La responsabilidad de la política económica frente al desarrollo humano
La economía fundamental se refiere al conjunto de actividades económicas cuyos productos, los fundamentales, deberían ser consumidos por todas las personas independientemente del ingreso que posean pues son la base de su bienestar y garantizan el desarrollo humano. Incluye la producción y distribución de alimentos, de servicios de salud, educación, vivienda y transporte, de energía, agua, gas y telecomunicaciones, así como la recolección y el tratamiento de desechos.
El problema emerge cuando el ingreso es reducido y la desigualdad del mismo es notable, como en Colombia. Así, no todas las personas tienen acceso a los bienes fundamentales de manera equitativa, según sus necesidades y preferencias. Si dichos bienes representan 40 por ciento del PIB y se distribuyen entre la población de manera uniforme, es imposible que el 10 por ciento más pobre de los colombianos, cuya participación en el ingreso en 2012 según el Banco Mundial era de 1,07 por ciento del total, logre adquirir el 4 por ciento que le correspondería.
La política económica debería resolver esos problemas. Es su responsabilidad: en últimas debería diseñarse y ejecutarse para garantizar el bienestar de las personas. Ciertamente no lo hace: alrededor de 10 por ciento de la población colombiana económicamente activa está desempleada y 25-30 por ciento está subempleada. De tal modo, alrededor de 35-40 por ciento de la población no tiene ningún ingreso o tiene uno precario, lo que les imposibilita adquirir los bienes fundamentales en forma suficiente.
Durante muchos años se pensó que la manera de garantizar el acceso a los bienes fundamentales era subsidiar a las personas con ingresos insuficientes. Una de las maneras como se aborda en Colombia es que los estratos altos paguen tarifas más altas por los servicios de electricidad, agua, gas y recolección de basura que compensen las tarifas más bajas que pagan los estratos más bajos. El problema es que no considera los otros bienes fundamentales y deja por fuera a la población sin acceso a dichos servicios, particularmente en las áreas rurales en donde se ubica alrededor del 30 por ciento de la población.
Acudir a los impuestos generales es otra manera. Pero la recaudación actual (20 por ciento del PIB) es insuficiente y no la pagan las personas más adineradas sino sus empresas, y ricos y pobres por igual pues descansa fundamentalmente en impuestos indirectos.
La cuestión de fondo es que subsidiar no es solución y debería darse solo en situaciones muy especiales. Tarde o temprano genera comportamientos sociales indeseables pues promueve el parasitismo y reduce la autoestima. La caridad es una virtud personal, no en el Estado: mejor enseñar y generar oportunidades para pescar que regalar el pescado.
Lo que la población requiere es ocupación directa o indirecta abundante, de productividad elevada, sostenida y no eventual como la de la construcción. Para ello se necesita una política económica diferente que permita a las empresas, en particular en los sectores agropecuario, manufacturero y turístico que son los que demandan mano de obra abundante y en forma sostenida, ser competitivas nacional e internacionalmente para vender en forma creciente y, así, producir cada vez más y contratar cada vez más gente, directa e indirectamente.
Para ello, a la política monetaria se le debería exigir que la tasa de cambio sea elevada, como es actualmente, pero estable, sin perspectivas a la baja, como no lo es. Debería exigírsele igualmente que la tasa de interés de referencia y las tasas comerciales sean reducidas. Tasas elevadas generan costos financieros elevados a las empresas que reducen su competitividad, reducen igualmente las oportunidades de inversión al exigir rentabilidades mucho más elevadas a los proyectos. Ello exige una mayor expansión monetaria que sustente la expansión de las transacciones y de la producción.
A ese propósito debería concurrir la política regulatoria propiciando una mayor competencia en los mercados, en particular en los de crédito, comunicaciones, transporte y comercialización de bienes intermedios. Por ejemplo, los mercados de crédito no deben continuar funcionando en competencia monopolística y los de crédito de consumo casi como un cartel, como los estudios del Banco de la República demuestran.
La política tributaria debe aumentar el recaudo y descansar sobre los ingresos de las personas naturales y no sobre los de las empresas, o sobre los impuestos indirectos; mientras que “en los países de la OCDE por cada dólar recaudado a personas jurídicas se recaudan 2,3 dólares a personas naturales, en Colombia se recaudan apenas 0,22” (http://www.elespectador.com/opinion/opinion/los-ciegos-el-elefante-y-una-reforma-tributaria-columna-662076). Si la recaudación es suficiente el Estado podrá garantizar educación y salud suficientes y de calidad a toda la población como en los países europeos, y desarrollar la infraestructura requerida para conectar los territorios del país, desarrollar sus mercados y aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. La política fiscal debe así mismo promover e inducir a las empresas a compartir utilidades en efectivo, acciones o bonos por ganancias de productividad como en Europa y Estados Unidos.
