Acusación a Uribe: ¿Igualdad ante la ley o pura espuma?

Contrario a lo que han sostenidodo él y sus seguidores, entre estos, comentaristas que ni siquiera se toman el trabajo de leer documentos del caso para hacer menos notoria su obsecuencia, el expresidente Uribe no es víctima de una venganza política o de la violación de su derecho a la defensa, ejercido con amplitud por sus abogados entre quienes contaba, además, con la tripleta Barbosa-Mancera-Jaimes; o de una presunta actuación sesgada de la recién llegada fiscal general quien, apenas sentándose en su silla, habría decidido, arriesgándose a que le hicieran un grave escándalo, ordenarle a un fiscal, en contra de su criterio, que acusara al exmandatario. Para empezar, no hay que olvidar que quien acusa a Uribe fue designado por el mismísimo Barbosa cuando se le cayeron los nombramientos de dos fiscales anteriores (ver). Lo cierto es que Gilberto Villarreal Pava, el funcionario que lidera la Fiscalía 01 Delegada ante la Corte Suprema y firmante del escrito en contra del expresidente, fue ascendido a su posición actual por su coterráneo Gabriel Jaimes, abogado que pasará a la historia turbia de la justicia colombiana por la sumisión política con que manejó sus casos dejando de lado su juramento y deberes de ley. Villarreal llegó al expediente Uribe el 16 de enero de este año (ver), después de que los tramposos Barbosa y Mancera tuvieran que aceptar el impedimento que les presentó el fiscal Víctor Salcedo, designado por ellos unos días antes, cuando el periodista Daniel Coronell descubrió su papel de antiguo defensor mediático de la inocencia del exmandatario ¿“Víctima” Uribe Vélez con uno de sus admiradores nombrado como investigador de su conducta? ¡Lo que hay que oír!

Contrario a lo que han sostenidodo él y sus seguidores, entre estos, comentaristas que ni siquiera se toman el trabajo de leer documentos del caso para hacer menos notoria su obsecuencia, el expresidente Uribe no es víctima de una venganza política o de la violación de su derecho a la defensa, ejercido con amplitud por sus abogados entre quienes contaba, además, con la tripleta Barbosa-Mancera-Jaimes; o de una presunta actuación sesgada de la recién llegada fiscal general quien, apenas sentándose en su silla, habría decidido, arriesgándose a que le hicieran un grave escándalo, ordenarle a un fiscal, en contra de su criterio, que acusara al exmandatario. Para empezar, no hay que olvidar que quien acusa a Uribe fue designado por el mismísimo Barbosa cuando se le cayeron los nombramientos de dos fiscales anteriores (ver). Lo cierto es que Gilberto Villarreal Pava, el funcionario que lidera la Fiscalía 01 Delegada ante la Corte Suprema y firmante del escrito en contra del expresidente, fue ascendido a su posición actual por su coterráneo Gabriel Jaimes, abogado que pasará a la historia turbia de la justicia colombiana por la sumisión política con que manejó sus casos dejando de lado su juramento y deberes de ley. Villarreal llegó al expediente Uribe el 16 de enero de este año (ver), después de que los tramposos Barbosa y Mancera tuvieran que aceptar el impedimento que les presentó el fiscal Víctor Salcedo, designado por ellos unos días antes, cuando el periodista Daniel Coronell descubrió su papel de antiguo defensor mediático de la inocencia del exmandatario ¿“Víctima” Uribe Vélez con uno de sus admiradores nombrado como investigador de su conducta? ¡Lo que hay que oír!

Por norma, Villarreal, así como sus antecesores, contaba con 90 días para decidir si formulaba acusación o pedía el archivo de la acción penal. Del 16 de enero al 16 de abril transcurrieron tres meses: 90 días. Es decir que el fiscal del caso tenía que presentar su decisión ante un juez por vencimiento del plazo. Y eso hizo. La posesión de Luz Adriana Camargo simplemente coincidió con ese término legal. Adicionalmente, se supo que el acusador de Uribe alistó su argumentación para llevar al expresidente a juicio, antes del ingreso formal de Camargo: en el empalme entre los equipos entrante y saliente del ente investigador, el acusador le anunció su decisión al nuevo coordinador de delegados ante la Corte. Significa que Villarreal escribió su texto durante la jefatura de Mancera. La línea temporal del suceso excluye, por tanto, la intervención de Camargo. Pero los propagandistas del exmandatario y este, la “condenan” – a ella sí, sin fórmula de juicio -, mientras gritan que se declare la inocencia de Uribe aunque haya mil testigos en su contra. La ley de embudo, lo estrecho para ti, lo ancho para mí.

Ahora bien, hay quienes piensan que es ingenuo creer en las intenciones del fiscal Villarreal ¿De dónde acá su autonomía judicial frente a quien fue, ha sido y sigue siendo jefe absoluto de la derecha y ultraderecha colombiana y en cuya orilla se ubica Barbosa, su superior jerárquico hasta hace poco? Los observadores lanzan dos hipótesis: una, que el escrito en contra de Uribe es débil dado que el fiscal escogió –a propósito– el camino más difícil: demostrar que el exmandatario fue determinante en la conducta delictiva de Diego Cadena, su abogado-vocero, que fue a las cárceles a hacerles ofertas en dinero o especie a bandidos presos para que declararan a su favor (ver). Al parecer, probar ante juez la influencia que alguien tuvo sobre otro para “determinarlo” a delinquir no es tan sencillo, con lo cual el futuro de Uribe quedaría despejado, por duda. La segunda hipótesis es más clara: el fiscal actual del expresidente se lanzó a acusarlo porque es absolutamente imposible que el proceso, con todo lo que le falta pues apenas se inicia la etapa de juicio a finales de mayo, llegue a fin: la prescripción (extinción de la acción penal por tiempo transcurrido) está a la vuelta de la esquina (octubre del año entrante) por las dilaciones, apelaciones y recursos que se han presentado. Por tanto, la acusación o una nueva solicitud de preclusión llegarían al mismo punto con menor costo político si se tomaba la primera opción. Las dos teorías expuestas son favorables al poderoso señor. La alharaca nacional en su defensa, es puro ruido… y una nube publicitaria que protege su imagen y afianza su poder descomunal. El juicio de Uribe terminará sin pena ni gloria.