El conjuez del caso Cepeda tiene “cola larga”

Solo en los países de opereta, el togado que determina la suerte de un imputado puede tener vínculos estrechos con el enemigo de su procesado, y fallar en contra de este, sin que se declare la nulidad de su decisión. En el caso que nos ocupa, la opereta, nada cómica ni frívola sino triste para la democracia electoral, se presentó en el “teatro” Colombia: Hollman Ibáñez, el conjuez que, con su voto, impidió que Iván Cepeda participara en la consulta Frente por la Vida, fue o es socio, subalterno, o ambas condiciones, de Abelardo de la Espriella, el opositor del candidato de la izquierda en esta campaña presidencial. Sin que les importara la inmoralidad del episodio, todos los poderes públicos (supuestos “pesos y contrapesos” que previenen los actos abusivos) se alzaron de hombros cuando periodistas y medios encontraron que Ibáñez perteneció –o pertenece– al bufete del directo interesado en suprimir de las consultas la presencia política de su rival. “Soy Hollman Ibáñez… y actualmente me desempeño como director de derecho electoral de De la Espriella Lawyers”, decía, orgulloso, ese “conjuez” hace cuatro años (ver). Y aunque la separación profesional entre el ultraderechista e Ibáñez no es clara puesto que una de las oficinas de este tiene la misma dirección del bufete de De la Espriella (ver), el Consejo Nacional Electoral (CNE) no encontró mérito para declarar su impedimento. Por tanto, el “conjuez” votó, obviamente, contra Cepeda (ver). De la Espriella debió aplaudir a su amigo Ibáñez quien, para más veras, también fue defensor electoral del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, jefe “natural” de los enemigos, y enemigo él mismo, de Iván Cepeda, su contraparte política y judicial (ver).

Pero el señor Ibáñez, de prolífica carrera, tiene una cola más larga. La revista digital Raya recordó que ese abogado del voto espurio tuvo que retirarse hace 14 años de la Registraduría en donde ejercía como director de Censo Electoral: en 2011, se desarrollaban las campañas regionales para elegir alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas departamentales. Tal como sucede hoy, aunque sin tanta profusión, varios aspirantes a puestos públicos procuraban reunir firmas de apoyo. En Cali, dos figuras sobresalían: Susana Correa y Rodrigo Guerrero, ambos con recordación popular, en particular, respecto del médico Guerrero que ya había sido alcalde de su ciudad. Sorpresivamente, la oficina de Hollman Ibáñez –a cargo de la revisión nacional de las firmas– declaró la invalidez de las dos candidaturas con el argumento de que los respectivos formularios no cumplían requisitos. Correa y Guerrero no se conformaron: denunciaron que, antes de la exclusión de sus aspiraciones, habían recibido comunicaciones intimidantes. A ella le exigieron entregar un soborno de COP 40 millones con el fin de “cuadrarle el número de cédulas faltantes para que se pudiera inscribir”; y al médico Guerrero, la suma de COP 200 millones, “a cambio de reversar la cancelación de la inscripción de su candidatura y garantizarle la elección como alcalde”.

La gravedad de las acusaciones hizo que el presidente de la época, Juan Manuel Santos, interviniera ante el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. Este removió a Ibáñez a otra dependencia en donde permaneció poco tiempo porque, ante la bochornosa situación, prefirió renunciar (ver). Durante la revisión del caso, ordenada por el registrador nacional Sánchez, se rectificó la exclusión de las candidaturas, especialmente la de Rodrigo Guerrero, quien finalmente ganó la elección y fue alcalde de Cali (2012 y 2015). Pese a semejante revés, las investigaciones judiciales nunca determinaron la responsabilidad penal del director del Censo Electoral o de sus funcionarios. De todas maneras, el escándalo terminó con la carrera de Ibáñez en la entidad rectora de las jornadas electorales. Se sabe que Colombia tiene memoria corta y que, por eso, vivimos condenados a repetir la historia de nuestras desgracias ¡El defenestrado funcionario de la Registraduría hace década y media, hoy es árbitro de última palabra en el Consejo Nacional Electoral! Con independencia de las razones jurídicas que puedan sustentar las determinaciones de ese desprestigiado organismo, lo cierto es que las condiciones particulares del conjuez Ibáñez no resisten un mínimo examen de ética pública en ninguna parte del mundo.

Entre paréntesis.- A pesar de los insultos en mi contra, y del masivo intento publicitario de la campaña de De la Espriella por hacer creer que son falsas mis afirmaciones de la columna pasada que titulé “… 62% de sus cinco millones de firmas no fue avalado” (ver), la Registraduría de Hernán Penagos no ha desmentido las cifras y porcentajes que revelé sobre las rúbricas válidas y no válidas de apoyo a ese candidato. Por el contrario, otras personas y medios han reiterado, en sus sitios digitales y con gráficas de los certificados oficiales, los datos que expuse hace ocho días. El Registrador Nacional se limitó a publicar un comunicado que NO contesta mi petición de información a su ente oficial: todavía espero respuestas y le reitero mis dos preguntas: “1. ¿Por qué (siendo públicos) intenta mantener en reserva los resultados sobre la validez de las firmas de cada uno de los 14 ó 15 candidatos apoyados por esa vía? 2. Doctor Penagos, con su secretismo, ¿pretende favorecer una o varias campañas presidenciales o perjudicar otra u otras?