Si Colombia quiere tomar decisiones basadas en hechos y datos objetivos como impulsa la OCDE, la consulta ciudadana debe ser transparente, oportuna y efectiva.
En 2014 OCDE reconoció en su evaluación que aunque existía la obligación legal de publicar proyectos de regulación e información de soporte para recibir comentarios ciudadanos, ésta era discrecional en la forma y los medios. Advirtió que la práctica generalizada en la OCDE, en cambio, suponía requisitos sistemáticos y obligatorios para estas consultas. Recomendó que las consultas fueran obligatorias, con criterios metodológicos, plazos claros para comentarios y acompañadas de documentos informativos. Insistió que tenía que suceder al inicio del proceso para que fueran efectivas y garantizaran que se escuchaba. También propuso involucrar Análisis de Impacto Regulatorio.
El director de planeación anunció a la OCDE que ya, que el Decreto 270 de 2017 establece los criterios mínimos para la consulta pública. Con ilusión lo miré, pues mi frustración con esto es constante.
¿Cuántas veces que participó en una consulta conoció lo que otros comentaban o lo que la administración pensaba? ¿Cuántas veces asistió a reuniones, dejó hasta los datos de su abuelita y le llegó información del proceso? Es positivo que ahora el decreto impone un procedimiento para retroalimentar comentarios y obliga a abrir la inscripción electrónica a los interesados en seguirlo. Sin embargo, sigo frustrada. Publicar borradores durante 15 días calendario será obligatorio, sí, pero la excepción es amplia y el plazo no aplica a lo que no firma el presidente. Parece mejor, actualmente nos dan solo una semana. Pero el plazo serio promedio internacional es entre 30 y 60 días. Además, no queda claro que la consulta sea desde el inicio del proceso.
El decreto pide publicar el análisis de impacto económico y ambiental, pero los estándares para la información que debe acompañar las regulaciones es insuficiente. Vea, por ejemplo, el corto documento técnico que acompaña al borrador de decreto sobre Sistemas Ciudadanos Digitales. Parece ajustado a esos estándares, pero es un retroceso frente a la última versión que, con sus falencias, reconocimos era un documento estructurado y decente.
Seguiré frustrada. Nuestra consulta pública está lejos de estándares de la OCDE y espero que así se los hagan notar en la evaluación final que tendrá el país.
Si Colombia quiere tomar decisiones basadas en hechos y datos objetivos como impulsa la OCDE, la consulta ciudadana debe ser transparente, oportuna y efectiva.
En 2014 OCDE reconoció en su evaluación que aunque existía la obligación legal de publicar proyectos de regulación e información de soporte para recibir comentarios ciudadanos, ésta era discrecional en la forma y los medios. Advirtió que la práctica generalizada en la OCDE, en cambio, suponía requisitos sistemáticos y obligatorios para estas consultas. Recomendó que las consultas fueran obligatorias, con criterios metodológicos, plazos claros para comentarios y acompañadas de documentos informativos. Insistió que tenía que suceder al inicio del proceso para que fueran efectivas y garantizaran que se escuchaba. También propuso involucrar Análisis de Impacto Regulatorio.
El director de planeación anunció a la OCDE que ya, que el Decreto 270 de 2017 establece los criterios mínimos para la consulta pública. Con ilusión lo miré, pues mi frustración con esto es constante.
¿Cuántas veces que participó en una consulta conoció lo que otros comentaban o lo que la administración pensaba? ¿Cuántas veces asistió a reuniones, dejó hasta los datos de su abuelita y le llegó información del proceso? Es positivo que ahora el decreto impone un procedimiento para retroalimentar comentarios y obliga a abrir la inscripción electrónica a los interesados en seguirlo. Sin embargo, sigo frustrada. Publicar borradores durante 15 días calendario será obligatorio, sí, pero la excepción es amplia y el plazo no aplica a lo que no firma el presidente. Parece mejor, actualmente nos dan solo una semana. Pero el plazo serio promedio internacional es entre 30 y 60 días. Además, no queda claro que la consulta sea desde el inicio del proceso.
El decreto pide publicar el análisis de impacto económico y ambiental, pero los estándares para la información que debe acompañar las regulaciones es insuficiente. Vea, por ejemplo, el corto documento técnico que acompaña al borrador de decreto sobre Sistemas Ciudadanos Digitales. Parece ajustado a esos estándares, pero es un retroceso frente a la última versión que, con sus falencias, reconocimos era un documento estructurado y decente.
Seguiré frustrada. Nuestra consulta pública está lejos de estándares de la OCDE y espero que así se los hagan notar en la evaluación final que tendrá el país.