Aunque la política digital fue una gran ausente de la campaña presidencial de 2026, con seguridad será una de las claves del próximo cuatrienio. Por eso el nuevo gobierno necesita un norte claro: construir una estrategia nacional de soberanía digital. No entendida como un fin en sí mismo ni como una aspiración de autosuficiencia tecnológica, sino como la capacidad de decidir sobre los datos, la infraestructura y las reglas que harán posible el desarrollo digital del país. Esta discusión cobra una relevancia especial si, como todo parece indicar, el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella optará por alinearse con la política digital de Estados Unidos.
La experiencia de otros gobiernos de derecha de la región y las primeras señales del nuevo gobierno, como la visita del vicepresidente electo a Estados Unidos, apuntan en esa dirección. Sin embargo, la política digital estadounidense ya no se limita al comercio digital, Entre los múltiples temas de esa agenda, vale la pena destacar que una de sus prioridades es crear las condiciones regulatorias para expandir la industria estadounidense de Inteligencia Artificial (IA). Los acuerdos comerciales establecen ese marco jurídico y se complementan con acuerdos sectoriales -como los de defensa, migración o salud- que facilitan la digitalización de sectores estratégicos y el acceso a grandes volúmenes de datos, especialmente públicos.
La IA suele presentarse como un destino inevitable. Sin embargo, las decisiones más importantes siguen siendo políticas. Colombia todavía puede decidir quién controla sus datos, qué infraestructura considera estratégica, qué estándares adopta y bajo qué reglas incorporará la IA a su economía. Esa capacidad de decisión -que incluye preservar la autonomía regulatoria del Estado- debería ser prioridad del nuevo gobierno en línea con las prioridades nacionales, y no únicamente en función de la estrategia geopolítica y económica de Estados Unidos.
Para quienes hemos defendido un enfoque de derechos humanos en el desarrollo tecnológico, las preguntas relevantes también cambiaron. Ya no basta con discutir principios éticos o reglas para una IA responsable. Hoy la discusión pasa por cuestiones más materiales: los detalles sobre la infraestructura digital -quién la controla, dónde está, qué recursos requiere para operar y cómo afecta a las comunidades-, quién define los estándares tecnológicos, bajo qué reglas circulan los datos y cuánto espacio conserva el Estado para diseñar sus propias políticas públicas. La IA difícilmente será compatible con los derechos humanos si se ignoran las relaciones de poder que la atraviesan, exige incorporar la geopolítica y la política industrial al análisis de los derechos humanos.
Esta reflexión es particularmente importante cuando el anuncio es el de la alineación con el poder regional. El mayor riesgo para Colombia es terminar regulando problemas que no son necesariamente los nuestros y descuidando los propios. Los modelos regulatorios reflejan contextos económicos, institucionales y geopolíticos específicos. Europa ha construido su regulación desde la protección de derechos en función de la relación con empresas extranjeras; Estados Unidos, cada vez más, desde la competitividad y la innovación; y China desde una combinación de desarrollo tecnológico y control estatal. Colombia enfrenta desafíos distintos: profundas desigualdades, capacidades institucionales limitadas y alta dependencia tecnológica. Importar modelos sin adaptarlos puede aumentar esa dependencia, reducir el margen regulatorio del Estado y dificultar la construcción de una estrategia nacional de desarrollo digital.
También existe un riesgo democrático. Si las reglas sobre datos, infraestructura, estándares o IA se diseñan fuera de la región y simplemente se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones sobre el futuro de la economía digital dejarán de responder al debate democrático interno.
El nuevo gobierno presentará su Plan Nacional de Desarrollo, esta es una oportunidad para definir una estrategia de soberanía digital. Ojalá rompa con la tendencia de cada cuatro años y su primera acción sea evaluar las políticas de IA adoptadas hasta ahora para construir desde allí. Esto puede ofrecer datos para identificar las capacidades que el país desea desarrollar, identificar el talento que tiene, establecer qué infraestructuras considera estratégicas y definir cómo se insertará Colombia en la competencia tecnológica global. No se trata de aislarse de los debates internacionales, sino de participar en ellos con una estrategia propia que oriente las decisiones del Gobierno en materia de comercio, cooperación e inversión tecnológica.
La IA ilustra cómo está cambiando la forma en que se construyen las reglas de la economía digital. Su desarrollo no depende únicamente de leyes nacionales, sino también de acuerdos comerciales, estándares técnicos, mecanismos de cooperación, financiamiento e infraestructura digital. Si Colombia adopta esas reglas sin una estrategia propia, terminará importando no solo normas, sino también las prioridades económicas y geopolíticas de otros. Preservar la capacidad de decidir sobre estos asuntos será una de las tareas más importantes del próximo gobierno si quiere que la transformación digital responda a un proyecto de desarrollo propio y no únicamente al de quienes hoy lideran la competencia global por la IA.
