Un procurador que vigila a otros a pesar de su pasado

“Que el guardián de la moralidad estatal sea el politiquero Samuel Arrieta (procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública) es tan absurdo como darle la dirección del Instituto de Bienestar Familiar a un infanticida”, me dijo, con sarcasmo, una fuente que conoce bien la conducta de quien además de ese alto cargo, fue escogido por el procurador general Gregorio Eljach como su “jefe de gabinete”, título ridículo que, de un tiempo para acá, se emplea para subirle un rango inexistente en la norma, a funcionarios que usualmente no lo merecen (ver). Arrieta, cuya hoja de vida solo registra alianzas con personajes de la peor política tradicional, cuenta con la desmemoria nacional cuando se pronuncia, como si fuera el mejor abogado, sobre la crítica situación que sufre la Universidad Nacional con la elección de su rector. Aunque funge como juez ético de Eljach, lo cual ya es una ecuación disparatada, Arrieta ni siquiera se tomó el trabajo de simular distancia jurídica en sus declaraciones a la prensa: exhibió su preferencia por uno de los dos profesores que se han disputado la dirección del más importante centro de educación superior del país (ver desde el minuto 10). En contraste, y según doctores en derecho, estos sí respetables, el reciente fallo del Consejo de Estado que declaró nula la elección del rector Leopoldo Múnera no implica que el anterior nombramiento de Ismael Peña –que se “posesionó” en una notaría–, deba hacerse efectivo. De acuerdo con las dos sentencias del Consejo, “no [había] lugar a restablecimiento alguno [en ese cargo]”, y el fallo no se refiere a “la situación particular y concreta del señor Peña” (ver). Pero, más allá de las sentencias del alto tribunal, no se puede ignorar que cuando los intérpretes de las leyes dictan sanciones en contravía de la voluntad popular, le abren un boquete a la legitimidad de sus dictámenes como ha ocurrido en este caso. Todo el lío empezó porque se burló el resultado mayoritario de la consulta a la comunidad universitaria, en marzo del año pasado: Múnera obtuvo poco más del 34 % de los votos y Peña solo el 8 % (ver).

Sin embargo, la participación de Samuel Arrieta en el conflicto de la Nacional no es relevante por la posición que asumió, sino por el descaro ofensivo con que salió a dirimir un caso mucho menos grave que los que él mismo ha propiciado en otra universidad pública, la Distrital, desde hace más de 25 años. En efecto, sus empleados, profesores y estudiantes han luchado, infructuosamente, contra su influencia malévola en las elecciones de rectores, nombramiento de directivos y decisiones administrativas de envergadura. En 1999, hace 26 años, el actual “juez” de Eljach tuvo que rendir indagatoria ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de la Fiscalía, para responder por el presunto delito de corrupción electoral desde el campus (ver). Entonces era concejal de Bogotá, pero antes había sido secretario general de la Universidad Distrital con un poder inmenso que lo llevó a dominar ese claustro que siempre ha contado con un presupuesto público enorme. Hoy, por ejemplo, equivale a COP 542 mil millones (ver). El flamante procurador Arrieta que examina, ahora, el buen desempeño de la función pública, nunca fue condenado por esos hechos, pero nunca, tampoco, ha dejado de ser mencionado en los líos legales de la Distrital. Su rastro político –varias veces concejal, senador y contratista de alcaldes de Bogotá– ha ido a la par con las referencias a su nombre en los escándalos que sacuden a ese centro de estudios de tanto en tanto.

En 2014, por ejemplo, la Contraloría abrió investigación por el denominado “carrusel de las pensiones” en esa universidad bogotana, mediante el que exfuncionarios cobraban, ilegalmente, doble pensión a costa de esa institución. Según las noticias de la época, los ladrones del erario se alcanzaron a robar un millón de dólares a partir de 2002, año en que el clientelista Arrieta habría incidido en la elección del representante del presidente Álvaro Uribe y de otro delegado de ese gobierno (ver) en el Consejo Superior Universitario que daba su aprobación a tales movimientos. En 2019, otro escándalo sacudió a la Distrital: un director de Extensión aceptó su autoría en el robo de más de COP 10 mil millones. De nuevo, fue vinculado el nombre de Samuel Arrieta (ver). Para terminar, más por falta de espacio que por carencia de tema, es necesario recordar que este actor político de mala, muy mala imagen, ha pasado por el liberalismo; por los corruptos partidos Convergencia Ciudadana y Partido de Integración Nacional (PIN) ligados a la parapolítica, el fenómeno que llevó a la cárcel a varios de sus dirigentes; que también fue elegido por la Nueva Fuerza Democrática, de Andrés Pastrana, y que reemplazó a una representante de Cambio Radical: todo un “carrusel” partidista. Este mago dominador del Consejo Superior de una universidad pública no puede ser el árbitro impoluto de las decisiones de otra universidad. Evidentemente, el exconcejal, exsenador, excontratista y ex asesor de alcaldes podrá ser experto en artimañas pero no será aceptado, jamás, como personero de la decencia.