Colombia, un país de populistas punitivos

Leyendo la columna que publicó El Espectador del exministro del Interior Guillermo Rivera, titulada “La justicia no es venganza”, llega a mi mente el viejo debate académico que constantemente aflora en las aulas de los claustros universitarios cuando el Congreso, auspiciado muchas veces por el Gobierno, aprueba dudosos proyectos de ley o reformas constitucionales en la política criminal del país que, como dice la palabra, tiene más de “política” que de “criminal”. Esto abre debates sobre la relación que hay entre el derecho penal y la política.

En contexto, el derecho penal es una potestad jurisdiccional que ostenta cualquier Estado para que las conductas “reprochables” o los delitos de un individuo que pertenece a una sociedad sean objeto de consecuencias jurídicas, como las penas. Claramente, el ius puniendi tiene por objeto el control social, que es, en definitiva, la base de cualquier Estado democrático, porque sin orden hay anarquía y, por lo tanto, no hay Estado.

Colombia es un país muy azotado por la violencia: guerras civiles entre conservadores y liberales con sus vertientes, dictaduras militares, organizaciones guerrilleras, carteles de la droga, paramilitarismo, bandas delincuenciales, etc. El resultado es una sociedad civil que ha tenido muy pocos respiros de paz y recibió como herencia el colonialismo español, con su patriarcado, racismo y exclusión de los marginados, donde la propiedad de la tierra y el capital valen más que la vida humana.

Lo anterior ha tenido la pésima consecuencia de que en comunidades tan maltratadas se respire un cierto aire de venganza. El famoso “ojo por ojo” del monarca babilónico Hammurabi. Con tan altas tasas de desigualdad social y de violencia, y con tan poca presencia institucional por décadas del Estado, se ha encarnado en la sociedad colombiana el “sálvese quien pueda, “ojalá se pudra en la cárcel”, “acá mandamos nosotros”, etc. Este es un caldo de cultivo perfecto para que la clase política introduzca en su discurso frases como “el que la hace la paga”, “cadena perpetua para violadores de niños” o “más cárcel a los delincuentes”.

En términos políticos es muy rentable llevar este tipo de discurso al debate electoral o legislativo, pero desde la óptica del derecho es un daño profundo que se le inflige a la institución penal. El objetivo último de esta (aparte del control social), en términos individuales, es la reinserción o resocialización del individuo a la sociedad. Es por ello que alargarle la restricción de la libertad a un reo no contribuye a que sea reinsertado al colectivo social, lo que sociológicamente sería incoherente, ya que más penas no significan menos delitos.

Hay que hacer una profunda reflexión como nación sobre cómo vamos a manejar la política criminal, pasar del castigar al socializar y buscar que el delincuente se reintegrecon herramientas psicosociales, terapéuticas, educativas y de resocialización. No caigamos en la trampa del populismo punitivo, que busca insertar en el pensamiento colectivo que se puede usar el aparato jurisdiccional del Estado para satisfacer mis necesidades de venganza, que más penas signifiquen menos delitos y, por otro lado, que dejemos creer en la justicia, queriendo hacer justicia por mano propia. Sigamos creyendo en las instituciones judiciales.

Recordemos que el Estado es el titular de la acción penal. Hay que recordarle al Legislativo que no es sano usar dicho poder para suplir sus aspiraciones electorales y que las reformas al poder criminal deben darse dentro del debate académico con expertos en la materia.

Juan Pablo Martínez R.

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