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Una caricatura ingeniosa de Mheo, en El Espectador del fin de semana pasado, dibuja con precisión la obscenidad de los poderes político y judicial del país en su decisión de postular, primero, y elegir, después, al nuevo integrante de la Corte Constitucional: la figura de Carlos Camargo extiende su mano saludadora mientras lo felicitan, por su triunfo, quienes votaron por él. El texto que acompaña la imagen aumenta la fuerza de la idea: “Dr. Camargo, lo de su elección como magistrado no salió mal”, le dice uno de sus electores; el bendecido responde a unos y a otros: “Por supuesto… por su puesto… por su puesto… por su puesto”, mientras los va señalando con su dedo índice (ver). Mheo alude, por supuesto, a los puestos y contratos que repartió Camargo a tutiplén en sus anteriores cargos, los de su pobre hoja de vida pese a la rimbombancia de los títulos, ninguno de ellos en la rama judicial: secretario general de la Registraduría, miembro del Consejo Electoral en representación del Partido Conservador, director de la Federación de Departamentos con el impulso de los mal reputados Char, y mediocre defensor del Pueblo durante el gobierno Duque. Él es el producto perfecto de las redes corruptas del clientelismo político, si se entiende por tal la captura del Estado y de los multimillonarios dineros de su contratación por parte de los clanes familiares que operan en cada región como lo hace, precisamente, Camargo: control de la cosa pública, a lo largo de los años, mediante cadenas de votantes esclavos (en las elecciones generales) o de favores cruzados (en las elecciones de procurador, contralor, fiscal, registrador, defensor del Pueblo o magistrados de las cortes).
La Corte Suprema dejó al descubierto su conducta obscena cuando abrió una convocatoria de papel para guardar las formas pero sin mucho recato, porque terminó seleccionando una terna con su candidato único, ya cantado: Carlos Camargo. Ningún magistrado puede aducir desconocimiento. Los medios publicaron la estrategia del elegido, de hacerse a una silla en la Constitucional un año antes, junto con su renuncia anticipada a la Defensoría para evitar problemas de inhabilidad. Investigadores periodísticos hallaron los nombramientos y contratos entregados por Camargo a familiares de nueve o diez miembros de la Corte que votaría, meses después, por él, y los analistas advirtieron que su postulación violaría la Carta Política. No obstante –a la usanza del estilo politiquero del Congreso–, los demás togados les negaron a sus colegas los impedimentos que estos manifestaron de dientes para afuera; después, guardaron sus votos para la terna en el cajón de los secretos; les importó poco la moral pública que deberían respetar para que la sociedad los respete… y postularon a Camargo, a costa de su prestigio.
El Senado también fue groseramente obsceno. Aunque los ciudadanos ya estamos acostumbrados a su deshonor, esta vez los congresistas de la oposición (sin excluir a la bancada de Gobierno y al propio presidente que cometieron sus propios pecados) fueron muy lejos. Ni siquiera revisaron el currículo de los otros dos aspirantes: ignoraron a Tobar, vapulearon a Balanta y negaron (de nuevo) los impedimentos de los 10 u 11 senadores cuyos parientes también recibieron favores económicos de Camargo en la Defensoría y en la Federación de Departamentos que se sostiene con el recaudo de impuestos al consumo de cigarrillos, licores y otros productos, es decir, con dineros de los bolsillos ciudadanos; intentaron censurar los votos disidentes de sus copartidarios. Eligieron a su candidato pese a ser conscientes de que su designación será demandada. Cínicos, que prefieren jugar con la Carta Política porque calculan que Camargo les servirá a ellos, los senadores, y a los togados de la Suprema; y, desde luego, a los dos o tres magistrados de la propia Corte Constitucional que “se movieron” para armar un gran combo de poder político-judicial que asegurara el ascenso de su aliado incondicional. En este escandaloso concierto de voluntades amañadas, hay varios interrogantes que merecen una respuesta pública: 1. El interés, casi delirante, de Germán Vargas Lleras en ponerles etiqueta política falsa a unos miembros de la Constitucional con acusaciones carentes de pruebas mientras mantiene contactos con otros magistrados que no menciona, ¿proviene de una venganza personal o de su obsesión por manipular ciertas decisiones? 2. ¿Cuánta injerencia tuvo el saliente exmagistrado José Fernando Reyes en el proceso de elaboración de la terna de la Corte Suprema? 3. ¿Es cierto o no que el propósito de Reyes se facilitó por ser estrecho amigo del magistrado de esa corte Gerson Chaverra y del elegido Camargo? 4. ¿Incidió en el ánimo del exmagistrado Reyes —quien será reemplazado por Camargo, cercano a Duque— el nombramiento de su esposa, Martha Lucía Hincapié López, como procuradora Judicial II, con un salario mensual de $41,6 millones, firmado por Margarita Cabello, entonces procuradora general y aliada de Duque, poco antes de dejar el cargo? Estoy segura de que nadie responderá estas preguntas pese a que lesionan, hondamente, los derechos de los colombianos a contar con elecciones democráticas sean directas o indirectas; con funcionarios probos y doctos en sus materias y con instituciones abiertas al escrutinio social. El círculo de la corrupción se fortalece. Su derrota está muy lejos.