* Ph.D. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.
La economía fundamental se refiere al conjunto de actividades económicas cuyos productos, los fundamentales, deberían ser consumidos por todas las personas independientemente del ingreso que posean pues son la base de su bienestar y garantizan el desarrollo humano. Incluye la producción y distribución de alimentos, de servicios de salud, educación, vivienda y transporte, de energía, agua, gas y telecomunicaciones, así como la recolección y el tratamiento de desechos.
El problema emerge cuando el ingreso es reducido y la desigualdad del mismo es notable, como en Colombia. Así, no todas las personas tienen acceso a los bienes fundamentales de manera equitativa, según sus necesidades y preferencias. Si dichos bienes representan 40 por ciento del PIB y se distribuyen entre la población de manera uniforme, es imposible que el 10 por ciento más pobre de los colombianos, cuya participación en el ingreso en 2012 según el Banco Mundial era de 1,07 por ciento del total, logre adquirir el 4 por ciento que le correspondería.
La política económica debería resolver esos problemas. Es su responsabilidad: en últimas debería diseñarse y ejecutarse para garantizar el bienestar de las personas. Ciertamente no lo hace: alrededor de 10 por ciento de la población colombiana económicamente activa está desempleada y 25-30 por ciento está subempleada. De tal modo, alrededor de 35-40 por ciento de la población no tiene ningún ingreso o tiene uno precario, lo que les imposibilita adquirir los bienes fundamentales en forma suficiente.
Durante muchos años se pensó que la manera de garantizar el acceso a los bienes fundamentales era subsidiar a las personas con ingresos insuficientes. Una de las maneras como se aborda en Colombia es que los estratos altos paguen tarifas más altas por los servicios de electricidad, agua, gas y recolección de basura que compensen las tarifas más bajas que pagan los estratos más bajos. El problema es que no considera los otros bienes fundamentales y deja por fuera a la población sin acceso a dichos servicios, particularmente en las áreas rurales en donde se ubica alrededor del 30 por ciento de la población.
Acudir a los impuestos generales es otra manera. Pero la recaudación actual (20 por ciento del PIB) es insuficiente y no la pagan las personas más adineradas sino sus empresas, y ricos y pobres por igual pues descansa fundamentalmente en impuestos indirectos.
La cuestión de fondo es que subsidiar no es solución y debería darse solo en situaciones muy especiales. Tarde o temprano genera comportamientos sociales indeseables pues promueve el parasitismo y reduce la autoestima. La caridad es una virtud personal, no en el Estado: mejor enseñar y generar oportunidades para pescar que regalar el pescado.
Lo que la población requiere es ocupación directa o indirecta abundante, de productividad elevada, sostenida y no eventual como la de la construcción. Para ello se necesita una política económica diferente que permita a las empresas, en particular en los sectores agropecuario, manufacturero y turístico que son los que demandan mano de obra abundante y en forma sostenida, ser competitivas nacional e internacionalmente para vender en forma creciente y, así, producir cada vez más y contratar cada vez más gente, directa e indirectamente.
Para ello, a la política monetaria se le debería exigir que la tasa de cambio sea elevada, como es actualmente, pero estable, sin perspectivas a la baja, como no lo es. Debería exigírsele igualmente que la tasa de interés de referencia y las tasas comerciales sean reducidas. Tasas elevadas generan costos financieros elevados a las empresas que reducen su competitividad, reducen igualmente las oportunidades de inversión al exigir rentabilidades mucho más elevadas a los proyectos. Ello exige una mayor expansión monetaria que sustente la expansión de las transacciones y de la producción.
A ese propósito debería concurrir la política regulatoria propiciando una mayor competencia en los mercados, en particular en los de crédito, comunicaciones, transporte y comercialización de bienes intermedios. Por ejemplo, los mercados de crédito no deben continuar funcionando en competencia monopolística y los de crédito de consumo casi como un cartel, como los estudios del Banco de la República demuestran.
La política tributaria debe aumentar el recaudo y descansar sobre los ingresos de las personas naturales y no sobre los de las empresas, o sobre los impuestos indirectos; mientras que “en los países de la OCDE por cada dólar recaudado a personas jurídicas se recaudan 2,3 dólares a personas naturales, en Colombia se recaudan apenas 0,22” (http://www.elespectador.com/opinion/opinion/los-ciegos-el-elefante-y-una-reforma-tributaria-columna-662076). Si la recaudación es suficiente el Estado podrá garantizar educación y salud suficientes y de calidad a toda la población como en los países europeos, y desarrollar la infraestructura requerida para conectar los territorios del país, desarrollar sus mercados y aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. La política fiscal debe así mismo promover e inducir a las empresas a compartir utilidades en efectivo, acciones o bonos por ganancias de productividad como en Europa y Estados Unidos.
* Ph.D. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.