Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El editorial del 14 de marzo, titulado “La inútil pelea entre el Gobierno y EPM”, aunque bien intencionado, simplifica un problema profundamente complejo y omite señalar las raíces estructurales de la crisis. Al reducir el desfinanciamiento del Gobierno a la falta de aprobación de una ley de financiamiento, ignora que el presupuesto nacional supera los 500 billones de pesos, una cifra que, con una gestión eficiente y prioridades claras, debería ser suficiente para cumplir con obligaciones esenciales como los subsidios energéticos. No es creíble que la falta de 12 billones de pesos, derivados de una ley fallida, justifique el incumplimiento sistemático de pagos a entidades como EPM, mientras se despilfarran recursos en proyectos cuestionables, como el Ministerio de la Igualdad, que responden más a caprichos ideológicos que a necesidades urgentes de la población.
El editorial equipara de manera injusta la responsabilidad del Gobierno Nacional con la de EPM, cuando es evidente que el incumplimiento parte del primero. EPM, como empresa pública, ha cumplido con su rol de suministrar energía eléctrica a millones de colombianos, incluso asumiendo costos que deberían ser cubiertos por el Gobierno. No es EPM la que ha fallado, sino el Gobierno Central, que ha priorizado su agenda política sobre las obligaciones constitucionales y legales. Este incumplimiento no es un error administrativo, sino una muestra más de la politización sistemática de todos los ámbitos de lo público por parte del Gobierno actual, que antepone sus intereses ideológicos al bienestar de los ciudadanos.
Un ejemplo flagrante de esta politización es la desfinanciación intencional del sistema de salud, donde la subvaloración de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha generado una crisis sin precedentes. ¿Quién dio la orden de recortar recursos vitales para la salud, causando la muerte de miles de colombianos por falta de atención médica? Esta decisión, tan criminal como las ejecuciones extrajudiciales, ha pasado desapercibida en medio de la retórica gubernamental. Mientras el Gobierno gasta en proyectos innecesarios y se niega a pagar lo que debe, los colombianos mueren en hospitales sin medicamentos ni insumos. Esto no es un simple error de gestión; es una negligencia deliberada que tiene consecuencias mortales.
El editorial falla al no denunciar con firmeza esta realidad. No se trata de un simple “tire y afloje” entre el Gobierno y EPM, sino de un patrón de comportamiento en el que el Gobierno Central privilegia sus caprichos políticos sobre las necesidades de la gente. La politización de lo público, desde la energía hasta la salud, está causando un daño irreparable al país. Es hora de llamar las cosas por su nombre: el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es el principal responsable de esta crisis, y su estilo de gobernar, basado en la imposición ideológica y el despilfarro, está llevando al país al borde del colapso. Lo que se necesita no es diálogo, sino responsabilidad y un cambio profundo en la forma en que se gestionan los recursos públicos.
Camilo Vega
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
