El asesinato de un hombre, el domingo pasado, en Pereira —perpetrado por varios sicarios que descendieron de un vehículo con sus armas desenfundadas a plena luz del día para desatar una balacera contra su blanco, pese a estar frente a su esposa, escoltas y decenas de feligreses que salían de misa— parece una escena copiada de El padrino, la película clásica sobre la familia mafiosa de Vito Corleone (ver). Pero la versión colombiana no es ficticia: es dramáticamente real porque la masacre ocurrida en el atrio de la iglesia de Fátima trae al presente la denuncia de hace más de un año sobre un presunto plan para atentar contra la vida del entonces candidato presidencial con mayor favorabilidad para llegar a la Casa de Nariño, Petro; le da grado considerable de credibilidad a la existencia de ese plan criminal y podría probar que hubo ocultamiento —o, por lo menos, nula actividad investigativa de la Fiscalía— del expediente que existe y que da cuenta de que el sujeto denunciado por patrocinar el complot contra el actual mandatario no solo es sospechoso de pertenecer a la banda que cometería el atentado —La Cordillera— sino que también es un reconocido militante del Centro Democrático. Grave ecuación: política de oposición, talante extremista y dictatorial de sus militantes, activistas con dinero y conexiones con el mundo criminal (ver).
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El asesinado de Pereira se llamaba Bernardo Ángel Campo, conocido con el alias de Berny. Estuvo asociado con Macaco, el sanguinario paramilitar y narcotraficante fundador de La Cordillera. Berny gozaba de libertad después de haberse entregado a las autoridades en 2015 y haber confesado parte de sus delitos. Sospechosamente, pagó su pena con muy poco tiempo en prisión. Su homicidio sería uno más de la mafia si no fuera por varios hechos irrefutables: 1) Que hace apenas unos días la revista virtual Raya y la cadena televisiva RTVC publicaron una investigación periodística sobre la vida y obras de un “colega” de Berny que resultó ser el mismo que el candidato Petro había mencionado en su denuncia de mayo del año pasado como promotor del plan para matarlo. En su ciudad, todos lo conocen por el mote de Calzones (César Giraldo) y su foto se encuentra al lado de la de Berny en un organigrama elaborado por investigadores policiales de la Fiscalía, los dos, como miembros de La Cordillera asesina (ver). 2) Que la denuncia de Petro sobre Calzones y el plan criminal no movió a la Fiscalía Barbosa a indagar sobre las actividades de ese sujeto. Dejó quieto —¿oculto?— el expediente.
3) Que Barbosa entró en estado de ira con las revelaciones de Raya y RTVC, y decidió trasladarse a Pereira para dar declaraciones. Retador, dijo: “Ese chistecito de andar sacando informes de bolsillo … y diciendo «con esto sí van a acabar la Fiscalía» no les va a salir bien” (ver). Al parecer, su defensa, también airada, de la libertad de prensa e información solo es válida para sus medios amigos. 4) Que horas después del viaje de Barbosa para tratar de explicar por qué su Fiscalía, mientras ignora la investigación sobre un posible atentado contra el candidato Petro, se sobreactúa cuando esa misma posibilidad lo afecta a él o al candidato Federico Gutiérrez, ocurrió el ataque de los sicarios a alias Berny. 5) Que se puede probar con abundantes evidencias que Calzones, el señalado promotor del plan criminal contra el hoy mandatario, es militante de importancia para el Centro Democrático y sus dirigentes. Empezando por Uribe, con quien se encuentra apenas el expresidente aterriza en la capital de Risaralda. Consta en fotografías, videos y declaraciones del uno y del otro. Calzones es infaltable anfitrión, en su restaurante El Rancherito Antioqueño, de cuanto uribista llega a su tierra: Tomás Uribe, Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto, Carlos Felipe Mejía, Gabriel Vallejo, congresistas y candidatos a lo que sea, siempre que estén del lado de Uribe. Su hijo es activista de las campañas de Federico Gutiérrez. ¿Se necesitan más señas para entender lo que puede significar la articulación entre bandas criminales, intereses políticos, ataques institucionales desde la Fiscalía y el ocultamiento de expedientes? En un aparte de otro de los documentos judiciales revelados por Raya y RTVC se lee la siguiente aterradora conclusión: “Se evidencian vínculos con gente prestante de la región que imposibilitan las investigaciones (sobre la banda La Cordillera)”.
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