Mientras escribo esta columna, las cifras de personas fallecidas, desaparecidas y heridas que reciben atención en centros hospitalarios crecen dolorosamente por el terremoto del lunes, el impacto lo están sintiendo directamente cientos de miles de personas, a quienes envío mi impotente solidaridad. Mientras avanza la atención de la tragedia, eventualmente empezaremos un análisis sobre lo que funcionó, lo que falló y lo que hay que cambiar en el futuro. Esto debe incluir lo digital.
Demostrando la importancia del Estado y sus instituciones, confirmamos cómo las tragedias del pasado impulsaron regulaciones antisísmicas para las construcciones y permitieron desarrollar capacidades institucionales de respuesta que evitaron que la tragedia fuera mayor. Incluso en circunstancias particularmente difíciles: el terremoto ocurrió apenas dos días después de la posesión del nuevo gobierno y sin que hubiera habido un proceso de empalme.
En la era digital, las telecomunicaciones y el acceso a Internet no son un servicio accesorio frente a una emergencia. Son parte de la infraestructura que permite conocer qué ocurre, localizar personas, coordinar rescates, comunicar con familiares, recibir alertas y organizar la ayuda. Cuando una comunidad queda desconectada, pierde una herramienta fundamental para enfrentar la emergencia.
Por eso, aunque se sigue el comportamiento de las redes y los servicios de telecomunicaciones, todavía hay poca información pública y sistemática sobre el estado de la conectividad en las zonas afectadas, durante la semana vimos muchas personas reclamando el restablecimiento del servicio.
La desconexión de esta infraestructura, cada vez más crítica, es multifactorial. Las empresas reportan problemas como la saturación de las redes, daños físicos y cortes en el suministro de energía.
Un informe independiente de dos investigadores sobre cortes y bloqueos de Internet, basado en información de IODA, muestra una caída sostenida de la conectividad en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, que se fue recuperando gradualmente, pero en forma desigual.
Risaralda registró una de las mayores caídas: pasó de 99,11% a 38,67% de conectividad y, 23 horas después, apenas había recuperado hasta 58,22%. Quindío pasó de 97,74% a 45,59% y luego se recuperó hasta 78,57%. En el Valle del Cauca la caída fue de 98,72% a 60%, con recuperación hasta 82,13%. Chocó pasó de 86,84% a 57,89% y se recuperó hasta 78,95%. Caldas tuvo la menor disminución, de 97,87% a 90,72%. Estas cifras explican esa sensación de incomunicación que tuvimos las primeras horas.
Pero hay que verlas teniendo en cuenta las desigualdades previas. Del grupo, Chocó continúa siendo el territorio con mayores niveles de desconexión. Esto no solo es indicador de la brecha digital, también muestra la capacidad de esa región para recibir y transmitir información durante una emergencia. Si parte de una conectividad más precaria, su capacidad para comunicar lo que ocurre y recibir ayuda está más comprometida.
En una emergencia, estar conectado no solo es comunicarse: es también poder ser visto. Por eso la conectividad debe ser parte del protocolo de información pública de las emergencias y ya lo hemos hecho antes. Durante la pandemia, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptó medidas para generar y poner a disposición información relevante sobre el comportamiento de las redes.
Por otra parte, estos días hemos visto la información que se ofrece sobre la recuperación del servicio de energía. Se publican reportes sobre las zonas afectadas, los avances en la recuperación y las dificultades que persisten. ¿Por qué no contar con un mecanismo equivalente para las telecomunicaciones?
Mientras tanto, las empresas podrían hacerlo, ofreciendo información más detallada y periódica sobre el estado de sus redes: qué zonas presentan afectaciones, cuáles son las causas, qué servicios están comprometidos y cuáles son las previsiones para su recuperación. El Ministerio TIC podría poner en abierto algunos de los datos de su plataforma de monitoreo, con las salvaguardas necesarias cuando exista información que no pueda hacerse pública.
En una emergencia, la transparencia sobre el estado de las infraestructuras puede ser también una herramienta de protección.
El terremoto deja muchas preguntas sobre prevención, infraestructura, atención de las víctimas y coordinación institucional. Entre ellas debería estar también una pregunta digital: ¿qué tan preparada está nuestra infraestructura de conectividad para enfrentar una emergencia?
Después de cada terremoto se revisan las normas de construcción. Se podrían revisar también las reglas para la resiliencia de las redes de comunicación. Porque en la Colombia digital, una red caída no es solamente una dificultad tecnológica. Puede significar que una comunidad quede aislada, que una persona no pueda pedir ayuda o que una emergencia tarde más en ser conocida. En este caso, el aislamiento del Chocó -también en lo digital- lo confirma.
Después de la atención de las víctimas, la reconstrucción, además de levantar edificios, restablecer carreteras o recuperar el suministro eléctrico, debe incluir la recuperación de nuestra capacidad de comunicarnos y de prepararnos para la próxima emergencia.
