciones del debate público. Por eso, la discusión no debería limitarse a determinar si hubo intención de favorecer una candidatura. Debe preguntarse cómo establecer responsabilidades proporcionales al control que ejercen las plataformas, su capacidad para prevenir daños y los beneficios económicos que obtienen.
Para enfrentar este nuevo debate propongo recuperar algunas lecciones aprendidas en años recientes:
Primero, regular las redes sociales es necesario, pero no equivale a regular los medios de comunicación. Aunque ambas actividades inciden en el debate público, las plataformas funcionan como espacios de expresión controlados por empresas privadas que intervienen en la circulación de contenidos mediante mecanismos diferentes a los de los medios tradicionales.
Segundo, la regulación debe partir de los derechos y de problemas concretos. Es necesario identificar los daños que se busca prevenir, las obligaciones que corresponde establecer, quién debe responder y qué mecanismos de protección son adecuados para cada contexto. No basta con importar modelos regulatorios de otras regiones.
Tercero, el enorme poder de las plataformas no justifica entregar poderes ilimitados al Estado. Las obligaciones de registro, las sanciones y las órdenes de moderación requieren bases legales claras, proporcionalidad, controles institucionales y garantías contra la censura. Regular el poder privado no puede convertirse en una excusa para ampliar arbitrariamente el poder estatal.
Cuarto, la moderación de contenidos es también una forma de ejercicio de poder privado. Las decisiones de eliminar, recomendar, amplificar o reducir la visibilidad de publicaciones deben estar sujetas a obligaciones de transparencia, debido proceso y mecanismos efectivos de reclamación. El caso brasileño demuestra que estas garantías son especialmente importantes cuando las decisiones afectan procesos democráticos.
Quinto, la regulación será insuficiente si no aborda los incentivos económicos. Los modelos de negocio, el diseño de las plataformas y la concentración del mercado contribuyen a producir riesgos. Limitar contenidos o prohibir el acceso no necesariamente modifica esas condiciones. Este es probablemente uno de los desafíos más difíciles para cualquier país y donde el peso económico de Brasil puede marcar una diferencia frente a empresas que operan globalmente.
Sexto, no todas las plataformas son iguales. Imponer obligaciones indiscriminadas puede terminar favoreciendo a las grandes empresas, que tienen los recursos para cumplirlas, mientras perjudica a competidores pequeños y alternativas que podrían contribuir a un ecosistema digital más diverso.
Estas lecciones apuntan a una misma preocupación: necesitamos instituciones capaces de exigir responsabilidades a las plataformas, pero también de controlar los excesos de la intervención estatal. La autorregulación empresarial puede tener un papel, pero es evidente que no basta. La regulación pública tendrá que avanzar con garantías de derechos, supervisión independiente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Algo que tampoco debe olvidarse es que la creciente automatización y el uso de inteligencia artificial hacen todavía más importante identificar quién responde por las decisiones tecnológicas. No podemos aceptar que las empresas atribuyan sus errores a los algoritmos como si estos actuaran por cuenta propia. Detrás de los sistemas hay personas y empresas que los diseñan, controlan y utilizan, y que deben responder por sus decisiones.
Brasil tiene ahora una oportunidad para impulsar este debate con una capacidad de negociación que pocos países latinoamericanos poseen. Pero el objetivo no debería ser simplemente conseguir una regulación más fuerte, sino una mejor regulación: capaz de limitar el poder de las plataformas sin crear nuevas herramientas de censura, vigilancia o concentración de poder.
Finalmente está el elemento geopolítico. La decisión de Brasil seguramente elevará la temperatura de la disputa comercial con Estados Unidos. Trump ha demostrado que está dispuesto a defender los intereses de sus empresas tecnológicas: su administración ya calificó determinadas medidas brasileñas sobre plataformas digitales como prácticas comerciales discriminatorias y las incluyó en una investigación que terminó con la imposición de nuevos aranceles. Podemos esperar, por tanto, una intensificación de las presiones comerciales, incluso mediante nuevos aranceles. La regulación de las redes sociales será un nuevo capítulo sobre la autonomía de los Estados para definir sus propias reglas.
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leunamuno(9808)•Hace 48 minutosLo de Brasil es una gota de agua en el desierto, porque el fascismo, como el cáncer hizo metástasis en el mundo. Que dios nos tenga de su mano.
